Para el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, los magistrados deben tener consenso social para continuar en sus cargos. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Lo grave es que "no hay afianzamiento de las justicia, como dice el preámbulo de la Constitución, con jueces desacreditados". [/su_note]En Misiones la mayoría de los magistrados denunciados por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento, tienen la suerte de continuar en sus cargos. El mal desempeño es algo que también les puede caber a los vitalicios ministros del Superior Tribunal de Justicia.
¿Hay mal desempeño de los ministros de la máxima instancia judicial cuando no garantizan un eficaz servicio de justicia? Para el constitucionalista y actual miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, Humberto Quiroga Lavié, la respuesta es «sí».
Y no solamente un ministro de la Corte puede ser sometido a juicio político por mal desempeño, sino que también pede ser destituido por «descrédito social».
Según el constitucionalista no es difícil medir si un ministro cumple o no con las funciones para las que fue asignado. «Una gestión insuficiente, morosa, irregular, antitética, eso es mal desempeño. Nosotros tenemos una doctrina del mal desempeño para el juicio político muy arraigada en costumbres penales que tenemos que ir cambiando de a poco», remarcó.
Ministros sin consenso social
Cuando un político pierde credibilidad y consenso social, seguramente pierde votos y subsistirá en su cargo no más tiempo de lo que dure su gestión. Si es que no se va antes en helicóptero como lo tuvo que hacer el ex presidente Fernando De la Rúa.
Algo similar tendría que ocurrir con aquellos magistrados que acarreen sobre sus espaldas un fundado descrédito social. «También hay que ver el consenso que tenga un juez o un ministro en la sociedad. Yo he tratado de instalar como causal de mal desempeño: el descrédito social», destacó con tono académico Quiroga Lavié.
Claro está que «un juez desacreditado no puede continuar en la justicia, primero porque no es dueño del cargo y porque está obligado a generar consenso en sus decisiones».
La mora que existe en la Justicia no es pura responsabilidad de los jueces de primera instancia. «No están llegando auditorías permanentemente para saber cuál es el retardo y cómo hay cajoneados expedientes en los distintos tribunales», y son los camaristas y ministros quienes tienen que cuidar esa cuestión. El sistema de seguimiento y control ha hecho agua en el país.
«No podemos tener juicios de alimentos que duren 12 años, juicios de escrituración que duren diez años, no podemos tener juicios de disoluciones de sociedades civiles o comerciales de hasta 20 años de duración», disparó el letrado.
Y lo grave es que «no hay afianzamiento de las justicia, como dice el preámbulo de la Constitución, con jueces desacreditados».
Quiroga Lavié lleva la Justicia hasta en la corbata. «Me la regaló un juez que estuvo por Whashinton donde se encuentra la Corte Federal de los Estados Unidos, y parece que la Corte tiene un shopping donde venden productos con la imagen de la Justicia».
La dependencia económica coarta la independencia de la Justicia
«El Poder Judicial no puede tener dependencia económica». Eso fue lo primero que respondió el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, tras preguntársele su opinión sobre la crisis que vive el sistema judicial misionero, como consecuencia de los reiterados paros que vienen realizando los trabajadores judiciales.
El letrado recalcó, cuantas veces pudo, que «el Poder Judicial es un Poder independiente, y es un Poder de control de los Poderes políticos».
El punto quinto del artículo 146 de la Constitución provincial parece ser claro cuando dice que el Poder Judicial «dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por la ley». Hoy la Unión Judicial volverá a reunirse para decidir si mañana van al paro.
