Un nuevo recurso ante el STJ frena el juicio por la Megaestafa, que recién prescribe en 2025

Un nuevo recurso ante el STJ frena el juicio por la Megaestafa, que recién prescribe en 2025

El Tribunal Penal Dos de Posadas estableció que la fecha de prescripción de la causa conocida como la Megaestafa es septiembre de 2025. Pese a esto, parte de los imputados que tiene el expediente trabó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que se expida al respecto.
El planteo frena, por el momento, la realización del juicio oral a los seis acusados que tiene el caso: la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex secretaria de ese juzgado Miriam Saidman, la ex jefa de despacho, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández.
La causa empezó en 2003, cuando se detectó que una red extraía dinero de los fondos judiciales con documentos oficiales. En ese momento, la banda llevaba alrededor de 21 meses operando. Se estima que en total, fueron extraídos seis millones de dólares con la maniobra. Esa plata nunca se recuperó.
La intención del Tribunal, conformado por los camaristas subrogantes Marcelo Cardozo (juez de Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6), es fijar fecha este año y llevar adelante el proceso a fines de 2017 o cuando termine la feria judicial de verano de 2018.
Todos los acusados esperan la realización del juicio en libertad.
El expediente, que lleva 14 años de trámite, cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.
Los imputados estaban acusados de dos delitos: estafas y asociación ilícita. La primera de las figuras sí prescribió. La restante, que es más grave, no.



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