Se habrían perdido cerca de 100 mil puestos de trabajo privado formal desde fin de 2015

A los problemas de empleo observados en los últimos años, en que el sector privado no mostró mejorías en sus indicadores, se agregó el efecto de la caída de la actividad económica, consecuencia de la recesión que se inició a mediados de 2015 y de las medidas macroeconómicas iniciales de la nueva administración, que apuntan a corregir los principales desequilibrios generados en los últimos años. La situación se acentuó fundamentalmente en sectores claves como la construcción y la producción industrial.

 

El empleo privado en entornos formales se encuentra estancado desde hace cuatro años, más allá de la recuperación que mostró el año pasado con relación al magro desempeño económico observado durante 2014. Pese a este impulso, ya iniciado el último trimestre de 2015, el empleo formal (en su serie desestacionalizada) volvió a contraerse y esta tendencia persistió durante la primera mitad de 2016. Desde entonces y hasta mayo del corriente año (última referencia disponible), se perdieron cerca de 100 mil empleos formales.

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La actual dinámica deviene, además de los aspectos coyunturales, de problemáticas estructurales irresueltas en el mercado laboral; habiendo desaprovechado años de expansión económica en los que el empleo formal crecía interanualmente a un ritmo promedio del 8% (entre 2004 y 2008) para aplicar reformas laborales de fondo que
hubieran revitalizado la creación de empleo formal y la productividad en torno a los mismos.
La inacción en este sentido, pese a la persistencia desde 2007 hasta la actualidad de al menos uno de cada tres trabajadores en la informalidad, acabó amesetando el ritmo de crecimiento y volviendo al mercado de trabajo más vulnerable ante contextos adversos como el que atraviesa la economía actual. En efecto, los sectores de mayor volatilidad ante la macroeconomía (como la construcción y la actividad industrial) encuentran en los primeros meses del año importantes caídas interanuales, a la espera de una reactivación económica.
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La situación se encuentra muy alejada de la expectativa de formalización que requiere la economía para aliviar la insuficiencia de ingresos en los hogares, y consecuentemente, la pobreza. Un desafío que consiste en elevar la productividad y la capacidad de creación de puestos formales, en línea con la potencialidad propia de cada región del país. En la informalidad esperan casi 7 millones de trabajadores que se desempeñan en empleos precarizados, y también, al menos 1,4 millones de desocupados.
La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) relevada por el Ministerio de Trabajo de la Nación permite observar algunos parámetros de mediano y largo plazo referidos a la dinámica y las oportunidades de incorporación que ofrece el mercado laboral formal
del país.
En base a este relevamiento pueden observarse las tasas de entrada (proporción de incorporaciones de personal respecto al total de dotación de cada empresa), las tasas de salida (proporción de desvinculaciones de personal respecto al total de dotación de
cada empresa), y en función de las anteriores, la variación porcentual (neta) del empleo formal privado.
A lo largo de los últimos 12 años, tanto las tasas de entrada como de salida tuvieron una tendencia decreciente, lo que refleja un menor dinamismo en el mercado laboral, pero además la proporción de desvinculaciones tuvo mayor persistencia que las incorporaciones, lo que incidió negativamente en la evolución del empleo registrado.

 

Esta tendencia marca la urgente agenda por promover mercados laborales más inclusivos y promisorios, que brinden mayores oportunidades de acceso y sostenimiento de empleos formales.

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En igual sentido, la cuestión salarial acabará siendo en los próximos meses el aliciente de una mayor conflictividad. A la posibilidad que disponen diversos sectores (del ámbito público y privado) de reabrir sus paritarias por cláusulas relacionadas al fenómeno inflacionario ó por haber firmado acuerdos vigentes por seis meses que conllevan una nueva discusión durante septiembre, podría incorporarse el reclamo de
aquellos sectores sociales más desprotegidos y quienes perdieron su empleo en el marco del contexto adverso que atraviesa la economía.
En lo que respecta al salario real observado entre trabajadores formales (de los que se dispone de información estadística), éste ha observado una fuerte y creciente retracción, que interanualmente en promedio cayó en un 3,1% respecto al antecedente de Enero a Mayo de 2015.

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Este resultado se observó en función de que los acuerdos por paritarias definidos en los primeros meses del año resultaron, en todos los casos, inferiores a una inflación que se proyecta cerrará en torno al 40% anual.

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Por su parte, entre los sectores que acordaron una negociación en dos partes en 2016, el arreglo que equipararía la evolución en el nivel general de precios a lo largo del año debiera encontrarse, dependiendo el caso, entre un 13% y 20% de incremento efectivo en su haber.

La disyuntiva radica en analizar si las empresas (y en algunos casos, el Estado) tiene la posibilidad de otorgar este incremento y si la contraparte gremial lo considerará suficiente en el marco de la discusión.

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En suma, el actual contexto del mercado de trabajo requiere tanto de una mejora en la macroeconomía como de una agenda activa de reformas institucionales, de política laboral e impositiva que mejoren la competitividad de la economía. Así, podrían comenzar a revertirse tendencias estructurales que obstruyen la productividad, la inclusión laboral en entornos formales y un desarrollo territorial equilibrado y adecuado a las potencialidades productivas de cada región del país.

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