La diputada Claudia Gauto, una de las autoras del proyecto, aseguró que la ley es “jurídicamente viable”. De este modo salió al cruce de declaraciones de dirigentes del sector tabacalero, que afirmaron que la flamante norma se opone a una ley nacional, al pretender usar dinero del FET. La legisladora atribuyó las críticas a sectores que buscan defender al capital concentrado.
La Ley de Agricultura Familiar, sancionada la semana pasada por la Legislatura provincial, generó una intensa polémica en torno al uso de dineros del Fondo Especial del Tabaco (FET). La mencionada norma establece que parte del financiamiento requerido para cumplir con sus objetivos, provendrá del FET, lo que generó el inmediato rechazo de entidades del sector tabacalero que entienden que se están avasallando sus atribuciones.
Desde el sector argumentan que la ley no se ajusta a derecho, porque contradice a una norma nacional, la ley 19.800, lo que resultaría ilegal porque violaría el orden jerárquico de las leyes.
Para la diputada Claudia Gauto, una de las autores del proyecto de Agricultura Familiar, se trata de un debate abstracto, ya que el dinero del FET que la lay pretende utilizar, pasan de la Nación a Rentas Generales de la Provincia y son distribuidos por el ministerio del Agro en forma de planes para la reconversión productiva. Aclaro que se trata de la parte del FET que no va directamente a los productores, ni como retorno, ni como Caja Verde u otro concepto.
Consideró además que no se trata de un traspaso de dinero de un sector a otro, ya que más de 60 por ciento de los pequeños productores que van a ser beneficiados con la Ley de Agricultura Familiar, son tabacaleros. “tenemos que entender que del tabaco hay que salir algún día y solo se sale con decisiones políticas y con una activa participación del Estado”, remarcó Gauto en declaraciones a Radio República.
En cuanto a la viabilidad legal de la norma, Gauto recordó que ya hay mecanismos de funcionamiento idéntico al que proponen en la flamante ley, como el Fondo de Contingencia Climática, que funcionan sin problemas.
Destacó que el Fondo de la Agricultura Familiar, que está contemplado en la ley, no va a estar en la “lapicera de un ministro”, ya que su uso va a ser definido periódicamente y con carácter vinculante, por el Consejo de la Agricultura Familiar en el que van a estar representados todos los sectores. “No es un consejo asesor o consultivo, las decisiones de este consejo serán vinculantes”, indicó.
Atribuyó las críticas a la ley a “representantes de sectores de capital concentrado que se disfrazan de representantes de pequeños productores” y opinó que “si esta gente se nos opone, quiere decir que vamos por el buen camino”.
Así la diputada Gauto salió al cruce de Ricardo Saraceni, Asesor de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), gremio que nuclea al mayor número de tabacaleros misioneros, quien consideró que la mencionada ley provincial “no tiene asidero” porque pretende ir en contra de lo que establece una ley nacional (la 19.800).
Explicó que según lo indica la ley 19.800 y convenios sellados entre la Nación y la Provincia, la parte del FET que no se entrega en forma directa a los productores como complemento de precio (retorno) se distribuye en planes con fines específicos que deben ser aprobados primero por una Unidad Coordinadora Provincial, integrada por representantes del gobierno de Misiones, de los gremios de productores tabacaleros y de las cooperativas acopiadoras y luego deben pasar por el filtro de Nación.
JRC EP
