Lesa Humanidad: Carlos Carvallo lleva cuatro meses prófugo

El sábado 15 de noviembre estuvo viendo a Crucero del Norte. Casi nunca faltaba y ese día el Colectivero podía dar un paso importante hacia el histórico ascenso a Primera División. Pero Huracán le ganó por 1 a 0 y postergó su sueño. El lunes, dos días después, hizo su programa matutino en FM Show, radio de Alfredo Abrazián. De algún modo debe haberse enterado de que la justicia lo buscaba porque el martes no se presentó en la radio y desapareció de los lugares que solía frecuentar.
Sin embargo, la noticia estalló públicamente recién el viernes: un juez había ordenado su captura por crímenes de la dictadura. Nadie lo ha visto desde entonces. Se evaporó, dicen. Ni siquiera el ascenso de Crucero del Norte lo hizo volver a la superficie.
Carlos Luis Carvallo integra desde entonces la nómina de casi 50 represores prófugos de la justicia. También identificado como Carlos Luis Gómez Carvallo o Carlos Luis Carvallo Lombardi, nació en Oberá el 15 de octubre de 1954 en Oberá, se desempeñó en la Policía de Entre Ríos hasta 1979, cuando volvió a Misiones y comenzó a trabajar como periodista. Por esos años también operó como personal civil de inteligencia del Batallón 601, con funciones en el Destacamento 122, con sede en Santa Fe pero que extendía su jurisdicción a la ciudad de Paraná.
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ordenó su detención en el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977. En ese entonces Carvallo era un oficial de la Dirección de Investigaciones y fue señalado por un ex detenido político como integrante de la patota policial.

Sobre Carvallo pesa un pedido captura vigente, se ha irradiado la orden de detención a todas las fuerzas nacionales y hay contactos permanentes entre las autoridades judiciales y el escuadrón de Gendarmería en Posadas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para tratar de desmantelar el esquema de financiamiento del que se vale Carvallo para mantenerse prófugo. “Se sabe que mantener una vida de prófugo es costoso y, hasta donde se ha podido investigar, Carvallo no es un hombre de fortuna”, admitió una fuente judicial.

La ley antiterrorista habilita a congelar los bienes de aquellas personas que se encuentren prófugas y también permite bloquear los bienes, tarjetas de crédito y jubilaciones de los represores en cuestión mientras permanezcan fuera de la ley.

Sin embargo, la situación de Carvallo tiene sus particularidades: está separado de su esposa; su actual pareja administra una librería en Garupá, la localidad cercana a Posadas donde residía; y el ex policía, a su vez, no tiene un trabajo en relación de dependencia sino que figura inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista en la Categoría E, es decir, admite ingresos mensuales de $12.000, en el rubro “actividades de informática”.

La camioneta de Carvallo sigue guardada en la casa en Garupá.

Carvallo huyo tan rápido que sus vecinos se sorprendieron en Garupá.

 

Además, figura como socio de FM Sur Paranaense SRL, la empresa que administra la Radio Sur, de Garupá. Su nombre no aparece en la grilla de programación, aunque la emisora retransmite El Show de los Impactos, el programa que Carvallo co-conducía con el cuñado de Domingo Cavallo en FM Show.

De todas maneras, no se advierte que haya una estructura económica importante que lo sostenga y, por eso, los investigadores confían en que más temprano que tarde se presentará ante el juez federal Leandro Ríos.

De hecho, hace algunas semanas, llegó hasta la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Paraná una persona que dijo venir en nombre de Carvallo y pidió ver el expediente, algo que le fue negado por la situación de prófugo del ex policía, según indicaron fuentes judiciales a El Diario.
Un dato llamativo, en tanto, es que Carvallo no haya sido incluido aún en el Programa Buscar, a través del cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispone de recompensas (de entre 200.000 y 500.000 pesos) para quienes brinden información que permita la detención de personas buscadas en el marco de investigaciones por delitos de lesa humanidad.

Mientras tanto, Manuel Ramat, el ex detenido político que lo mencionó en su declaración en el juicio escrito por la causa Área Paraná como una de las personas que participó del secuestro y torturas que padeció en la Comisaría de El Brete, cuenta con custodia policial.

“Es para tranquilidad de mi familia”, apuntó el secretario Adjunto de ATE. Ramat asegura que no ha recibido amenazas y que rechazó la posibilidad de ingresar en un programa nacional de protección de testigos. Tampoco cree que Carvallo vaya a tomar represalias en su contra. Pero espera su detención.

Secuestrador y torturador
Manuel Ramat contó que en junio de 1976, unos días después del crimen de su hermano en la localidad bonaerense de Campana, personas vestidas de civil, pero pertenecientes a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, realizaron un operativo en la casa de sus padres. Uno de ellos se presentó como Carvallo y junto con otro de apellido Ojeda, que era quien dirigía el procedimiento, se lo llevaron detenido. A las pocas horas fue liberado pero volvieron a buscarlo tres meses después.
Hacia fines de septiembre, Carvallo se presentó otra vez en la casa de Ramat, aunque esta vez dijo que lo buscaba para que le hiciera un trabajo de electricidad. Cuando le contestaron que no estaba, el policía pateó la puerta, ingresó violentamente, amenazó a los familiares de Ramat y se sentó a esperarlo en el living. Al cabo de unas horas, se fue.
Ramat, que por esos días efectivamente estaba haciendo changas de electricidad, se presentó el 30 de septiembre con su abogado en la Jefatura de Policía. Allí estuvo unas horas hasta que Carvallo fue a buscarlo, junto con un chofer. El Ford Falcon al que lo subieron marchó hacia Santa Fe. Ramat iba en el asiento trasero, sin esposas y sin capucha. Hasta que a la altura de Colastiné Sur el automóvil dio la vuelta en una arboleda, entonces lo hicieron bajar, lo esposaron, le pusieron una capucha y lo metieron bajo amenazas en el baúl. El periplo terminó en un lugar que presume sería la Comisaría de El Brete. Allí estuvo 45 días.

 

Según dijo, “el trato era violento e inhumano”, pero aclaró que no le aplicaron picana eléctrica. Fue interrogado en el sótano de la sede policial, mediante amenazas, golpes y puntapiés, y fue obligado a escuchar cómo torturaban a Luis Sotera, que también estaba secuestrado allí. “Las condiciones eran inhumanas, había que comer con las manos y a ciegas; y las torturas eran a cualquier hora”, señaló Ramat. “Ahí todos eran torturadores, por el trato que daban a los detenidos; y algunos eran interrogadores”, graficó. En el último grupo, el de los “interrogadores”, volvió a señalar a “un oficial de apellido Carvallo” e inclusive recordó que en una sesión de tormentos le dijo “que desde 1975 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre cómo torturar”. Esos son los hechos por los que deberá responder.



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