Momentos oportunos

“Desde 1994 hasta hoy no se avanzó nada en la causa. Lo único que pasó es que fue operada, que fue manipulada, que sufrió intervenciones de todo tipo a nivel internacional, que sufrió presión de Estados Unidos, presión de Israel”. La frase pertenece a Jorge Lanata y fue pronunciada en 2010, cuando el periodista todavía no era la estrella del grupo Clarín. Y agregaba: “El juez original, (Juan José) Galeano, está en camino de ir preso por un proceso increíblemente irregular. El año pasado (el fiscal Alberto) Nisman tuvo el mismo modus operandi: anunció como nuevo algo que existe hace años. La historieta del conductor suicida. Nisman dijo que encontraron al conductor suicida, que se llamaba Ibrahim Berro. Según estas 800 páginas, Nicolasa Romero es la única persona que vio la Traffic. Pero nunca hubo una Traffic. Nicolasa Romero dice que vio el identikit y que era más o menos parecido pero que no lo podría asegurar. Esa era la única prueba que Nisman tuvo para hablar del caso Berro, que fue un invento del FBI”. Las dos frases fueron dichas durante un informe sobre la causa AMIA después de que el fiscal Nisman pidiera la captura de ocho iraníes como sospechosos de cometer el atentado en 1994. El periodista resumía en una frase la investigación del fiscal: Son 801 páginas de nada y detallaba que “todos los testimonios que cita son de iraníes disidentes, que son ex miembros, o de inteligencia o del gabinete, de lo que era el gobierno del Sha, que fue tirado por la Revolución Islámica”.
Desde ese entonces, cambió la política oficial del Gobierno nacional con respecto a Irán y, de repente, el fallecido Nisman tiene el margen de credibilidad “altísimo”, al punto que solo el oficialismo cuestiona la veracidad de la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y un reducido grupo de funcionarios o militantes cercanos al kirchnerismo.
Nadie se pregunta por qué no hubo avances concretos en diez años de investigación sobre el atentado ocurrido hace más de dos décadas y por qué de pronto el fiscal aseguraba que la Presidenta y su Gobierno son culpables de proteger a terroristas a cambio de petróleo que nunca se compró.
Probablemente la causa nunca avanzó porque en todo este tiempo, como bien sugiere Lanata, lo único que hubo fueron operaciones y presiones de los servicios de inteligencia de Argentina, Estados Unidos o Israel. La denuncia de Nisman tiene el mismo vicio. Las acusaciones son verosímiles para una novela de espías, pero no hay un jurista de renombre que se anime a decir que se pueda sostener en un tribunal.
Su muerte, todavía no esclarecida, también tiene ribetes de una novela negra. Diego Lagomarsino, presuntamente la última persona que lo vio con vida y quien le entregó el arma fatal, fue mencionado como un efectivo de la ex Side que fue puesto en la fiscalía de la causa AMIA por Jaime Stiusso, el enigmático espía que le pasaba la información a Nisman y quien lo habría alertado para que “se cuide”, días antes de su muerte. El dato apareció en el diario Clarín, de la mano de una de sus plumas más preciadas, Julio Blanck, quien relató que “habría sido Stiuso en persona quien lo llevó a la SIDE”. De allí habría pasado a cumplir funciones en la fiscalía, muy cerca de Nisman. No fue el único con esa línea. Durante las primeras horas después de confirmarse la muerte de Nisman, Lagomarsino fue considerado por todo el grupo Clarín como un hombre de la Side.
Lagomarsino en cambio se muestra como un simple técnico en informática. Pero llama la atención que cobraba 40 mil pesos por mes por un trabajo no muy bien definido y que tenga un nivel de gastos muy superior a sus ingresos declarados: casi 70 mil pesos en diciembre pasado. El dato surge de sus consumos con tarjetas American Express y de Banco Galicia, que en enero de 2013 registraban consumos por más de 22 mil pesos. El nivel de gastos fue en aumento durante todo 2014 oscilando entre 45 mil y los 71 mil pesos por mes. Con un promedio anual de 428 mil pesos utilizados en 2013, esa suma se incrementó el año pasado hasta más de medio millón de pesos, sólo en tarjetas de crédito, con un promedio de 44 mil pesos mensuales.
El último mes del año, los gastos de Lagomarsino, según los registros, excedieron su sueldo declarado: con sólo dos tarjetas consumió 63 mil pesos.
El “simple” informático contrató a Maximiliano Rusconi, uno de los abogados más caros del país, que tiene entre sus defendidos al ex presidente Carlos Menem y a la familia Ciccone, en la causa por la quiebra de la imprenta.
Hasta ahora no se sabe qué llevó a Nisman a descerrajarse un disparo -nada indica que haya sido un homicidio- pero sí queda claro que detrás de sus últimos movimientos hay enormes movimientos de los hombres de “Inteligencia”, se llamen Stiusso, Lagomarsino u otros desconocidos.
Los mismos que durante años hicieron mucho para que no se sepa la verdad del atentado a la AMIA, la Embajada y varios ataques que hicieron tambalear a la joven democracia argentina. Los oscuros agentes nunca perdieron los vicios adquiridos durante la Dictadura, cuando eran amos y señores y decidían sobre la vida y la muerte.
No sirvieron para prevenir atentados, levantamientos carapintadas o golpes como el de La Tablada, no previeron corridas bancarias y hasta se vieron envueltos en escándalos como el de las coimas en el Senado durante el fugaz gobierno del radical Fernándo De la Rúa.
Pero sirven para espiar a políticos, opositores, jueces o militantes sociales. Trafican con la información recolectada, la venden, la comparten con periodistas ávidos de “información clasificada” o directamente, extorsionan. Flaco favor le hicieron al país en estas tres décadas. Y son una deuda pendiente de todos los gobiernos democráticos, incluso éste que está andando sus últimos pasos.
Pero nadie se animó antes a cambiar. Hasta que la presidenta Cristina Fernández, tardíamente, sin dudas, se animó a decir basta. Por eso propuso disolver la ex Side y crear un órgano federal, con un control más estricto y transparente.
La oposición, que sólo sabe actuarese papel en la película, ya anticipó que votará en contra de la disolución de la ex Side, a la que hasta hace menos de una semana denostaban. Son tan opositores que olvidan que fueron ellos mismos los que reclamaban un cambio en la Side y que, en 2010, habían pedido que las escuchas telefónicas dejen de depender del humor de los espías para pasar a la órbita de la Corte Suprema. Más allá de que sea inviable que la Corte controle las escuchas -básicamente porque la Corte no investiga y porque ya hay jurisprudencia que rechaza competencias administrativas-, hay un consenso generalizado en que así como están, los espías no sirven ni para espiar.
Sin embargo, es poco probable que la oposición acompañe el proyecto de reforma de la Side que fue enemiga del radicalismo, funcional en los 90 y poco útil en el efímero paso de la Alianza, con la mancha de la acusación de financiar las coimas para aprobar la reforma laboral.
Es decir, no sirvió nunca en democracia y, pese a ello, ningún presidente se había animado a ir a fondo. Incluso Cristina Fernández, recién en diciembre del año pasado se atrevió a desplazar a Stiusso y su cuerpo de elite. Antes tampoco había cuestionado demasiado el poderío de los servicios. Pero la muerte de Nisman abrió una oportunidad. Y el kirchnerismo no las desaprovecha.
Que sea tarde no invalida la propuesta, porque, salvo uno o dos partidos de la oposición -por inexistencia-, nadie hizo nada cuando pasó por el Gobierno ni impulsó desde sus bancas una iniciativa en ese sentido.
Mauricio Macri critica el proyecto oficial de disolver la ex Side y que las escuchas telefónicas sean ordenadas por el Ministerio Público Fiscal, cuando él mismo está procesado por escuchas ilegales realizadas por el espía Ciro James bajo las órdenes del comisario “Fino” Palacios, quien también está procesado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Entre los espiados por Ciro y el Fino, está el dirigente de la AMIA, Sergio Burstein.
El intendente porteño fue procesado por el fiscal Alberto Nisman, a quien cuestionaba en vida por haber “armado” la causa que tenía como punta del ovillo a policías y jueces misioneros.
La trama de espionaje tiene ramificaciones en distintos ámbitos y espectros políticos. La viuda de Nisman -la jueza federal Sandra Arro yo Salgado- procesó a Juan Bautista “Tata” Yofre, ex Secretario de Inteligencia durante los primeros años de la década menemista en una causa por espionaje a políticos, jueces y periodistas. Entre los acusados está el principal columnista de La Nación, Carlos Pagni. Yofre interceptaba de correos electrónicos de la Presidenta, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Jorge Taiana, Héctor Timerman, Jorge Arguello y Héctor Icazuriaga, ex secretario de la Secretaria de Inteligencia, entre otros. La información obtenida ilegalmente se repartía después entre dirigentes opositores o periodistas amigos.
Sin siquiera haber leído el proyecto de reforma de los servicios la oposición cuestiona, por ejemplo, que sea el Ministerio Público Fiscal el que controle las escuchas. Vale aclarar, no les importa el organismo, sino que sea Alejandra Gils Carbó -hoy- la jefa. De kirchnerista la acusan.
En realidad, en muchos países las escuchas dependen de la Fiscalía General, como organismo independiente del poder político, el judicial o el legislativo -como es en la Argentina-, pero aquí se hace una encarnizada demonización de Carbó por “oficialista” y hasta se pretende bloquear la necesidad de nombrar a otro fiscal al frente de la investigación del atentado a la AMIA. La oposición prefiere que no se investigue a que sea la jefa de los fiscales la que designe al investigador.
Raro razonamiento el de la oposición que actúa como si el kirchnerismo fuera eterno y no existiera la posibilidad de derrotarlo en las urnas.
Para remover a Gils Carbó no son necesarias tantas denuncias mediáticas, sino encontrar un motivo válido y someterla a un juicio político por mal desempeño para que pueda ser desplazada con la mayoría de los dos tercios del Senado. Pero para eso deben encontrar un motivo y hay que ganar elecciones.
El razonamiento que domina a la oposición es trabar al Gobierno. En todo, en cualquier iniciativa. Con esa táctica ya se anticipa una feroz resistencia a la postulación a la Corte Suprema de Justicia de Roberto Carlés, cuyo mayor pecado es tener 33 años.
La misma oposición que reclama “institucionalidad” bastardea las instituciones con argumentos banales.
A Carlés se lo acusa de “militante” o de tener simpatía con el Gobierno. ¿A quién pretenden que se nombre? ¿A un enemigo? ¿Nombrarían ellos a un kirchnerista en los cargos clave si fueran Gobierno?
Sin embargo, Carlés tiene como fuente de inspiración política al presidente Raúl Alfonsín y hasta fue militante de Franja Morada. Su extenso curriculumn no es cuestionado y no lo fue cuando coordinó la comisión redactora de la reforma del Código Penal que integraron Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (ex diputada socialista) y el retirado Raúl Zaffaroni. También tiene buena relación con el Papa Francisco, quien elogió la reforma del Código Penal.
Entonces, ponen en su supuesta “militancia” oficialista y en su juventud el rechazo a su incorporación.
Distintos abogados y jueces consultados, señalaron que no hay impedimentos reales para que asuma en la Corte. Algunos, admiten, prefieren a alguien con unos años más, pero reconocen en Cartés a un brillante jurista. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal, que nunca la tenga experiencia de robar, Menos mal , que nunca la tenga, experiencia de mentir, recita León Gieco en Los salieris de Charly.
No es Carlés el problema, es el deseo de que no se cubra la vacante sino hasta que haya un nuevo Gobierno, lo que va en contra de las atribuciones de la Presidenta en ejercicio de sus funciones.
Pero si hay algo que caracterizó a la Presidenta es que siempre redobló las apuestas. Ese fue el estilo de gestión desde la presidencia de Néstor en adelante. Así se impuso un modelo que puso de pie a la Argentina ante los poderes económicos y que le permitió al Gobierno ser ratificado en las urnas.
La postura argentina ante los fondos buitre es reconocida en el mundo y es ejemplo para otros países.
El nuevo gobierno de Grecia ya anunció que encarará una política similar a la de la Argentina, especialmente en lo que hace a la renegociación de la deuda. Como primera medida, Syriza suspendió las privatizaciones que Grecia pactó con el Fondo Monetario Internacional.
El primer ministro, Alexis Tsipras, afirmó que se mantiene firme en sus compromisos electorales de no seguir sometiendo a los griegos a las políticas de ajustes que dispararon la pobreza y el desempleo y advirtió que la deuda “no puede ser pagada” en los términos de “la troika” conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. Grecia recibió en los últimos años dos rescates por un total de 240.000 millones de euros, pero su deuda pública no ha dejado de crecer y hoy representa el 175 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).
Grecia está económica y socialmente arruinada: más de un tercio de su población se encuentra al borde de la pobreza y el desempleo sigue cerca del 26%. Millones de personas que se han quedado excluidas del sistema de salud.
En cinco años, en paralelo a las medidas de ajuste, hubo siete aumentos de impuestos, que provocaron una fuerte caída del consumo interno. La deuda pública del país alcanzó los 319 millones en 2013, casi un 175 por ciento del PIB. Nada demasiado diferente a cómo estaba la Argentina en 2001.
La primera medida anunciada por el gobierno de Alexis Tsipras, es subir el salario mínimo de 586 euros a 751 euros. Es decir, el salario mínimo quedaría 100 euros más que el de España).
Tsipras también tiene previsto aprobar una legislación para proporcionar electricidad gratuita a 300.000 hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. El gobierno prometió repartir cupones de alimentación a las personas más necesitadas.
La más feroz de las opositoras a Siryza no es griega, sino alemana: Angela Merkel oficia las veces de lo que fue el FMI para la Argentina. La canciller germana hostiga a Grecia y asegura que no habrá una nueva renegociación de la deuda con los fondos europeos.
El recién nombrado ministro de Finanzas del nuevo gobierno griego, Yanis Varufakis le recordó que Alemania pudo recuperarse de la derrota y devastación de la Segunda Guerra gracias al perdón de los aliados. Después de la rendición, se pactó una quita del 62 por ciento de la deuda, con una moratoria de cinco años y un plazo para pagarla de 30 años, con un límite del pago del servicio de la deuda estimado en un máximo de cinco por ciento de sus exportaciones. Solo así Alemania pudo reconstruirse.
La intransigencia de Merkel no es tanto por Grecia, sino por el eventual efecto contagio que pueda tener en Europa. España es una prueba de fuego, donde la agrupación Podemos, amenaza con comenzar a ganar terreno en la política y en convertirse en una fuerza con chances de gobernar ese país en las elecciones generales que se celebrarán a fin de año.
Podemos prometió que si gana dejaría de pagar parte de la deuda externa de España, que hoy está entre los países donde más se ha incrementado tanto la desigualdad como la pobreza y es el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza, con 2,7 millones de menores.
El mismo escenario que sufrió la Argentina y que terminó en la explosión de 2001. Sin embargo, el país salió adelante renegociando la deuda y soportando hasta ahora las innumerables presiones de fondos buitre y agoreros económicos que anticipaban una catástrofe.
El modelo impuesto en 2003 fue el que sacó al país del pozo y permitió que provincias como Misiones, que debía dos presupuestos y medio, pudieran recuperarse con una austeridad bien entendida, de no gastar lo que no se tenía, pero inyectar recursos donde hacía falta para reactivar la economía.
Misiones firmó el viernes una nueva refinanciación de deuda con la Nación, que significa la postergación de vencimientos y la recepción de aportes no reintegrables para hacer frente a los pagos por 400 millones de pesos.
Hoy Misiones debe apenas el quince por ciento de un presupuesto anual, gracias a políticas de crecimiento e inversión que han tenido al Estado como protagonista desde la primera gestión de Carlos Rovira y las dos consecutivas del gobernador Maurice Closs.
La continuidad de ese modelo, que comienza a replicarse tímidamente en otras latitudes, es una de las claves en las que deben leerse muchos de los conflictos políticos y económicos que se verán a lo largo del año cuando se acerque la fecha de las elecciones.



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