Un informe de la Unidad de Auditoría Interna, fechado en este mes, concluye que la liquidación y cancelación de las obligaciones adeudadas a las autoridades por aplicación del artículo 2 de la ordenanza 048/05, «cumplen las instancias legales y administrativas de la Administración Pública».
Una auditoria interna realizada en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)establece que la liquidación y cancelación de las obligaciones adeudadas a las autoridades por la aplicación del artículo 2 de la ordenanza 048/05 cumplen con las instancias legales y administrativas de la Administración Pública. La normativa mencionada se refiere al supuesto «autopago» que se realizó a los docentes por una suma cercana a los 2.500.000 pesos en enero de este año y que generó polémica entre en la comunidad universitaria. El documento rubricado por el contador, Juan Carlos Bárbaro, auditor interno de UNaM presentado ayer en una tensa y discutida sesión del Consejo Superior también menciona que «no correspondía la suspensión de la aplicación del artículo 2 al existir refuerzos a partir del mes de junio de 2007». También establece que «no correspondía que un documento de menor jerarquía suspenda la aplicación de una norma de rango superior» y tampoco avala la «omisión de la comunicación al rector, vicerrector y al Consejo Superior de la orden de suspensión».
Un dato interesante es que aún se espera la resolución de la investigación que realiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el mismo tema y que ayer el rector de la UNaM Aldo Caballero reiteró que si estos funcionarios hallan alguna regularidad renunciará a su cargo y se pondrá a disposición de la justicia. Caso contrario iniciará acciones legales contra quienes pusieron en duda su honra». Otra cuestión no menor es que mensualmente la universidad paga 7 millones de pesos en concepto de salarios de los cuales sólo 6.500.000 los envía nación y la diferencia es abonada por la gestión local, significándole esta acción un una deuda mensual de 500 mil pesos. La crítica en torno al pago de la deuda salarial se dio en torno a que la Universidad está atravesando una crisis económica y un «Estado de Emergencia», lo que más se cuestionó de la medida fue que la liquidación se realizó en el mes de enero y de una sola vez significando un desembolso cercano a los dos millones y medio de pesos.
