La fiscal del Tribunal Penal de Oberá es esposa de un juez de Instrucción y no se inhibe en las causas que éste eleva a juicio

Para el recluso el caso constituye una nulidad. Y presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso de revisión de sentencia. Alfredo González fue condenado a once años de prisión por violar a una nena de doce años. Un hombre que fue condenado en Oberá a once años de prisión por una violación, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso de revisión de sentencia porque considera que se cometieron nulidades que invalidan su juzgamiento al igual que el de otros 60 reos que actualmente cumplen sus sentencias en la Unidad Penal 2. Para Alfredo «Torito» González, un oscuro personaje de Campo Viera, resulta inadmisible que la fiscal que lo acusó ante el Tribunal sea esposa del juez que se encargó de investigar el caso de violación que finalmente terminó con una condena. El recluso presentó el recurso ante el STJ en nombre propio y sin el patrocinio de un letrado porque -dijo- «no hay un abogado que quisiera, ni antes ni ahora, enfrentar a la corporación judicial de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Oberá». Sin embargo, su pedido será rechazado «in límine», es decir sin siquiera ser analizado por el STJ ya que fue presentado fuera de término (el plazo expiró diez días después de dictada la sentencia, en abril pasado) y sin el aval de un abogado. El caso por el cual fue condenado González (ver aparte) fue investigado por el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Heriberto Alarcón, quien halló elementos suficientes para dictarle el procesamiento y luego elevar la causa a juicio oral. El 4 de abril pasado, el Tribunal Penal 1 de Oberá, integrado por los camaristas Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño sometió a juicio a González y lo castigó con once años de prisión, accesorias legales y costas. La Fiscalía de dicho Tribunal es ejercida por la doctora Estela Salguero de Alarcón, quien no tuvo reparos en actuar en la misma causa que fue investigada por su esposo. Además de representar a la víctima, la Fiscalía debe vigilar que no se violen las garantías que tienen los imputados durante todo el proceso judicial que desemboca en el juicio. Y si nota alguna irregularidad debe denunciarla ante el Tribunal para así subsanarla ¿La fiscal Salguero de Alarcón sería capaz de denunciar o poner en tela de juicio algún procedimiento hecho al margen de la ley por su propio esposo? Es poco probable y para evitar suspicacias, debería inhibirse en todas las causas que el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá eleva a juicio. Alfredo González calificó a la cárcel de Oberá como «un cementerio de muertos vivos o depósito de personas» y denunció la existencia en la Segunda Circunscripción de Oberá «una corporación judicial». El reo sostiene en una nota que «se dirá que los esposos no son parientes, pero son más que parientes. Pero además de la letra de Ley está su espíritu y sobre todo la moral, la ética personal y funcional que hace al concepto de ‘buena conducta’ que deben observar los magistrados y funcionarios para permanecer en sus cargos». Para González «a la cárcel sólo van los pobres o los que no tienen forma de defenderse y así (las autoridades) justifican la ‘estadística criminal y carcelaria’ para decir que el sistema funciona; mientras que los que delinquen detrás de la inmunidad otorgada por los fueros parlamentarios o judiciarios, con saco y corbata, y los que usan de herramienta de muerte y tortura la lapicera con la que firman sus injustos veredictos, jamás pisan una cárcel».