El 33% de los usuarios intimados por SAMSA abonó la deuda pendiente y el 44% sufrió ya el corte de suministro

Hasta el momento solo enviaron 132 intimaciones a grandes deudores, pero la empresa insiste en que seguirá adelante con los de menor consumo. La Defensoría del Pueblo rechaza la medida y sigue buscando asideros legales para rechazar la medida. El 44 por ciento de los usuarios intimados por la prestadora del servicio de agua en Posadas ha sufrido ya el corte del suministro, siendo así los primeros en sentir las consecuencias de la polémica campaña de cortes por falta de pago que inició la empresa. En sólo dos meses han sido 132 los notificados, sin incluir las de la última semana, y el 33 por ciento ya acudió a las oficinas del Servicio de Agua de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) a poner al día sus cuentas pendientes con la empresa. Desde el momento en que se recibe la intimación hay un plazo de diez días para efectivizar el pago, y en caso contrario la prestadora procede a un corte cuestionado por la Defensoría del Pueblo. De momento, esto ha llegado solo a los grandes usuarios, pero desde la empresa insisten en que «de ahí seguirán hacia los que tienen deudas menores». Así lo confirmó el ingeniero Cristian Gilbert, que reiteró que se ajustan a lo estipulado por el contrato de concesión y por una ley aprobada en la Cámara de Diputados de la provincia. Por su parte la Defensoría, que al conocerse la noticia del inicio de los cortes llegó a calificar de «inconstitucional e ilegal» esta medida, recurrió ya la Defensoría del Pueblo de la Nación y sigue buscando precedentes legales y asideros jurídicos para impedir que la empresa siga adelante con las intimaciones. «Nos oponemos a cualquier tipo de corte», sostuvo una vez más el Defensor del Pueblo, Héctor Vallejos, alegando que «la empresa tiene que garantizar el servicio de agua». Sin embargo, desde el propio Entre Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) avalan a la empresa. Aunque el titular del organismo, Rubén Alberto Bladilo afirmó que «el Gobierno tiene que garantizar todos los servicios básicos», añadió también que «como ente regulador no podemos opinar. Es la ley vigente la que nos indica cómo debemos actuar». Una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del 98 permite intimar al usuario tras dos meses impagados y suspender el servicio diez días después, aunque desde la Defensoría del Pueblo dudan de que esta ley respete la Constitución. «Podría ser un poco contradictorio», admitió también Bladilo. Pero el funcionario justifica su actitud basándose en la ley vigente. «Desde el punto de vista social y humano, consideramos que todo el mundo debería tener agua, pero el agua no se saca de río y se toma. Hay que potabilizarla y eso tiene un costo. El contrato dice que las tarifas deben ser razonables y justas, pero no dice que no haya que pagar», señaló recordando el contrato de concesión a un privado que SAMSA firmó con el Gobierno hace ahora más de un año. «El contrato de SAMSA contempla estos cortes, y al EPRAC no le queda otra», afirmó también el asesor legal de la Defensoría del Pueblo, Alberto Padros. «Si no lo aceptan tiene que hacerse cargo ellos de la deuda del usuario, añadió. Y la deuda del usuario es más que considerable. El 50 por ciento de los 55 mil clientes de SAMSA mantiene deudas con la prestataria, y algunos de ellos no habrían pagado ni una sola boleta desde que la firma española se hizo cargo del servicio hace ahora más de un año. Según informó el ingeniero Gilbert, SAMSA puede llegar a ofrecer planes de pago de entre 30 y 60 días a los usuarios, cuando aún no se ha procedido al corte. «Después del corte de suministro habría que analizarlo», precisó.