Ingresaron a la Legislatura provincial dos proyectos del diputado Alberto “Tito” Alvarez que ponen en discusión el accionar del Colegio de Abogados ante la suspensión de matrículas de letrados que no pueden pagar las cuotas societarias, y la publicación de un comunicado de prensa en el sitio oficial del organismo en el que se incita a profesionales del derecho a expedirse en contra de la decisión del Tribunal Electoral tras los resultados expresados en las urnas el pasado 26 de junio.
Ambas iniciativas surgen a partir de una reunión que el legislador mantuvo con abogados del medio “quienes en detalle expusieron la gravísima preocupación de ver suspendidas sus matrículas, lo que ventila en todas las causas la deshonra frente a sus clientes, generando además la imposibilidad de trabajar, siendo que en muchas ocasiones las deudas no son tales”, comentó Alvarez.
“Asimismo los abogados del foro se acercaron para denunciar que desde el correo electrónico y en el sitio Web oficial las autoridades del Colegio lisa y llanamente, sin mandato de los colegiados, sentaron postura sobre cuestiones político partidarias como el caso del fallo del Tribunal Electoral respecto de la composición legislativa”, precisó.
Los proyectos
La primer iniciativa de Alvarez pretende modificar el Artículo 28 de la Ley I – N° 5 (Antes Ley 267), que prevé la suspensión de la matricula del abogado ante la falta de pago de la misma. “Esta norma supedita el ejercicio de tamaño derecho a una cuestión económica, lesionando de esta forma la norma constitucional en juego y ofendiendo gravemente la dignidad de quien resulta su titular, que se ve impedido de seguir ejerciendo su profesión procurándose el sustento propio y el de su familia”, remarca el legislador en sus fundamentos.
“La actual Comisión Directiva del Colegio de Abogados, que es la continuidad de gestiones anteriores, no ha hecho nada por fortalecer el ejercicio de la abogacía y así propiciar un ámbito laboral donde su matriculados puedan desarrollar su profesión, dedicándose por el contrario, entre otras cosas ajenas a sus objetivos, a cobrar una matrícula que no redunda en beneficio alguno, y que por si esto fuera poco, su falta de pago acarrea la suspensión del derecho constitucional de trabajar”, sostiene.
Indicando que el derecho a trabajar está consagrado en la Constitución Nacional, Alvarez plantea que “no se pueden sostener ya barreras de ninguna índole que impidan el libre ejercicio de este derecho y menos aún económicas, puesto que todos los trabajadores se encuentran en un pie de igualdad y tan así resultan las cosas que son admisibles en los empleos con la sola condición de la idoneidad”.
“El trabajo ha estado siempre íntima e inseparablemente ligado con la dignidad del hombre; ergo, el trabajo lo dignifica y quien impida esto se convierte en indigno de dirigir los destinos de quienes nuclea”, señala.
Repudio
Por otra parte, y mediante un proyecto de declaración, Alvarez manifiesta su “más enérgico repudio al comunicado publicado por las autoridades del Colegio de Abogados en su sitio oficial, que fuera remitido a sus matriculados, y mediante el cual, inmiscuyéndose en cuestiones ajenas a sus objetivos amenaza a jueces, ministros y abogados que ejercen cargos públicos para que se expidan en beneficio de un partido político desconociendo la voluntad popular”.
“En los comicios del 26 de junio el pueblo se expresó en su más amplia libertad, dándole un contundente apoyo al Frente Renovador de la Concordia, expidiéndose en este sentido el Tribunal Electoral”, aclaró el legislador.
“Las autoridades del Colegio de Abogados, representados por su presidente, el Dr. Rodrigo Bacigalupi, utilizaron la institución y a sus afiliados para promover la candidatura de Pablo Isaac Lenguaza, lo que ya resultaba contrario a la finalidad para la que fue creada la misma y para la que fueron electas las autoridades, pero lo acontecido ahora ya excede todos los límites éticos y morales”, puntualizó.
Denunció además que “quienes conducen hoy el Colegio de Abogados, que dicen ser defensores del estado de derecho y las normas legales, han violado el Art. 14 de la norma de creación de la institución, Ley I Nº 5 (ex 267), la cual les impide opinar e inmiscuirse en cuestiones partidarias como abiertamente lo han hecho, exponiendo a la misma y a los matriculados a consecuencias jurídicas por dicho proceder”.
“En una interpretación antojadiza y huérfana de tintes jurídicos, Bacigalupi hizo referencia a la pena de los infames traidores a la patria tergiversando totalmente su significado y sentido. Jamás podrán ser acusados de tal delito aquellos funcionarios que con sus medidas o actos sólo cumplen con la manda constitucional que le asigna el deber y la función del servir al pueblo, y qué mejor ejemplo que el traído a colación donde el Tribunal Electoral privilegió la voluntad popular”, precisó Alvarez.
“Sumado a ello, cuando no logra alcanzar sus fines efectúa una amenaza como la analizada en nombre de profesionales que no lo autorizaron a tal menester, colocándolos en una situación vergonzosa frente a la sociedad: Bacigalupi es quien se erige como el mayor de los traidores”, finalizó.
