Este miércoles, se llevó adelante el tercer día consecutivo de protestas en Bolivia que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, policías y movimientos afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los mayores choques han ocurrido en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija y Cochabamba. También ha habido protestas en La Paz, Oruro y Beni. La jornada del lunes fue la más concurrida y se saldó con más de un centenar de detenidos y varios heridos.
La protesta se origina en el rechazo de la polémica ley 1386, también conocida como «ley madre», aprobada en agosto y criticada por grupos sociales y opositores que consideran que otorga al gobierno un poder excesivo y discrecional.
Desde el oficialismo, sin embargo, la protesta es rechazada y vista como un instrumento con el cual se busca «desestabilizar» al gobierno del presidente Luis Arce.
La protesta, que ha sido convocada como un «paro indefinido», ha estado caracterizada por los numerosos cortes de vías que han realizado los manifestantes y por las intervenciones de la policía para dispersarles, que han sido criticadas por su aparente dureza.
¿Qué es la «ley madre»? :Protestas en Bolivia
La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como «ley madre», fue aprobada el pasado agosto y, como su nombre sugiere, formalmente apunta a combatir el blanqueo de capitales.
La norma contiene 7 artículos, entre ellos uno que establece que esta estrategia podrá ser modificada por el ejecutivo a través de un decreto. Además incluye anexa la estrategia en sí, que es un documento técnico de 54 páginas que sienta las bases para su implementación.
Protestas en Bolivia
¿Por qué causa protestas? :Protestas en Bolivia
Los críticos de la «ley madre» afirman que esta busca imponer un «totalitarismo económico y financiero».
El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), una de las organizaciones que cuestiona la norma, hizo pública una lista de 11 objeciones a la ley y pidió su derogación alegando que esta tiene como propósito «generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico».
Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso modificar el artículo que prevé la posibilidad del ejecutivo de cambiar la norma por decreto para evitar que sea usado por los gobiernos «para generar condiciones de persecución política».
Las movilizaciones contra esta norma han estado impulsadas principalmente por movimientos gremiales y sindicales.
«Son los pequeños comerciantes, la mayor parte de ellos de mercados y calles, los transportistas, que son chóferes y dueños de los medios de transporte, y ahora están a punto de sumarse los cooperativistas mineros», señala Roberto Laserna, investigador social afiliado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), a BBC Mundo.
Laserna explica que estos sectores son amplios desde el punto de vista demográfico e importantes desde el punto de vista económico, porque manejan gran cantidad de recursos, pero que mayormente operan en la economía informal, por lo que temen verse afectados por la nueva legislación.
Laserna afirma que la norma permite investigar todo tipo de transacciones de cualquier cuenta bancaria que resulte sospechosa y no como en otras partes del mundo, donde no se puede indagar cualquier cuenta, sino solamente aquellas cuyas operaciones superan unos montos específicos.
«Entonces uno podría verse involucrado en sospechas y, a raíz de estas, un fiscal podría ordenar, por ejemplo, el congelamiento de cuentas, exista o no razón para hacerlo«, apunta.
«Además, esto ocurre en un país en el que una gran parte de la población pertenece al sector informal de la economía. Es decir, es gente que no tiene papeles al día, que trabaja mucho sin contratos, entonces les resulta más difícil explicar de dónde o cómo acumuló dinero para comprarse una casa, un camión o un auto y eso tiene a la gente también muy molesta y muy suspicaz», agrega.
¿Qué dice el gobierno boliviano sobre las Protestas en Bolivia?
El presidente Luis Arce defendió este miércoles la vigencia de la ley madre y acusó a la «derecha» de fomentar las protestas en contra de la norma para evitar que avancen las investigaciones judiciales y conseguir «la impunidad de lo que pasó el 2019 con el golpe de Estado».
El llamado «caso golpe de Estado» es una investigación abierta en contra de dirigentes opositores por la crisis política ocurrida en 2019 que derivó en la renuncia y salida del poder del entonces presidente Evo Morales.
«Hay que ser loco para pensar que nuestro gobierno va afectar a los más pobres», dijo Arce, según reseñaron los medios locales.
La semana pasada, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, negó que la ley 1386 afecte a los trabajadores gremiales o a los transportistas y aseguró que algunos grupos han querido interpretarla de esa manera para buscar la desestabilización del gobierno.
Otros voceros del gobierno, como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, han dicho expresamente que esta norma «no afecta al sector informal, sino a quienes se enriquecen de forma ilícita».
Pese a ello, los críticos de la norma han destacado que uno de los puntos de la estrategia aprobada junto a la ley menciona la «problemática de la informalidad» y señala expresamente que «la informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades».
(Fuente: BBC News)
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