Con la sanción definitiva de la Ley de Bases, el presidente Milei se adjudicó el mayor triunfo político desde que asumió. Trascartón, se anunció una nueva etapa del plan económico que tiene como leitmotiv la emisión cero, lo que obligará a sostenr el ajuste fiscal. Los dólares paralelos volvieron a aumentar, el Central terminó junio con saldo negativo y la reactivación sigue sin aparecer. En Misiones, el Gobierno da respuestas a los productores yerbateros que enfrentan un año de crisis y anunció la continuidad de los programas Ahora.
Finalmente el presidente tiene su Ley de Bases, con paquete fiscal, blanqueo de capitales y RIGI incluidos en la misma votación. Que un gobierno en condiciones de minoría en ambas cámaras consiga aprobar una ley tan extensa y que introduce cambios tan profundos representa un logro político relevante que resalta la figura del jefe de gabinete, Guillermo Francos, cabeza de las negociaciones con gobernadores y fuerzas de la llamada “oposición dialoguista”.
El combo aprobado el jueves en Diputados incluye una reforma fiscal de corte regresivo que incluye beneficios para las clases altas y los mega millonarios a través del blanqueo de capitales, los cambios en Bienes Personales y las amplias ventajas que introduce el RIGI, al mismo tiempo que aumenta la presión impositiva sobre las clases medias con la reinstauración de Ganancias para los trabajadores.
Parte de esa reforma fue rechazada en Senadores, puntualmente los artículos que refieren a Ganancias y Bienes Personales, y varios constitucionalistas interpretan que si una de las cámaras votó en contra de uno o varios artículos, la otra cámara no debería tener la facultad de insistir con su aprobación porque eso implicaría violar el sistema bicameral.
En ese sentido se manifestó Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien afirmó que “en un sistema bicameral federal el elemento central del proceso de formación y sanción de las leyes es la voluntad afirmativa mediante la cual se aprueba un proyecto de ley. Solo la concurrencia afirmativa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores puede transformar un proyecto de ley en una ley sancionada por el Congreso. Nunca un rechazo parcial de la Cámara revisora puede ser asemejado a una aprobación con adiciones o correcciones por cuanto carece de voluntad afirmativa”.
En declaraciones que recogió el portal chequeado.com, el constitucionalista Ricardo Ramírez Calvo, profesor de la Universidad de San Andrés (Udesa), se manifestó en sentido contrario a Gil Domínguez: “se afirma que como los artículos totalmente rechazados por la cámara revisora no cuentan con su consentimiento, no pueden ser sancionados. Según esa particular interpretación, autorizar la insistencia de la cámara de origen, tal como lo prevé expresamente el artículo 81 de la Constitución, implicaría violar ese principio. En otras palabras, es un principio que el propio texto constitucional contradice”.
Zanjar este debate será tarea de la justicia, porque representantes de los principales sindicatos anticiparon que se presentarán ante los tribunales pertinentes para plantear la inconstitucionalidad en la aprobación de la norma.
El solo hecho de que la reforma de Ganancias se judicialice aporta incertidumbre a un contexto económico y fiscal que de por sí no ofrece mayores garantías. Tarea de la justicia, especialmente de la Corte Suprema, será brindar respuestas de fondo a la mayor brevedad posible para acotar esa incertidumbre.
Caputo en fase dos
El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, convocaron a una conferencia de prensa el viernes, a horas de la sanción de la Ley de Bases, en la que anunciaron una nueva etapa del plan económico del gobierno nacional.
Caputo explicó que el objetivo de la primera etapa del plan fue eliminar el déficit fiscal y el de la segunda será reducir a cero la emisión monetaria. Indicó que el superávit permitió cerrar la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal y en la segunda etapa se dejará de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA.
Aclaró que la tercera etapa será la eliminación del cepo cambiario, a la que no le puso fecha. Se limitó a decir que “las limitaciones cambiarias serán eliminadas una vez que las condiciones estén dadas” y pronosticó que el tiempo del crecimiento de la economía llegaría de la mano de la eliminación del cepo.
Aseguró que una vez que estén reglamentadas la Ley de Bases y el paquete fiscal que aportará una mayor recaudación por vía del incremento de la presión impositiva, se reducirá la alícuota del impuesto PAIS que el gobierno de Milei aumentó de 7,5% a 17,5% ni bien asumió.
Para cumplir con el objetivo de dejar de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA, se van a traspasar las deudas del Central al Tesoro a través de un nuevo instrumento denominado Letra de Regulación Monetaria diseñado para captar el excedente de liquidez de los bancos y esterilizar el exceso de pesos en circulación, un camino que ya había empezado con las Lecap.
El espíritu de la medida es que como el excedente monetario surgió como un instrumento para financiar el déficit fiscal del Tesoro, esa responsabilidad debe regresar al Tesoro en la forma de estas nuevas letras que remunerarán en consonancia con la tasa de política monetaria que fija el Banco Central.
Pero para que el Tesoro pueda garantizar capacidad de repago de esa carga nueva de deuda, tendrá que reasegurarse el ajuste fiscal. De acuerdo con los cálculos preliminares de los analistas, el superávit primario necesario para sostener este esquema debería mantenerse entre 0,4% y 0,5% del PBI.
La cantidad de letras de regulación monetaria que el Tesoro deba emitir va a ser proporcional a excedente de liquidez que los bancos decidan volcar a ese instrumento. Con lo cual, si los bancos optaran por financiar al sector privado en vez de buscar rentabilidad segura con el Estado, habría menos pesos a esterilizar y menos deuda en manos del Tesoro.
Pero para que ello ocurriera, sería necesario un incremento en la demanda de crédito por parte del sector privado, lo que a su vez depende de algún grado de reactivación de la economía real.
Sin recuperación
Pero los indicadores sectoriales no muestran nada parecido a la recuperación en forma de V que habían anticipado desde el gobierno nacional. Algunos sectores, como la construcción, nunca detuvieron su caída y otros se recuperan un mes pero al siguiente vuelven a caer.
Según un informe de la consultora Orlando J. Ferreres (OJF), la actividad económica en mayo registró caída de 4,4% interanual y una contracción desestacionalizada del 0,8% respecto de abril. Esto se traduce en una contracción acumulada del 6% para los primeros cinco meses de 2024 en comparación con igual período del año anterior.
El sector industrial experimentó en mayo una caída de 9,8% interanual y de 1% respecto al mes anterior. La consultora OJF destacó que “la actividad industrial retrocedió en mayo, aunque no volvió a tocar el piso que había encontrado en marzo”. En los primeros cinco meses del año, la contracción industrial acumulada es del 9,2%.
Otro de los índices que había mejorado en abril respecto a marzo y retrocedió en mayo es el Indicador de Consumo (IC) que mide la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que experimentó una caída interanual del 7,7% en mayo y una retracción de 2,2% en la medición desestacionalizada respecto a abril. Los datos acumulados para los primeros cinco meses de 2024 indican una disminución interanual del 4,3%.
La inversión, un indicador clave para el éxito del programa económico de Milei, también registró caídas significativas. En mayo, cayó 23,4% interanual y 21,1% acumulado en los primeros cinco meses del año.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que releva el INDEC registró una caída del 1,7% interanual. En el acumulado del 2024 lleva un descenso del 4,2%.
Siete sectores de actividad mostraron crecimiento durante abril, entre los que se destacan agricultura, ganadería, pesca, hidrocarburos y explotación de minas y canteras. Mientras que ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual entre los que se destacan construcción 24,8% interanual e Industria manufacturera 15,7% interanual. Junto con comercio mayorista, minorista y reparaciones 13,1% interanual de disminución, que aportaron 5,2 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE”, agregaron.
El informe mensual de Entidades Financieras que publica el Banco Central reveló un dato preocupante respecto al empleo: en abril se cerraron más de 65 mil cuentas sueldo en todo el país y desde diciembre, el número de cuentas sueldo que se cerraron supera los 330 mil.
El informe de distribución del ingreso que elabora el INDEC reflejó el impacto de la pérdida de empleo y de la caída del poder adquisitivo de los ingresos de la mayor parte de la población. El mencionado trabajo revela que en el primer trimestre del año en curso, la desigualdad en los ingresos alcanzó su punto más alto en los últimos 16 años.
En los primeros tres meses de 2024, el decil más rico tuvo ingresos 15 veces superiores a los del decil más pobre, en el mismo período del año pasado, esa relación era de 14 a 1.
El fantasma del dólar
La sanción de la Ley de Bases no tuvo el efecto esperado en los mercados. Los dólares financieros siguieron aumentando hasta acumular un alza de 11% durante junio, lo que empujó a la brecha cambiaria por encima de los 50 puntos.
El viernes, las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con bajas del orden del 3%, el Riesgo País aumentó por encima de los 1.450 puntos y el índice Merval cayó 1,5% medido en dólares.
Pero tal vez el dato que miran con mayor preocupación los mercados pasa por las dificultades que está encontrando el Central para continuar por la senda de acumulación de reservas. La entidad terminó la semana con saldo de ventas netas por 109 millones de dólares y el balance de junio, mes en el que habitualmente se acumulan divisas, cerró con un saldo vendedor de 84 millones de dólares, el primer mes con ventas desde octubre de 2023.
Más allá de que el ministro Caputo y el propio presidente Milei juren y perjuren que no habrá devaluación ni aceleración del crawling peg de 2% mensual, los mercados ven un dólar atrasado y postergan hasta el máximo posible la venta de divisas.
El campo liquida lo mínimo e indispensable y los silobolsas engordan en los campos más rápido que los terneros.
Con Brasil devaluando, la presión aumenta y analistas como Amílcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur, empiezan a advertir que el esquema cambiario de Caputo muestra indicios de agotamiento.
Las esperanzas más inmediatas del Gobierno para incrementar reservas pasan por el blanqueo de divisas aprobado el jueves último.
A mediano plazo, aspiran a una recuperación potente de la inversión extranjera, pero eso depende directamente del levantamiento del cepo cambiario, lo que a su vez depende de los dólares que no entran porque el cepo no se levanta.
Bajo circunstancias diferentes, el gobierno podría resolver ese dilema con endeudamiento, lo que le permitiría conseguir los dólares para levantar el cepo a la espera de que ya sin restricciones cambiarias la inversión fluya.
Es más o menos lo que intentó Mauricio Macri en la primera etapa de su gobierno, pero la tan mentada lluvia de inversiones nunca llegó, los dólares se los terminaron llevando los capitales especulativos y al país solo le quedó la deuda.
Milei y su equipo están convencidos de que el proyecto del macrismo fracasó porque no estuvo acompañado por reformas promercado que eran necesarias y que ahora sí se están aplicando a través de instrumentos como el DNU, la Ley de Bases y un “paquete desburocratizador” que prepara el -por ahora- ministro sin cartera Federico Sturzenegger.
Yerba en problemas
El sector yerbatero parece encaminarse este año a una de las crisis que periódicamente golpean al sector productivo, a los pequeños industriales y cooperativas. Después de varios años de bonanza, con precios favorables para el sector primario, este año confluyeron dos factores para ensombrecer el panorama.
Por un lado, las condiciones de mercado tiran para abajo los precios de la materia prima y por otro lado, la asunción de un gobierno nacional (votado mayoritariamente por los productores misioneros) que descree de la regulación y aboga por el libre mercado, lo que termina favoreciendo a la molinería concentrada y a las grandes cadenas comerciales que se valen de la mano invisible del mercado para quedarse con la parte del león del negocio yerbatero.
Pero más allá de cuestiones políticas, como todas las veces que el productor no consigue los precios justos que merece su trabajo, el principal problema está en la relación de oferta y demanda de materia prima.
Después de dos años sequía que limitaron la oferta de hoja verde, este año el clima fue ideal para elevar la productividad de los yerbales. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de enero a mayo los productores entregaron más de 425 millones de kilos de hoja verde, 72% más que los 247 millones de kilos que habían entregado en el mismo período del año pasado.
La demanda del mercado interno, el principal para la yerba mate, fue en el sentido inverso y en los primeros cinco meses de 2024 los despachos de yerba elaborada que partieron desde los molinos fueron 13,7% inferiores a los de igual período del año pasado.
Con más producción y menos demanda, los precios de la materia prima se plancharon. A finales del año pasado, un kilo de hoja verde se pagaba a razón de 370 pesos de contado y hoy se paga entre 250 y 270 pesos a plazos de pago que superan los 90 días.
El precio de la hoja verde bajó alrededor de 30% en el mismo lapso en el que el paquete de yerba en las góndolas prácticamente duplicó su valor.
El sector se encamina a una crisis y el Gobierno nacional no está interesado en hacer nada para evitarla, porque está convencido de que no hay que intervenir en los mercados. Por eso le quito al INYM sus facultades para regular precios y plantaciones, por eso no designa un presidente para el instituto y por eso no laudó ni va a laudar precios oficiales para la materia prima.
Tampoco parece interesado en asistir a los tareferos con el subsidio para la interzafra. Ya dejó colgados a los trabajadores que se desempeñan en la actividad tabacalera en distintos puntos del país y nada indica que hará algo distintos con los trabajadores de la cosecha de la yerba mate.
Lo advirtió el subsecretario de Asuntos Yerbateros de la Provincia y productor de la zona de Andresito, Julio Peterson, quien recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri la Nación dejó de pagar interzafra y la Provincia debió a salir a tapar el agujero y anticipó que eso podría pasar nuevamente este año, pero con una situación fiscal bastante más apretada para la Provincia.
El gobierno de Misiones sigue muy de cerca el tema. Esta semana el gobernador Hugo Passalacqua se reunió con productores, dueños de secaderos, cooperativistas y pequeños industriales con quienes analizó el cuadro de situación y acordó medidas concretas que ya están en vigencia.
Con el objetivo central de recomponer el precio de la materia prima, desde esta semana se pusieron a disposición 5.000 millones de pesos en créditos blandos, a tasa de 26% con una bonificación por parte de la Provincia de 10 puntos. Está destinada a secaderos y molinos con el requisito de que paguen un precio mínimo de 400 pesos por kilo de hoja verde, como manera de impulsar y reactivar la rentabilidad de los productores yerbateros.
El mismo esquema dispone de otros 4.000 millones de pesos para el sector foresto industrial, para equipamiento de aserraderos o maquinaria.
Reactivación del consumo
Como es una costumbre instaurada hace muchos años en Misiones, el salario de toda la administración pública se depositó el viernes 28 junto con los aguinaldos, lo que inyectó más de 250 mil millones de pesos al consumo en toda la provincia.
Otro anuncio que fue ampliamente esperado por comerciantes y consumidores fue la extensión y ampliación de los montos de los programas Ahora que abarcan una amplia gama de sectores, hasta el 30 de septiembre de 2024, con mejoras en plazos, límites financiables y reintegros.
Esta medida, sumada al desendeudamiento de los trabajadores públicos lanzada a principio de junio y el pago de salarios con aumento y aguinaldo, evitan que en la provincia la caída del consumo y la recesión golpeen con la fuerza que lo hacen en el resto del país y permiten que aparezcan indicios de recuperación que en el resto del país todavía no se ven.
En marzo Misiones registró los números más altos del país en materia de creación de empleo en el sector privado y en abril lideró el crecimiento del empleo en la construcción, tal vez el sector más golpeado por la recesión.
Renovadores y libertarios
Las tres votaciones de la Ley de Bases aportaron el marco propicio para que las relaciones entre el Frente Renovador misionero y el gobierno nacional libertario se estrecharan. El gobierno de Misiones aportó el voto de sus diputados nacionales y de sus senadores para que Milei tuviera finalmente la herramienta que pidió para desarrollar a la economía del país. “La premisa es el respeto al voto de los ciudadanos que eligieron un nuevo modelo y la Renovación apoyará, como lo ha hecho siempre, lo que decida la mayoría”, señalaron desde el partido que conduce Carlos Rovira.
Desde ese mismo espacio político cuestionaron a los opositores misioneros a quienes acusaron de respetar a la voluntad popular de la mayoría solamente cuando coincide con sus intereses. “Si es Macri o Milei el presidente, votan a favor, pero si es otro, siempre en contra”, indicaron.
El Gobierno nacional hizo llegar el agradecimiento a la Renovación por otro gesto de respeto y generosidad política, anticipando un escenario de convivencia electoral que se va decantando solo para 2025.
Más salud y seguridad
En la sesión del jueves de la Legislatura provincial se sancionaron leyes que apuntan a hacer un aporte significativo a la salud y la seguridad de los misioneros.
Se aprobó el proyecto del diputado Carlos Rovira que crea el Instituto del Quemado, que brindará atención inicial, tratamiento y cuidado intrahospitalario, incluyendo casos complejos y rehabilitación quirúrgica de las secuelas y kinesiológica; así como también capacitación específica para el personal que estará a cargo de estas funciones.
Funcionará en el ámbito del Parque de la Salud, sumando un nuevo servicio a la ya reconocida trayectoria y prestigio que tiene esa institución, logrado a base de mucho trabajo.
En los fundamentos del proyecto, Rovira señaló que “el paciente con quemaduras requiere de la atención de un equipo interdisciplinario idóneo con profesionales de diferentes disciplinas, como ser médicos cirujanos especialistas, dermatólogos, anestesistas, médicos clínicos, psicólogos, kinesiólogos, entre otros”, además de “la infraestructura pertinente equipada con diferentes salas y equipamientos particulares”.
Por su parte, el jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital “Ramón Madariaga”, Gustavo Abrile, destacó la importancia de esta iniciativa considerando que es “un proceso beneficioso para todos los misioneros; hace 14 años que se creó el servicio de cirugía plástica del Parque de la Salud, y desde 2012 estamos formando recursos humanos en la provincia”.
«El paciente que se interna es porque tiene un grado de gravedad que amerita la internación; y el quemado es un paciente caro para los servicios de salud, por ello la gran ventaja de tener un instituto es que brinda el marco a la posibilidad futura de que podamos tener todos los elementos que necesitemos, aunque vaya creciendo la población”, agregó Abrile.
Además ingresó a la Cámara de Representantes el proyecto que impulsa la creación de una fiscalía especializada para combatir ciberdelitos.
Con el avance cada vez más veloz de la tecnología y su implementación, se volvió de suma importancia la prevención del ciberdelito. Esta problemática cobró relevancia por el avance de la inteligencia artificial, con la que es posible generar imágenes y nuevos tipos de engaño.
Es una iniciativa que surge de un pedido de la gente ante el avance de estas nuevas modalidades delictivas y obliga a que la justicia adapte los métodos de respuesta con nuevos ordenamientos jurídicos a estas nuevas tecnologías.
Se busca aportar al desarrollo de herramientas científicas y tecnológicas en materia de seguridad, dando respuesta al aumento de causas relacionadas al hackeo, la suplantación de identidad, el phishing y otros nuevos tipos de delito.
