Análisis | Renovador de la Concordia

La Renovación Neo con su norte en la búsqueda de consensos, apuesta por el camino del diálogo frente a la violencia de unos pocos. Anteponiendo a la Tierra sin Mal sobre cualquier cosa, brinda un aumento salarial por encima de sus posibilidades, en un contexto económico recesivo que afecta a todo el país.

Es el momento de construir una cultura del diálogo, una cultura de la mediación y del respeto que nos permita contribuir a la paz social, porque este es el mejor camino para solucionar los problemas.

Tanto la génesis, como el norte de la Renovación fue la concordia entre distintos sectores en post de un futuro mejor para todos los misioneros. Por ello, desde el gobierno provincial primó la búsqueda de consensos, para resolver un reclamo que es justo, pero que debería cambiar sus formas, porque las formas importan y mucho.

Ahora bien, más allá de las manifestaciones salariales de los últimos días, la provincia funciona institucionalmente con normalidad en todos los ámbitos. Las escuelas, los hospitales y las comisarías están funcionando al 100%, abiertos y brindando servicios a la gente, que realizan sus actividades particulares sin inconvenientes y con normalidad.

Aumentos Salariales

Con los aumentos anunciados por el gobernador Passalacqua para cobrarse la semana entrante, la provincia incorpora casi 15 mil millones de pesos a la masa salarial de los trabajadores públicos, haciendo un esfuerzo gigantesco para recomponer el salario perdido a causa de la inflación que azota a todo el país.

Este aumento debe contemplarse en un contexto de caída del 30% de la coparticipación, que no se daba hace 22 años, y de caída del 20% de la recaudación propia, datos que suceden mientras el gasto del Estado crece y crece sin parar.

Esta recomposición representa el tercer aumento del año para los estatales misioneros, cumpliendo religiosamente el pago antes de que se termine el mes, sumado a que ya se garantizó el aguinaldo y en otro esfuerzo de gran magnitud, el pago del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) creado con fondos provinciales luego de la quita de la Nación del FONID, que representa 13% del ingreso de cada cargo.

Lo anunciado duplica y en algunos casos casi triplica la inflación de abril, demostrando claramente la voluntad de recomponer los ingresos de los 50 mil trabajadores públicos misioneros, una medida que no se podría lograr de ninguna manera si no se tuviera el equilibrio fiscal y una economía que goza de buena salud.

Por eso, Misiones está en condiciones de ser la primera en despegar cuando la Nación supere la crisis económica.

Cabe destacar que no existe ninguna provincia en el país que se encuentre otorgando 100% de aumento a sus estatales, como reclaman algunos sectores minoritarios en Misiones.

Insistir de manera intransigente con este pedido imposible, pareciera una clara intención de no acordar y buscar inestabilidad institucional.

Policía

En el caso puntual de la Policía, la exigencia de negociación salarial y amnistía es propia del funcionamiento de un gremio, cuando la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha prohibido a las fuerzas armadas llevar adelante cualquier tipo de conducta sindical. Y es lo que hace o pretende hacer la Mesa de Diálogo Policial.

Lo marcó la diputada provincial Anazul Centeno, “un policía no puede hacer huelga, como dijo la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un policía no es un piquetero”.

Basándose en dos fallos de 2017 y 2020, que negaron el derecho colectivo a sindicalizarse a los policías, por ejemplo, uno de los casos fue una resolución judicial del 11 de abril de 2017, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría resolvió que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene derecho a sindicalizarse.

Por eso, la teoría de inestabilidad institucional se fortalece con la activa presencia de sectores politizados en las protestas, que no son empleados policías, ni docentes, ni de salud, que fueron los principales impulsores de los desmanes en la Legislatura.

Además de que están identificados, dejan en evidencia que hay otros intereses no salariales.

La cuestión es claramente económica, si la provincia tuviera más fondos disponibles, resolvería la situación como se vio en años anteriores. Pero la realidad es que cayó la coparticipación, cayó la transferencia de fondos no automáticos, lo mismo que la recaudación propia y todos los indicadores económicos retrocedieron.

Empleados Estatales

Este contexto económico se siente a pesar de que Misiones es una de las provincias con menor cantidad de empleados públicos por habitantes en todo el país, con una masa total de estatales, que alcanza los 50 mil, no llega al 10% de la población económicamente activa, que según el último censo fue de 700 mil habitantes.

Los últimos informes salariales conocidos y realizados por consultoras privadas y por la Encuesta Permanente de Hogares demuestran que el promedio de empleados públicos tiene salarios significativamente más altos que la masa de empleados privados, con lo cual, decir que los sueldos estatales son de hambre pondría a los sueldos privados todavía más abajo ¿qué categoría sería esa?

En esta línea, los estatales, en la gran mayoría de los casos, trabajan menos horas y ganan casi el doble que los privados comparando por horas trabajadas. En ese escenario se ven casi privilegiados, más aún si se considera que los privados casi no usan el derecho a huelga, mientras que los públicos tienen la posibilidad varias veces al año de no ir a trabajar, como sucede ahora en algunos sectores.

Si un empleado del sector privado en conflicto salarial pone los bienes de la empresa en la calle para cortar el tránsito en modo de protesta, seguramente ese empleado será echado con causa.

Nación

Hay una mirada muy atenta a todo el conflicto desde Buenos Aires, sabiendo que son una parte causante, por el ajuste, pero además por la preocupación de que emerjan conflictos similares en otras provincias. A raíz de esto, se supo que la Nación quiere ejemplaridad en el final de esta sedición, con la severa aplicación de las leyes y medidas, sanciones judiciales, como decisión política diseñada para que no se expanda a otras provincias.

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