Semanas atrás se viralizaron imágenes de las aguas del río Paraná, a la altura del municipio de Puerto Leoni, con una mancha de espuma que alertó sobre un posible derrame de sustancias contaminantes provenientes de la empresa Papel Misionero. Tras una rápida investigación y el análisis de las muestras tomadas en el lugar se determinó que hubo una infracción que podría tener un impacto ambiental negativo.
El hecho generó preocupación sobre las posibles consecuencias de este evento para el ecosistema acuático y la salud humana. Para evaluar la gravedad del incidente, se tomaron muestras del agua del río, cuyos resultados revelaron que los niveles de contaminación superaban los límites permitidos por la normativa provincial. Sin embargo, desde la cartera de Ecología aseguran que no representa un peligro para los humanos.
Juan Statkiewicz, director de Recursos Vitales del Ministerio de Ecología, explicó que uno de los indicadores más preocupantes fue la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), que mide la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen para degradar la materia orgánica presente en el agua. Los resultados arrojaron un valor de 170 miligramos por litro, muy por encima del límite permitido de 30 miligramos por litro, lo que indica una clara infracción a la reglamentación vigente.
«Misiones tiene un valor permitido de DBO que es de 30, es el más exigente del país. Sin embargo, el valor más permisivo que es Santa Fe es de 150 y la empresa está en 170», remarcó.
Ante este contexto se encendieron las alarmas sobre el impacto en la fauna íctica del río. Ante la consulta, el funcionario aseguró que el derrame no representaba un peligro directo para los seres humanos, aunque la falta de oxígeno en el agua podría tener consecuencias, especialmente en los organismos más pequeños y sensibles.
«No puedo decir si se van a registrar mortandad de peces pero seguramente los micoorganismos van a ser afectados», agregó.
Una de las incógnitas que surgieron tras el incidente fue la duración y la extensión del derrame. Según explicó Statkiewicz, el análisis solo pudo determinar la cantidad de vertido en el momento de la toma de muestras, aunque no hubo precisiones sobre cuánto tiempo llevaba contaminando el agua, ya que la ultima vez que se realizó un control a la empresa fue previo a la pandemia.
«Es muy difícil medir realmente el impacto. Por eso es que se reglamentan y se establecen parámetros de vertido, depende de muchas condiciones, depende del caudal que traiga el río en ese momento, de las temperaturas, de cuál fue el incidente. En este caso se produjo un disturbio por derrame de celulosa. Es como decir tiraste cartón al río pero puede ser en otra ocasión sea algún producto químico», añadió.
Cabe mencionar que la empresa informó que había experimentado un problema interno con un filtro en la planta de tratamiento, lo que provocó la descarga de fibra de celulosa en el río y no aplicó un plan de contingencia que incluyera una pileta para contener los efluentes en caso de incidentes.
A raíz de esto, la empresa infringió tres leyes ambientales y deberá pagar una multa correspondiente a cada normativa. Ante este hecho, el funcionario hizo hincapié en la importancia de que la empresas cumplan con las recomendaciones técnicas para evitar daños ambientales futuros, principalmente en lo que refiere a derrames, dado que en Misiones es una de las infracciones más comunes.
Qué leyes infringió la empresa y cuál es la multa
Cabe señalar que la empresa debe cumplir con rigurosos controles para tratar el agua ocupada para los trabajos, para ser vertidas al río Paraná, sin embargo, tras obtenerse los resultados se determinó que se infringió varias leyes ambientales.
Una de ellas es la ley de Régimen de Radicación y Habilitación de Industria: “Es la que establece los parámetros de cómo tienen que estar el agua al ser vertida al río, es decir, cuáles son los parámetros de interés total, todos esos parámetros que tienen que cumplir el tratamiento de esa agua, que fueron utilizados para alguna cuestión productiva y tienen que devolverlas con esas condiciones”, explicó Recamán.
Asimismo, la infracción de esta normativa establece que la multa es un 5% del activo fijo de la empresa.
Por otro lado, también se incumplió la Ley de Pesca, la misma busca proteger a las especies íctica. “Esta normativa prohíbe contaminar el agua y arrojar cosas a los ríos”, agregó. En este caso la sanción ronda en 100 sueldos mínimos de la Administración Pública provincial.
Por último, se incumplió la ley nacional de Gestión Integral de recursos industriales cuya sanción ronda entre los 50 y 200 sueldos de la Administración Pública.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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