Geraldine Calvella fue nombrada directora de Fiscalización de Centros de Documentación del organismo. El Ejecutivo responsabiliza al subsecretario de Integración Socio Urbana que fue armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Tras la designación de Geraldine Calvella como directora de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con un sueldo bruto de $2.732.002 y sin experiencia en el rubro, se abrió un pase de factura en el Gobierno.
En el Ejecutivo no se quieren hacer cargo de su nombramiento y responsabilizan al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que fue armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
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Un funcionario le dijo a este medio que ya hubo varias quejas de dirigentes del oficialismo sobre Pareja, pero que tiene el respaldo del subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría general de la Presidencia, Lule Menem, que lo sostiene a través de la titular del área, Karina Milei.
“Pareja está llenando los puestos nacionales de todas las secciones de la provincia de Buenos Aires. Mete a la gente en el PAMI y en la ANSES para hacer caja y recaudar para su candidatura a gobernador en 2027. Organiza los nombramientos a su criterio”, expresó un dirigente del Ejecutivo.
Los lugares de las dependencias nacionales en los distritos de las provincias son puestos que los diputados nacionales quieren para meter a su gente, de forma que los bonaerenses chocan con el subsecretario de Integración Socio Urbana por las designaciones.
Un legislador nacional de La Libertad Avanza le dijo: “Ya somos varios los que tenían preparado un equipo de profesionales para ofrecer en estos sectores y cuando hablamos con Francos y Catalán nos derivan con Pareja, que dice que le mandemos los CV para que después no los vea y meta a su gente”.
Es por eso que desde un sector del Gobierno apuntan contra Pareja por la designación de Calvella, que fue la responsable del armado político territorial de la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Tiene 23 años, es de Saladillo y trabajó en la Legislatura bonaerense -al igual que “Chocolate” Rigau- desde abril de 2023 hasta el mes pasado.
“Es un lugar de Pareja, la puso él, primero fue coordinadora y ahora pasó al Gobierno. Tiene bastantes lugares también, aparte de su subsecretaría, Renaper y gente en el Senado bonaerense. Tiene el 90% de las dependencias nacionales de la provincia de Buenos Aires”, le manifestó un a este medio un dirigente del oficialismo.
Los cruces entre el sector más libertario del Gobierno y Pareja -de origen peronista- arrancaron en el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. En medio de la campaña, la Justicia investigó a La Libertad Avanza por venta de candidaturas y el armador fue a declarar.
Las tensiones con Pareja escalaron hace unas semanas luego de que declarara que la secretaría de Integración Socio Urbana “fue la única que funcionó en el Gobierno de Alberto Fernández” y la catalogó como “un ejemplo”. “No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto con un tema tan sensible como organizar una villa de emergencia”, agregó.
Se trata del área que lideró Fernanda Miño, una dirigente ligada a Juan Grabois, y que contaba con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que el Gobierno limitó al 1% de su función mediante un decreto que le daba el poder sobre los fideocomisos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Algunos sectores del Ejecutivo apuntaron contra Pareja argumentando que “quería quedarse con el fondo para hacer caja” y lo acusaron de ir en contra de la discursiva que quería instalar el Gobierno. “Van a aparecerle irregularidades más grandes si sigue de esta forma”, expresó uno de estos.
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