La ponderación de la voz del pueblo en el Proyecto Misionerista garantiza la defensa de los intereses y necesidades de todos los misioneros sin distinción. Finalizado el período de sesiones ordinarias, la alta productividad y calidad legislativa del Parlamento Misionero demuestra el nivel de correspondencia con las necesidades de la sociedad.
(*) Por Nicolás Marchiori
La responsividad en términos políticos hace referencia a la capacidad de responder de un gobierno. A decir de dos grandes referentes de la ciencia política, Hannah Pitkin y Robert Dahl, este concepto se vincula a la capacidad de un gobierno para atender a sus ciudadanos, lisa y llanamente.
Dicho esto, la responsividad se presenta cuando un gobierno es capaz de captar demandas de sus ciudadanos -entendidos tanto como mayorías como grupos minoritarios- y se ofrecen respuestas que abonen a la atención concreta de esas demandas de manera favorable en el menor plazo posible. Cabe destacar, que no se puede restringir el entender a los ciudadanos como mayorías y las demandas a atender no sólo emanan de los procesos electorales. Para estas perspectivas, un gobierno debe poner igual atención a las demandas específicas que surgen de grupos no mayoritarios.
Asimismo, se destaca otro conjunto de estudios que ha tomado la concepción de responsividad como parte de una serie de elementos para explicar un concepto más amplio: el de la calidad de la democracia. Desde esta perspectiva, dice la politóloga mexicana Gabriela Cantú Ramos, la responsividad representa la dimensión de “resultado” al momento de evaluar la calidad de un gobierno democrático: así, si es responsivo entonces estará bien evaluado en la dimensión de resultado en términos de calidad democrática.
En la actualidad, vemos que el conflicto permanente aparece como una característica fácilmente identificable en el escenario de crisis que atraviesa el país. Cuando hablamos de la relación entre conflicto y política es menester recurrir inexorablemente a los pensadores de la corriente deliberativa.
El modelo deliberativo ilustrado desarrollado, entre otros, por el alemán Jürgen Habermas considera que los conflictos políticos -entendidos como toda situación en la que dos o más grupos sociales se enfrentan- pueden resolverse a través de un diálogo argumentativo dirigido a hallar la solución correcta basada en razones. El supuesto fundamental de esta posición es que la mejor forma de resolver los conflictos políticos es a través de un procedimiento deliberativo que, por atenerse a ciertas exigencias formales, se hace acreedor de lo que se denomina “presunción de racionalidad”. Habermas sostiene que existe un núcleo de valores y principios políticos que parecen sustraerse a la discusión, y también la noción de que no podemos determinar racionalmente cuál es la mejor concepción del bien. Por eso se opta por una noción procedimental del razonamiento práctico que se postula equidistante de los diferentes intereses y creencias enfrentadas.
No obstante, la “racionalidad procedimental” se ejercita de modos diversos, según los temas tratados. En la literatura especializada es usual distinguir dos «estilos» deliberación, a los que corresponden otras tantas formas de solución de conflictos: los conflictos sobre valores (morales o éticos) suelen abordarse (al menos prima facie) mediante argumentaciones orientadas al logro de un consenso entre las partes, mientras que los conflictos de intereses se dirimen de ordinario en negociaciones que conducen a la formación de compromisos entre las partes.
Habermas analiza estos dos estilos de debate con algunos argumentos de Elster. Ambos autores identifican tres diferencias entre esos dos estilos de deliberación: 1) la capacidad de neutralización del poder social, 2) el tipo de argumentos que se aducen, y 3) la circunstancia de que los participantes compartan o no las razones que en cada caso conducen a la aceptación del acuerdo. Así, a diferencia de las argumentaciones, en las que se apela a la «coacción sin coacciones del mejor argumento» -en términos de Habermas-, en las negociaciones las relaciones de poder entre los participantes no quedan neutralizadas, sino que se hacen explícitas.
Estas diferencias de «estilo» deliberativo son formales, independientes de los contenidos debatidos en cada caso. Por ejemplo, en una deliberación en torno a valores, sólo cuando resulta imposible convencer al contrario, el «estilo» deliberativo puede desplazarse hacia la negociación. De igual forma, las deliberaciones sobre distribución de beneficios, bienes escasos o cuotas de poder adoptan paradigmáticamente el modo de negociaciones, pero en ciertas circunstancias pueden adoptar la forma de argumentaciones sobre valores.
