El tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, compuesto de manera unipersonal por Mariela Emilce Rojas, condenó a ocho años de prisión a Juan Manuel Maydana por ser autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Como capataz de un campo de eucaliptos de Concordia (finca «La Negrita»), fue hallado responsable de explotar a 13 víctimas en situación de vulnerabilidad, la mayoría de ellos provenientes de la provincia de Misiones.
Es la primera condena dictada por ese tribunal por el delito de trata laboral. El próximo viernes se conocerán los fundamentos, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En el juicio intervino la fiscal general María de los Milagros Squivo, junto con el fiscal auxiliar Francisco José Bernhardt. La investigación estuvo a cargo de la fiscalía de primera instancia de esa ciudad, a cargo de Josefina Minatta.
El acusado engañó al menos a trabajadores oriundos de la provincia de Misiones y se ocupó de su traslado en remis hasta la ciudad de Concordia.
Los trabajadores fueron alojados en el predio rural en condiciones infrahumanas, sin baños ni electricidad, bajo carpas de nailon y sin agua potable, al menos entre julio y agosto de 2021.
El pasado 3 de marzo pasado comenzó el debate oral, donde declararon 23 testigos -entre ellos cuatro víctimas- a lo largo de siete audiencias públicas.
Del debate participaron distintos funcionarios de la fuerza de seguridad que intervino en el allanamiento y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, entre otros.
En ese contexto, la fiscal federal de juicio María de los Milagros Squivo requirió la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para el acusado.
El veredicto del tribunal dio por acreditado que el capataz Maydana incurrió en el delito de trata con fines de explotación laboral al menos entre julio y agosto de 2021 contra por lo menos 13 víctimas.
De ese modo decidió una condena de 8 años de prisión y dispuso la indemnización integral para cada uno de los trabajadores rurales por un monto de 2 millones de pesos y de 1,5 millón de pesos más en concepto de daño material. Además ordenó el decomiso de dos vehículos, de un arma de fuego, de una vaina y de municiones.
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