La investigación sobre el acampe policial en la avenida Uruguay avanza con nuevas indagatorias y pruebas recolectadas. Los imputados ascienden a 19, se incluyen cargos por hurto de vehículos, incumplimiento de deberes y otros delitos. Se investiga también la caravana de patrulleros desde donde dispararon al aire durante la protesta.
René Casals, de la Fiscalía de Instrucción N° 6, encargado de la investigación sobre el acampe de activos y retirados de la policía realizado en la avenida Uruguay durante el mes de mayo, informó que se programaron indagatorias basadas en las pruebas recolectadas en el expediente.
En referencia a la defensa de los imputados, el fiscal sostuvo: “Por ahora han tomado la misma estrategia de abstenerse, hacer uso del derecho de abstenerse a la indagatoria”. Las imputaciones son generales y abarcan diversos delitos, como hurto de vehículos, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, toma del comando radioeléctrico, interrupción de vías de comunicación y medidas judiciales incumplidas. En este sentido, Casals explicó: “Hasta ahora son una imputación general, en cuanto a todos los hechos que han surgido”.
El total de imputados aumentó de 17 a 19, y hoy se citó a “dos personas más que han sustraído motos”. Además, se investiga una falsa denuncia por un robo violento de un móvil policial, corroborado por testigos que afirman la violencia y la facilitación de información sobre la ubicación del vehículo. “Nosotros teníamos 15 denuncias de 18 vehículos. Cuando hacemos el relevamiento había alrededor de 30 vehículos”.
Alrededor de estas discrepancias en datos, la investigación sigue ciertas preguntas: “¿Por qué esos vehículos no se denunciaron? ¿Quién dejó de cumplir su obligación de denunciarlo? ¿Dejaron que pasen las cosas y no hicieron la denuncia? Entonces, también se va a investigar para arriba, porque puede haber gente responsable de esos vehículos que no hicieron la denuncia. Y después tendrán que aclarar si era una cuestión de chofer, si era una cuestión que salió para alguna diligencia y pasó por un rato por el lugar. Hay vehículos que estaban denunciados como robados, que entraban y salían de la acampe como si fueran propios”.
En referencia a la caravana de patrulleros que recorrió el centro de Posadas donde sus ocupantes realizaron disparos al aire en su paso frente a Gobernación, Casals sostuvo: “También esos mismos vehículos fueron utilizados para amedrentar pasando por la plaza principal la 9 de julio. En la tal caravana que pasó en el momento que se amenazaba tomar la jefatura. Se va a determinar después si fueron balas, tiros de incendio, balas de fogueo o cohetes.”
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El delito de sedición y su impacto en la seguridad pública
Por otro lado, uno de los casos más graves es el robo de un camión de bomberos, que ya se clarificó “cómo fue la sustracción de ese vehículo” y que los investigadores ya tiene a los responsables identificados. El vehículo fue desviado hacia el acampe, poniendo en peligro la integridad física de las personas y la seguridad pública. A propósito reveló: “Arrancó con un llamado falso de un incendio, en el cual con ese llamado falso sacan del cuartel de bomberos el vehículo”. Luego de una parada a cargar agua en SAMSA “parte del contingente “se decide sumar a la rebelión”. En este sentido se le pide al chofer para irse, vamos a la Acampe, vamos a la Uruguay, vamos al comando. Y el chofer se niega. Ante esa situación se le ejerció fuerza para conducir el vehículo hacia allá, que puso en peligro la estabilidad de la autobomba, que puso en peligro la integridad física de los que estaban adentro. Y de terceros, porque han intentado ingresar contramano por Trinchera San José, con una autobomba cargada de miles de litros, un vehículo superpesado que si venía un auto liviano y lo embestían hubiera sido más caótica la situación, más peligrosa.
La investigación se basa en pruebas filmográficas y fotográficas, y se continuará recopilando evidencia: “Ahora faltará agregar todos los elementos, pruebas científicas y bueno, hay muchas cosas”.
El fiscal del Juzgado N° 6 de Posadas, hizo mención a un grupo en WhatsApp que convocó a la policía a cesar sus servicios, conscientes de la ilegalidad de sus acciones. Los policías, armados en el acampe, se encontraban en estado de protesta, lo que evitó el uso de la fuerza para desalojar debido al riesgo de enfrentamiento.
Ante esto, el fiscal reconoce el derecho al reclamo, pero sobre la “forma” en que se realizó reflexionó: “Yo creo que esto merece que se llegue a un juicio donde se pueda analizar para que estas conductas así no se repiten”.
René Casals definió el delito de sedición: “Que un grupo armado se exija una concesión de parte del Gobierno mediante el uso de la fuerza o de los ilícitos o cercenar un derecho que tenga el Estado”. De esta manera describió: “Entraron armados, entraron utilizando todos los armamentos de la policía, lo cual era un acto intimidatorio hacia quienes van sin armas a hacer cumplir”. En este punto destacó que la tarea del estado es “defender al funcionario policial que estuvo trabajando, que estuvo cumpliendo”.
En cuanto a las denuncias por abuso sexual que involucran a dos uniformados, Casals afirmó que son cuestiones de índole privada y que los detalles públicos no están disponibles.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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