Amarilla y Palavecino, quienes lideraron la protesta policial en Misiones, irán a indagatoria el 2 de julio

 A casi dos meses del conflicto policial que sacudió a Misiones, la Justicia avanza en la investigación del caso. El fiscal René Casals, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, ha incorporado al expediente todos los testimonios y denuncias relacionados con el levantamiento policial que mantuvo en vilo a la provincia durante varios días en mayo pasado.

La Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas incorporó testimonios y denuncias sobre el levantamiento policial de mayo en Misiones. Se prevén citaciones a indagatoria, incluyendo a los líderes de la protesta, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, para el 2 de julio.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que el fiscal Casals ya cuenta con los elementos necesarios para solicitar las imputaciones correspondientes. Sin embargo, debido a una licencia del juez Ricardo Balor, quien interviene en la causa, los planteos recién llegarían al Juzgado de Instrucción Seis a partir de este jueves.

Entre los principales acusados se encuentran Ramón Amarilla y Germán Palavecino, señalados como líderes de la manifestación, quienes han sido citados a declarar el próximo 2 de julio. La Fiscalía estaría considerando un abanico de posibles delitos para imputar, siendo el más grave el de sedición, con el agravante de haber sido presuntamente cometido por funcionarios públicos armados.

Cabe recordar que el conflicto se desató cuando un grupo de efectivos policiales se acuarteló en la avenida Uruguay de Posadas, exigiendo mejoras salariales. La protesta rápidamente se extendió a otras localidades de la provincia, generando una crisis institucional sin precedentes en Misiones.

El artículo 229 del Código Penal tipifica el delito de sedición, que en este caso particular se aplicaría a quienes se alzaron en armas para «arrancarle alguna medida o concesión» a las autoridades provinciales. De confirmarse esta acusación, los implicados podrían enfrentar penas de 1 a 6 años de prisión.

Mientras tanto, la Fiscalía ha emitido pedidos de informes a la Jefatura de Policía para terminar de esclarecer lo sucedido y determinar quiénes podrían ser los responsables penales del incidente que desató una ola de protestas sociales en toda la provincia.

 

Sedición

La Fiscalía tiene un abanico de hechos delictivos para atribuir. El primero, y más importante, es sedición. El cargo tendría el agravante de que habría sido cometido por funcionarios públicos armados. Este delito tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión.

La sedición está descripta en el artículo 229 del Código Penal. En el hecho puntual ocurrido durante la protesta policial, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzan en armas para “arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. En el caso puntual, un aumento de salario.

En Misiones, el agente no pierde el estado policial en ningún momento. Y esto implica estar armado. De allí se desprende la suposición de que portan sus armas las 24 horas los siete días de la semana.

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