En medio del escándalo por los alimentos retenidos, la Justicia abrió una causa penal por presuntas contrataciones irregulares en Capital Humano

El fiscal Ramiro González abrió este miércoles una causa penal por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano. Surgió a partir de la denuncia que presentó la cartera que encabeza Sandra Pettovello contra el exfuncionario Pablo De la Torre por el uso de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para pagar sueldos de empleados.

Fuentes judiciales que González pidió todos los contratos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia desde el 10 de diciembre hasta ahora para establecer cómo era el pago y quién lo hacía.

En este sentido, el fiscal citó a declarar como testigo para el jueves de la semana que viene al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi.

Según sostiene González el dictamen, “se busca establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”.

La denuncia fue presentada el lunes y asegura que a fines de mayo Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, aseguró que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios contrató personal a través de la OEI. El caso es que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y una parte era para De la Torre. Se sospecha que se trataba de contrataciones falsas para cobrar ese dinero.

“Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez”, afirmó la subsecretaria de Legal de Capital Humano, Leila Gianni, en su declaración como testigo.

En la misma línea, Gianni desligó a Pettovello de las acusaciones: “Ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”. aemás, agregó que quien podía aportar más información sobre los contratos era Schiavi, en su rol de subsecretario de Gestión Administrativa.

Al respecto, el fiscal pidió un listado con todos los empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaria desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, “con detalle de fecha de alta y en su caso de baja, modo de contratación y tareas asignadas”.

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