Despiste fatal en la Costanera | “La abstención de declarar del imputado es una garantía constitucional”, destacó el juez Jiménez

Avanzan la investigaciones por el fatídico accidente ocurrido en la Costanera de Posadas, donde dos alumnos del colegio Santa María perdieron la vida. Esta semana se realizaron importantes diligencias en el expediente judicial.

Esta semana se realizaron importantes diligencias en el expediente judicial, bajo la supervisión del juez César Raúl Jiménez, del Juzgado en lo Correccional y de Menores de Posadas.

El juez Jiménez confirmó que esta semana se llevó a cabo la declaración indagatoria del conductor implicado en el accidente, así como de otros responsables. «Tuvimos llamada de declaración indagatoria, se abstuvieron de declarar el conductor que es hasta ahora el responsable del siniestro, después tuvimos la posibilidad de ver una de las cámaras que envió el 911, en donde empezaba, supuestamente, la presencia de los chicos», explicó Jiménez. A pesar de estos avances, el juez subrayó que aún falta mucho por investigar para esclarecer completamente los hechos: «Obviamente, falta todo el recorrido para saber realmente cómo fue el hecho. Seguimos con los testimonios.»

El conductor, Tomás, sigue imputado en la causa. Sobre su derecho a abstenerse de declarar, el juez señaló: «La abstención de declarar es una garantía constitucional… Es un derecho que le asiste al imputado.»

Las imágenes de las cámaras de seguridad han sido insuficientes hasta el momento. «Está inconcluso. Faltan recorridos, la mayor parte del recorrido,» admitió Jiménez, indicando que se han solicitado más grabaciones para completar el análisis del trayecto del vehículo involucrado.

Los padres de los jóvenes fallecidos, Juan Cruz y Luca, no pudieron asistir a las citaciones debido a su estado emocional crítico. «Presentaron el escrito diciendo que no podían comparecer porque todavía seguían con su estado emocional y ahora volvimos a citarlos,» informó el juez.

El expediente aún tiene pendientes varios testimonios clave, incluyendo los de los dos jóvenes sobrevivientes, que han sido citados para los días 5 y 6 de junio. Según Jiménez, el expediente podría estar listo para su elevación a juicio público a mediados de junio: «Creería, y me arriesgo a decirlo, que para mediados de junio, 20 de junio, ya estaríamos remitiendo el mismo a los efectos de su elevación de la causa.»

La calificación actual del delito es de homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves. Si bien la condena para un adulto sería de 3 a 6 años de prisión, el juez destacó que, dado que el imputado es menor de edad, la ley prevé una reducción de la pena. «La ley 22.278 prevé la posibilidad cierta de reducir la pena de un tercio a la mitad,» explicó.

Un aspecto esencial, es determinar la velocidad del vehículo en el momento del accidente. A pesar de contar con una planimetría, aún falta la pericia accidentológica que podría proporcionar datos esenciales sobre la velocidad. «La velocidad del vehículo… es determinante para tener un elemento más que nos diga cuál fue la velocidad,» afirmó Jiménez.

Finalmente, sobre la posible existencia de impericia o negligencia en la conducción, el juez concluyó: «Las condiciones, las características de este tipo penal son la negligencia, la imprudencia. Obviamente, cuando estamos hablando de una imputación delictiva ya hay una sospecha… Y las condiciones son la impericia, la imprudencia, la negligencia.»

El caso sigue en desarrollo, con múltiples testimonios y pruebas aún por recolectar, mientras la comunidad espera justicia para las víctimas de este trágico suceso.

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