En un contexto de fuerte recesión en el sector de la construcción, el Gobierno y las empresas constructoras se encuentran en plenas negociaciones para establecer mecanismos de financiamiento de obra pública con capitales privados. Esta iniciativa surge ante la necesidad de reactivar proyectos paralizados debido a los recortes presupuestarios del Ministerio de Economía.
En los últimos meses, el Ministerio de Economía trabajó en varias propuestas para atraer financiamiento privado que permita culminar obras en ejecución. La inversión pública en infraestructura sufrió una de las mayores reducciones del presupuesto nacional, impactando gravemente en la actividad y en los puestos de trabajo del sector. El presidente Javier Milei recibió recientemente una propuesta de ley de las cámaras empresariales que busca habilitar a desarrolladores privados a finalizar proyectos que sean rentables y puedan asegurar un retorno de inversión.
El intercambio entre el Poder Ejecutivo y las empresas de construcción fue limitado, aunque la preocupación por el desplome del sector es manifiesta. En una reciente reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), representantes de la construcción, la bolsa de comercio y los bancos discutieron las alternativas propuestas. Una de las principales ideas es que los proyectos iniciados bajo el modelo tradicional de obra pública puedan ser completados por empresas privadas mediante créditos bancarios o fideicomisos en el mercado de capitales.
Un ejecutivo del sector explicó que solo los proyectos con rentabilidad serán atractivos para los privados. «El privado va al banco, consigue crédito y lo termina. Después lo vende y con el ingreso cancela el crédito, repartiendo la diferencia entre el Gobierno y la constructora», detalló.
El sector financiero también tiene un papel crucial en este plan, negociando con el Banco Central para financiar proyectos originalmente sostenidos con fondos públicos. Los fideicomisos emergen como una segunda opción viable, siempre y cuando los contratistas reciban un repago del usuario, lo cual es más aplicable en ciertos tipos de proyectos, como edificios de vivienda.
Desde el Ministerio de Economía, defienden su postura de reducir el gasto en obra pública, argumentando la necesidad de mayor eficiencia en el gasto estatal. «En el esquema de equilibrio fiscal es una prioridad absoluta. Tenemos que ser eficientes y priorizar la seguridad y la atención social», indicaron fuentes ministeriales.
La situación actual del sector es crítica. Según datos del Indec, la actividad de la construcción cayó un 42% interanual en abril, con una reducción del 14,2% respecto al mes anterior. La pérdida de empleos ha sido significativa, con una disminución del 11,6% en un año, equivalente a 52.400 puestos de trabajo.
Las expectativas para el futuro son dispares entre las empresas. Un informe de LCG señala que el 39% de las empresas de obras privadas esperan una caída en la actividad, en contraste con el 64% de las que realizan obras públicas. A pesar de un ligero repunte en abril, la consultora estima una contracción sectorial del 31% debido al freno en la obra pública y el incremento de costos medidos en dólares.
El índice del Grupo Construya muestra una recuperación mensual desestacionalizada del 6,43% en abril, pero con cifras anuales aún negativas, 33,2% por debajo del nivel de abril de 2023.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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