Apoyado en los buenos resultados de las finanzas públicas, el Gobierno decidió revisar la hoja de ruta para recuperar los atrasos que persisten en las tarifas. Cómo influye sobre la inflación.
“El ajuste más grande de la historia de la humanidad” que destaca el presidente Javier Milei encontró un límite en la tolerancia de gran parte de la población con poder de compra de sus ingresos aún muy debilitado por las sucesivas crisis económicas de la última década. Es por eso que, apoyado en el primer superávit fiscal acumulado en cuatro meses en 16 años, el Gobierno comenzó a recalcular su hoja de ruta.
Ese proceso quedó reflejado en el caso de los servicios públicos, en particular la electricidad y el gas natural. Los aumentos de estos últimos cinco meses llevaron las tarifas a los niveles de 2019, luego del “Tarifazo” de los que azuzaba la entonces oposición a Mauricio Macri. La diferencia es que en aquella oportunidad tomó tres años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, está a cargo de darle un nuevo balance al ajuste. Es por eso que por estas horas analiza postergar durante todo el invierno dos decisiones vinculadas a las facturas de energía: una es la indexación mensual de las boletas y la otra es la quita de subsidios que diseña la Secretaría de Energía. En mayo no hubo aumentos en luz, gas, impuesto a los combustibles y colectivos.
Se ordenó además retrotraer la subas “desmedidas” en las cuotas de la medicina prepaga. La intención era “apuntalar la desacelerón de la inflación y evitar cargar con más gastos a la clase media”.
La posibilidad de congelar las boletas de luz y de gas, cuyo consumo se cuadruplica en la época invernal, fue confirmada en la última semana por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.
“Aún no tomamos ninguna determinación todavía, pero puede ocurrir. Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso del ajuste en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello”, explicó el funcionario.
La inflación que informó esta semana el Indec de abril marcó una desaceleración al 8,8% después del 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre tras la devaluación. El acumulado del año sumó 65% y 289,4% en los últimos doce meses.
Sin embargo, el organismo registró un fuerte aumento en el rubro de servicios públicos, que saltaron 35,6% mensual, acumuló 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. En mayo el impacto será menor, ya que solo hubo subas de trenes y subte, con poca incidencia.
Lo cierto es que en estos cinco meses de gobierno de Milei hubo una importante corrección en los precios regulados que la presidencia de Alberto Fernández había “pisado” para evitar un impacto más alto en la inflación.
El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, detalló que el total de los rubros que se consideran regulados (alquiler, tabaco, luz, gas, transporte, entre otros) en diciembre de 2023 se encontraban 37% por debajo de diciembre de 2019 en términos reales. El atraso en esos precios se estimó que se atenuó hasta abril a 18%, después del último ajuste.
“Si se postergan los aumentos, en los próximos meses se va a amesetar la tendencia de corrección de los precios relativos”, dijo a Infobae Vitelli.
Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios de residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) en el primer cuatrimestre se dieron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo 96 por ciento. Eso implicó que se duplicara el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri.
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron desde la consultora de Martín Redrado.
Sin embargo, se estima que aún dos de cada tres usuarios residenciales no pagan ni el 10% del costo pleno de la electricidad, por caso. En el gas los porcentajes rondan entre el 20% y el 30 por ciento. En la generación es donde se concentran los subsidios que paga el Estado.
La desaceleración sostenida en el ritmo de variación del índice de precios minoristas del Indec es un activo que el Gobierno quiere mantener. Esta “prioridad” implica poner en pausa la hoja de ruta del ajuste fiscal tal como estaba prevista.
La aspiración del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de una Canasta Básica Energética (CBE). Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y por ahora no es seguro que se aplique. Incluso se analiza en un esquema distinto para el mediano plazo.
Según pudo reconstruir este medio de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo y Chirillo. La triada mantiene contacto todas las semanas para calibrar la hoja de ruta.
Para el caso del servicio de agua potable y cloacas de Aysa, las tarifas del Área Metropolina de Buenos Aires (AMBA) tendrán una actualización mensual a partir de junio sobre la base de la evolución de los salarios y la inflación. Además, habrá una revisión en agosto, en función del desempeño de la actividad económica y los precios.
El Gobierno no descarta diferir nuevamente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que originalmente se iba a aplicar en mayo y ahora se pasó a junio. En julio está previsto otro incremento, que también se encuentra en revisión. Sucede que la actualización del tributo es trasladado a la nafta y el gasoil en surtidores -de YPF, Shell, Axion y Puma Energy- con efectos de primera y segunda ronda en la inflación. Según como quedó el cronograma el tributo deberá subir 53% en junio y 51,6% en julio.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, anticipó semanas atrás que “posiblemente en los próximos meses tengamos que avanzar en un incremento, lo estamos estudiando, todavía no tenemos una fecha precisa”.
Actualmente el pasaje mínimo se encuentra en $270 en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, ya que el Gobierno decidió no aplicar el mecanismo de actualización por inflación que rige desde febrero. El traslado de esa variación sería del 65% acumulado hasta abril, por lo que el boleto podría saltar a $445,50, aunque la suba definida podría ser menor.
En mayo comenzó a regir el incremento de trenes en el AMBA. Quienes tengan la tarjeta de transporte registrada pasarán de abonar 130 pesos a 200 pesos para la Sección 1, de 169 pesos a 260 pesos para la Sección 2 y de 208 pesos a 320 pesos, para recorridos de más de 24 km. Por lo que el incremento es del 53,85 por ciento. Además, desde este viernes el subte pasó a $574, lo que anticipa un nuevo salto en la tarifa de colectivos.
Fuente: Infobae
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