El Gobierno nacional ajusta el Pacto de Mayo con cambios significativos. Se incluye un compromiso con la educación pública y se descarta la mención a la reforma política.
El gobierno de Javier Milei cedió ante la presión de la Unión Cívica Radical (UCR) y decidió sumar un punto referido a la educación pública en el Pacto de Mayo, que se firmará el 25 de este mes en Córdoba.
Este cambio, que se realizará junto con la quita del apartado sobre reforma política, se dará para contar con el respaldo de los gobernadores radicales.
De acuerdo a fuentes de la Casa Rosada, el gran acuerdo nacional que el oficialismo pretende firmar con los mandatarios provinciales y dirigentes de la oposición dialoguista tendrá dos cambios relevantes en sus diez puntos iniciales: incluirá un «compromiso con la educación pública», que era reclamado por los radicales desde hace varias semanas después de la multitudinaria movilización en defensa de las universidades, y reemplazará el punto nueve, que indicaba la necesidad de tener «una reforma política estructural» para modificar el sistema actual y volver a «alinear los intereses de representantes y representados».
El presidente premiará a los mandatarios provinciales que adhieran a esta nueva plataforma con la entrega de la Orden de Mayo, una condecoración de honor que sólo se entrega a funcionarios extranjeros, pero que el Ejecutivo pretende trasladar a los dirigentes locales a partir de un decreto.
Además, evalúa ofrecer diplomas a los demás líderes políticos, sindicales, judiciales y eclesiásticos que asistan al acto previsto en el Palacio de Justicia de Córdoba.
El Gobierno también mostró cierto pragmatismo político para llevar adelante el Pacto de Mayo y aclaró que la fotografía que pretende montar en esa fecha patria no estará supeditada a lo que suceda en el Congreso con la Ley Ómnibus y el paquete fiscal.
Es por eso que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y encargada de la organización y logística del acto, ya tiene preparado un primer borrador con las invitaciones especiales.
En la lista están las personas que manifestaron de manera pública un respaldo a las reformas del jefe de Estado. Eso implica que no convocarán a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), cuatro de los gobernadores con posturas más opositoras, y tampoco a Cristina Fernández de Kirchner, pese a su condición de ex presidenta.
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