Pese al paro nacional docente, iniciaron las clases en Misiones. La Secretaria General de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Chemes, se refirió a la huelga y se refirió a las siguientes medidas que podrían llevar adelante en los próximos días.
Chemes destacó que la decisión de ir a la medida de acción directa no se toma a la ligera, subrayando la histórica postura del sindicato de priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para garantizar el funcionamiento de las escuelas y los beneficios para los trabajadores. Sin embargo, dijo que en esta ocasión, a pesar de los esfuerzos por mantener un diálogo constructivo, se han visto obligados a tomar esta medida debido a la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades nacionales.
La dirigente sindical lamentó «la falta de respeto hacia los trabajadores» por parte de las autoridades educativas, resaltando la complejidad de los problemas que afectan al sistema educativo. Desde la falta de financiamiento adecuado hasta la carencia de recursos para la infraestructura escolar, pasando por la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la calidad educativa, los desafíos son numerosos y requieren soluciones urgentes.
En cuanto al paro nacional, Chemes señaló que mañana martes será un día crucial en el que se evaluará el futuro de la medida de fuerza. Además, anunció que se llevarán a cabo reuniones con otros sindicatos y se buscará trabajar de manera coordinada para encontrar una salida a la crisis.
Por último, Chemes reiteró la responsabilidad del Gobierno nacional en garantizar una educación de calidad y en respetar los derechos de los trabajadores de la educación. Advirtió que el sindicato no permitirá que se vulneren los derechos de la docencia y que continuará luchando por condiciones dignas de trabajo y una educación pública de calidad para todos.
Mientras tanto, la adhesión al paro presenta fluctuaciones significativas, especialmente en el nivel secundario, donde se registra un alto porcentaje de adhesión, en comparación con la primaria, donde la adhesión es más dispersa.
En este contexto, Chemes destacó la importancia de respetar el derecho constitucional al paro.
Además, se refirió respecto a la posibilidad de que el gobierno nacional logre que se declare a la educación como un servicio esencial, argumentando que la Organización Internacional del Trabajo no incluye a la educación dentro de los servicios esenciales según el Convenio 97.
En consecuencia, dijo que la UDA continuará buscando soluciones a través de denuncias tanto a nivel nacional como internacional por el incumplimiento de convenios internacionales. La incertidumbre persiste en el sector educativo argentino, y los docentes aguardan respuestas por parte de las autoridades nacionales.
Chemes también criticó la situación salarial de los docentes, destacando que el retraso en el pago de los sueldos agrava aún más la precaria situación económica de miles de trabajadores de la educación.
«En un contexto inflacionario como el que estamos viviendo y de devaluación, no se puede cobrar el sueldo de noviembre el 29 de diciembre» sostuvo.
Ante esta situación, la UDA insta a las autoridades a tomar medidas concretas para resolver los problemas que aquejan al sector educativo y garantizar condiciones dignas de trabajo para los docentes. Mientras tanto, el paro nacional se mantendrá vigente hasta que se logren avances significativos en las negociaciones.
UDA evaluará medidas legales
Mirta Chemes, expresó su profunda inquietud ante la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores de la educación, quienes, según ella, están más cerca de la indigencia que de la pobreza.
Chemes destacó la difícil realidad que enfrentan los docentes, quienes, a pesar de sus bajos salarios, deben hacer frente a numerosos gastos, desde el pago de alquileres hasta la compra de insumos para sus clases.
La dirigente sindical subrayó la necesidad de encontrar soluciones urgentes para resolver los problemas del sector educativo. En este sentido, Chemes advirtió que, si no se obtienen respuestas satisfactorias por parte de las autoridades, el sindicato podría iniciar acciones judiciales con respecto al financiamiento educativo.
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