En Santiago ya cuesta $680 y en Tucumán se iría a $690. En Jujuy el valor es de $470 y en Salta, Sáenz advirtió que se iría a $1.000. Reclamo de los funcionarios de Transporte del país.
La decisión del Gobierno nacional de terminar con el Fondo Compensador del Interior que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros, ya impacta en el precio del boleto de ómnibus en las provincias. Desde esta semana, en Santiago del Estero el mínimo cuesta $680, en Tucumán se iría a $690 en los próximos días, mientras que en Salta costará $490 desde el próximo lunes, aunque el gobernador Gustavo Sáez ya advirtió que es insuficiente. En Jujuy se acordó que se irá a $479 el boleto más barato, tras siete días de paro de los choferes de colectivos.
La Casa Rosada adoptó la medida luego del fracaso en el Congreso de la Nación de ley ómnibus. Y según indicaron fuentes oficiales, a partir de ahora las empresas de micros y colectivos de jurisdicción nacional que se desempeñan en las provincias pueden poner el precio que desean a las tarifas para viajar. «Podrán cobrar la tarifa que ellos consideren acorde al recorrido que prestan», señaló la Secretaría de Transporte en un comunicado. Los distritos más afectados son Córdoba y Santa Fe debido a que las ciudades de Rosario y las capitales de ambas provincias reúnen la mayor cantidad de pasajeros, líneas y unidades en sus sistemas de transporte urbano. Igual, abre focos de conflicto en Tucumán, Salta y Mendoza, cuyas capitales también tiene una importante presencia del transporte público. Solo en tierras tucumanas, el sector mueve por día cerca de 600.000 pasajeros.
La suba en Santiago y Salta
El martes de esta semana, sesionaron de manera simultánea los concejos deliberantes de la capital santiagueña y del municipio de La Banda. En nado sincronizado aprobaron un aumento del mínimo a $680, alrededor de un 300%, que regirá desde las próximas horas. Para consuelo de los pasajeros, el empresariado había solicitado que el valor sea de $1.200.
En Salta, el boleto más barato se irá a $490 desde el 4 de marzo. El servicio de ómnibus es prestado en la capital y en los alrededores por SAETA, una sociedad anónima del gobierno provincial, y la suba se había anunciado antes de la quita del subsidio. Por esta razón, el gobernador Gustavo Sáenz indicó esta semana que no se descarta un nuevo incremento en las próximas semanas. «Lamentablemente es un boleto que se nos va a terminar yendo a $1.000, que se lo terminamos trasladando a la gente», señaló durante una entrevista.
El incremento en Tucumán y Jujuy
El Tucumán rige un mínimo de $230 y desde fines de diciembre del año el empresariado pide un reacomodamiento tarifario. «Lo mínimo que podemos pedir es que se vaya a $700, considerando la situación general, pero desde que lo solicitamos los costos no han parado de subir. Debería ser más, eso está claro», sostuvo Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. La semana próxima sesionará el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para debatir sobre esta solicitud pero se descuenta que habrá suba. La decisión en la capital tucumana se traslada de manera inmediata al resto de los 18 municipios.
En Jujuy, tras siete días de paro de los choferes de colectivos de las empresas que prestan servicios en San Salvador, la capital, la medida se levantó este viernes. Se destrabó por el pago de los sueldos adeudados, que se abonó de manera fraccionada, y porque el boleto mínimo cuesta $479, también desde hoy. El incremento debía regir desde el lunes 4 pero se anticipó, luego de un acuerdo entre autoridades del municipio de la capital y los dueños de las empresas de colectivos.
Reclamo nacional
Este jueves se realizó en La Plata la primera reunión del Comité Federal de Transporte (COFETRA), que integran los funcionarios que están a cargo de Transporte en las provincias, y el eje del encuentro fue debatir sobre la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte público.
Tras dos horas de deliberaciones, los funcionarios acordaron firmar un reclamo, que será presentado ante los ministerios de Economía, del Interior y la Secretaría de Transporte de la Nación, cuyos puntos centrales giran en torno a la desaparición de los subsidios. «Esta intempestiva decisión del gobierno nacional, después de haber afirmado públicamente que se terminaría con la inequidad que sufre el interior con respecto al AMBA, en la asignación de recursos nacionales, es la culminación del proceso de deterioro que venimos denunciando», señala el documento.
«El Estado no puede estar ausente en el transporte porque es una variable tan importante como lo es su presencia en la salud, la educación, la Justicia o la seguridad», expresó al final del encuentro Jorge D’Onofrio, responsable de Transporte en Provincia de Buenos Aires. En la reunión del COFETRA se renovaron las autoridades. La presidencia estará a cargo de Marcelo Ferraris, de Salta; Alcira Brizuela, de La Rioja, es la nueva vicepresidencia; mientras que Juan Ignacio Ciancaglini, de Río Negro, fue electo secretario.
FATAP pide igualar a todos
Hace una semana, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), emitió un comunicado en el que reclamó a las autoridades del interior del país una revisión urgente en las tarifas del sector, cuyo mínimo debería ser de $700 en todas las provincias.
«Los usuarios de distintas localidades y provincias, como Rosario, Tucumán, Santa Fe, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Bariloche, Jujuy, Santiago del Estero, San Nicolás, Bahía Blanca, Tierra del Fuego, entre otras, ya han sufrido las consecuencias de la inacción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a pesar de la responsabilidad contractual y social que les cabe en materia de transporte público de pasajeros urbanos», sostuvo el documento que lleva la firma de Gerardo Ingaramo y Gustavo Larrea, presidente y secretario de la entidad que representa al empresariado del interior del país.
El comunicado cerró con una advertencia, si el mínimo no se fija en $700: «FATAP ha recomendado a sus afiliados a no prestar servicios, en la medida en que aquella tarifa no sea analizada, reconocida y aprobada por las autoridades competentes, para evitar que, mientras estas mantienen una actitud abúlica y prescindente, nuestro sector desaparezca definitivamente».
