Transporte: de 10 millones de usuarios solo 133 estuvieron de acuerdo con dejar de ser subsidiados y pagaron el pasaje a $700

A tres días del anuncio de la posibilidad de renunciar a los subsidios al transporte, solo 133 usuarios abonaron la tarifa de $700 para colectivos, sobre un volumen de transacciones SUBE de alrededor de 10 millones. Hasta el momento, no se registró ninguna transacción sin la ayuda del Estado para los viajes en tren.

Los datos surgen del relevamiento diario realizado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y se aplica sobre la totalidad de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su vez, Luciano Fusaro, vicepresidente de la entidad, confirmó que hasta el momento tampoco se han registrado transacciones sin subsidio en trenes.

 

A comienzos de semana el ministro de Transporte, Diego Giuliano, notificó a los pasajeros la posibilidad de renunciar al subsidio que el Estado Nacional invierte en el transporte público. La medida, voluntaria, apunta a aquellos que no quieran continuar abonando una tarifa subsidiada, y sí el costo pleno. De acuerdo al Ministerio, se trata de $700 para colectivo y $1100 para trenes. Según el último relevamiento, solo el 0,0013% de las 10 millones de transacciones fueron realizadas con este criterio.

 

Quienes decidan renunciar al subsidio también perderán el acceso al descuento del Atributo Social Federal y la RED SUBE. El formulario para registrar la baja del subsidio está colgado en la web del Ministerio de Transporte desde el martes. A partir de hoy, también se podrá solicitar pagar la tarifa plena a los conductores de colectivo. En cambio, los pasajeros que deseen continuar viajando con el correspondiente apoyo del Estado, descuentos y atributos sociales, no deberán hacer ningún trámite.

 

La medida generó discusión entre los adeptos a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, o el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya que fueron los apuntados por Giuliano al argumentar la decisión: “Quieren eliminar los subsidios al transporte y tienen que hacerse cargo del impacto que eso genera”.

 

Sus dichos obtuvieron respuesta de estos sectores, al contraargumentar que no tenía sentido la renuncia del subsidio si no se bajaban los impuestos, ubicando al contribuyente en posición de acreedor frente al Estado deudor.

 

Para el economista Nicolás Dvoskin, este reclamo esconde detrás “la idea de que el Estado les debe algo o les roba, y una invisibilización de lo que les da en comunidad, no como un actor separado”. En ese sentido, resaltó: “El Estado brinda cosas que damos por sentado como la seguridad, la educación, una calle con semáforo, plazas de barrio. Pero además, subsidia servicios de muchas formas distintas, como la nafta. Mantener el atraso cambiario, genera un subsidio al combustible. Si se subsidia la energía a la industria, el bien a comprar será más barato. Si se viaja al exterior y se paga al dólar oficial más retenciones, pero alguien piensa que el dólar verdadero es el blue, entonces el Estado te vende dólares más baratos”.

 

Por otro lado, Facundo Budassi, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), plantea que la única manera de reducir indirectamente el salario al trabajador “es aumentando el salario directo que reciben”. Según estimaciones del organismo, en CABA el boleto de colectivo o tren con subsidio pesa un 0,8% en la mediana salarial actual. En cambio, sin subsidio el colectivo pasaría a pesar el 10,3% sobre el mismo ingreso y 16,1% en el caso del tren. “No veo que la política de ajuste brutal que plantea la derecha contemple algún aumento real en los salarios. El sector empresario que más despotrica contra este tipo de ayuda indirecta es quien no sabe que, de quitarla, ese mayor costo que deberán afrontar los empleados se trasladará a demandas que estos mismos empresarios deberán afrontar”, concluye el economista.

 

De todos modos, desde AAETA aclararon que las cámaras de transporte solicitaron a Giuliano mediante una nota el sustento normativo que avale las nuevas tarifas, ya que no está especificado en la Resolución N° 566/2023. De lo contrario, las empresas se exponen a una situación “de contingencias legales por cuestiones ajenas a su voluntad y posibilidad de evitar”. A su vez, reiteran la necesidad de que se produzca “un reconocimiento expreso de la situación sectorial” para evitar “continuidad al proceso de descapitalización, deterioro y aún quebranto”. Fuente: Ambito.

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