El juez César Jiménez aseguró que es lícito que un magistrado tenga un auto en depósito judicial

El juez criticó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de pedir la restitución de los rodados. Dijo que los jueces no tienen vehículos para realizar los procedimientos. Sigue la polémica. El juez Correccional y de Menores 2 de Posadas, César Raúl Jiménez aseguró que es totalmente lícito que un juez o funcionario reciba un vehículo en calidad de depositario judicial. Además, sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia hace una mala interpretación de la Ley 2745 al solicitarle a los jueces que devuelvan todos los autos entregados en depósito judicial. Jiménez reconoció tener un vehículo que le fue cedido por el juez federal de Posadas Ramón Claudio Chávez. «Lo tengo porque no tengo la posibilidad económica de adquirir uno particular. A mi también me llegó el ajuste como a toda la gente», señaló. Con respecto a la acordada del STJ por la cual se le ordena a los jueces restituir esos rodados a la brevedad, indicó que «me parece muy grave la interpretación que hace el STJ porque la Ley 2745 faculta al juez a dar en depósito judicial los vehículos que no han sido reclamados. Son aquellos que no tienen propietario porque llegan a los juzgados como autos abandonados o usados para cometer ilícitos. Es decir que perjuicio no se le ocasiona a nadie, al contrario, porque el juez o el funcionario que lo tiene a su cargo se encarga de su mantenimiento y de abonar un seguro», remarcó Jiménez. En una mala interpretación de la Acordada del STJ, el juez dijo que «es preocupante lo que sostiene el Alto Cuerpo porque se cree que una Acordada es superior a una ley que le faculta al juez de origen. Incluso estamos corriendo el riesgo de invertir el orden constitucional por una interpretación que, a mi juicio, es errónea». Jiménez remarcó que «no hay perjuicio porque no hay propietario ya que cualquier juez antes de entregar el rodado hace la consulta a todos los organismos responsables para ver si tiene denuncia o pedido de captura. Son los famosos autos ‘mellizos’ y el mantenimiento y el seguro están a cargo del funcionario que lo maneja». El juez justificó la tenencia de los rodados «porque no tenemos vehículos oficiales para las diligencias oficiales. Deberíamos hacer un pedido al STJ y eso significa poner un chofer, pagarle viáticos y darle vales de nafta cuando lo que pretendemos es achicar los gastos». Jiménez dijo no saber la cantidad de vehículos que fueron entregados en depósito judicial. Según la interpretación que realizó el magistrado de la Ley 2745, «los bienes deben ser entregados a una institución pública y el Estado lo es». «Lo cierto es que nosotros estamos trabajando con esos vehículos de acuerdo con lo que establece la Ley. Un juez que tiene en depósito judicial un vehículo está conforme a lo que establece la Ley 2745», aseguró Jiménez. POLEMICO PROYECTO Los diputados justicialistas Orlando Gil Navarro y César Raúl Humada presentaron un proyecto para modificar la Ley 2745 por el cual se le permite a todos los organismos públicos acceder a los bienes que están secuestrados a disposición de la Justicia. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Manuel Augusto Márquez Palacios opinó que sería «lamentable, muy lamentable» que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto. Reconoció que «hay muchos jueces que tienen automóviles secuestrados y están haciendo uso de ellos. Esto no puede seguir», aseguró. En ese sentido, Márquez Palacios señaló que «nos dicen que si los dejan depositados en algún lugar se destruyen, pero acá hay una ley que dispone que a los seis meses deben ser rematados, por eso no hay motivos para que sean utilizados de esta forma». DENUNCIA El caso de los autos entregados en depósito judicial fue puesto sobre el tapete por el abogado penalista Miguel Iglesias, quien sostuvo que sólo en Posadas circulan más de 500 vehículos secuestrados por la Justicia y entregados a terceros en depósito judicial. Iglesias, quien es secretario del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste, criticó la falta de control por parte del Superior Tribunal de Justicia y aseguró que «hasta me da temor investigar esto porque está involucrada la clase política, porque muchos de los políticos tienen estos autos». En la justicia provincial los rodados sólo pueden ser entregados en calidad de depósito judicial a la persona que tenga justo título o acredite ser poseedor de buena fe del bien hasta que se establezca con certeza quién es su legítimo propietario. También pueden ser cedidos a instituciones de bien público y sin fines de lucro con la condición, en todos los casos, que se contrate un seguro contra todo riesgo y se lo mantenga en buen estado de conservación y funcionamiento.