La Justicia de Misiones inició a tomar medidas legales tras los 12 días de acampe y protesta policial frente al Comando Radioeléctrico en Posadas. En los próximos días, se iniciarán las indagatorias a 17 policías, tanto retirados como en servicio activo, por presuntos delitos de sedición y robo de vehículos de la fuerza provincial.
René Casals, FM Show
El fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió sobre la gravedad de los hechos ocurridos durante la manifestación. “Tengamos en claro que la acción realizada por los manifestantes es un incumplimiento a los deberes públicos”, declaró Casals, quien además no descartó la posibilidad de que haya más acusados en el futuro.
Los manifestantes, que incluían miembros activos y retirados de las fuerzas de seguridad provinciales, bloquearon la avenida Uruguay utilizando vehículos oficiales, incluyendo patrulleros y un camión de bomberos.
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Este último generó particular controversia, ya que según el fiscal, “se ejerció violencia sobre el conductor del autobomba y el camión pudo haber embestido a alguien porque intentó entrar en contramano por Trincheras de San José para ir al acampe. El llamado hacia los bomberos fue falso y ahí se lo roban”.
Casals también mencionó un caso particular relacionado con el robo de un móvil de la Policía científica: “Hay una particularidad, ese caso se investigará todo porque hay unos informes de que la misma víctima a la cual le sustrajeron el vehículo, estaba informando a la gente del acampe dónde estaba el vehículo”.
Respecto a la naturaleza de la protesta, el fiscal comentó “el reclamo que hicieron es totalmente justo, pero el tema es que la Policía no puede hacer un levantamiento de esa forma que lo hicieron. No está permitido la huelga, ya lo dijo la Corte Suprema. No es un empleo público, no es personal civil”.
Las indagatorias comenzarán este jueves y se extenderán hasta el 8 de julio. Los acusados podrían enfrentar cargos por “sedición” en concurso ideal y real con “robo, hurto, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Casals anticipó que la investigación judicial continuará avanzando, afirmando que “esto recién arranca”. Sin embargo, también mencionó la posibilidad de que el gobierno firme un indulto, lo cual podría extinguir la responsabilidad penal de los implicados.
La sedición está descripta en el artículo 229 del Código Penal. En el hecho puntual ocurrido durante la protesta policial, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzan en armas para “arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. En el caso puntual, un aumento de salario.
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— misionesonline.net (@misionesonline) June 26, 2024
