El ministerio de Sandra Pettovello presentó un recurso ante Casación e insistió en que el Poder Judicial se está entrometiendo en la política. Esta vez no solo apuntó a Casanello sino a la Cámara Federal.
El gobierno brindó al juez federal Sebastián Casanello un informe detallado del plan de distribución de alimentos almacenados y la convocatoria a las provincias para que se encarguen de repartir. Un rato más tarde, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación para que la Cámara Federal de Casación Penal rechace el fallo que confirmó la medida cautelar. Los abogados del Gobierno insistieron en acusar al Poder Judicial de querer entrometerse en la administración.
El informe indicaba que el Ministerio de Capital Humano debe realizar un plan de distribución de alimentos. La cartera que conduce Sandra Pettovello insistió en reclamar que se revoque la decisión judicial que encomendó al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan de distribución en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino.
Este es un nuevo capítulo en la denuncia que Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Al mismo tiempo que se presentó una denuncia en Comodoro Py, también se hicieron presentaciones en el fuero en lo contencioso administrativo. Hace dos meses, el medio El Destape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. En aquel momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
En ese contexto, la fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficialmente, y el juez Casanello dictó el 27 de mayo una cautelar para que le informara un plan para la distribución de los alimentos. Eso fue apelado por el Gobierno. La audiencia ante la Cámara Federal se convirtió en un escándalo que terminó con Grabois y Gianni denunciados por el tribunal.
La Cámara Federal confirmó en duros términos la resolución de Casanello y advirtió al Gobierno que no cumplirlo implicaba una desobediencia. Ante esto, Capital Humano entregó -tras una intimación- a Casanello un programa, pero insistió en defender su criterio. Desde el gobierno mencionaron a la división de poderes y afirmaron que “el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios”
Las críticas no solo apuntaron esta vez a Casanello sino a los jueces de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. “La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos -que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, dijo. Y añadió: “La Cámara, al igual que el instructor, pretende ocupar el rol de la administración”.
Fuente: INFOBAE
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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