El fiscal René Casals ingresó al expediente los testimonios y denuncias sobre la protesta policial en Misiones del pasado mayo. Se esperan las primeras imputaciones esta semana, luego del regreso del juez Ricardo Balor de su licencia.
La Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de René Casals, incorporó al expediente de investigación todos los testimonios y denuncias en torno a la protesta de la Policía de Misiones en el pasado mes de mayo, y pidió informes a la Jefatura de Policía que terminarán de cerrar el panorama de lo ocurrido y, también, de quiénes pueden ser los posibles responsables penales.
Casals debió postergar la elevación de las imputaciones porque el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor, se tomó una licencia que tenía pendiente en medio de la sucesión de feriados nacionales de la semana pasada. Por eso, los planteos llegarían al Juzgado de Instrucción 6 esta semana.
Hasta ahora, el Gobierno de Misiones no forma parte de la causa. La representación corresponde a la Fiscalía de Estado, la que no presentó aún en el expediente.
El acuerdo salarial entre las autoridades y los policías que participaban de la medida de fuerza incluyó una amplia amnistía, pero su alcance está limitado a las sanciones administrativas, mientras que las acciones judiciales continuaron su curso.
Sedición
La Fiscalía tiene un abanico de hechos delictivos para atribuir. El primero, y más importante, es sedición. El cargo tendría el agravante de que habría sido cometido por funcionarios públicos armados. Este delito tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión.
La sedición está descripta en el artículo 229 del Código Penal. En el hecho puntual ocurrido durante la protesta policial, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzan en armas para “arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. En el caso puntual, un aumento de salario.
En Misiones, el agente no pierde el estado policial en ningún momento. Y esto implica estar armado. De allí se desprende la suposición de que portan sus armas las 24 horas los siete días de la semana.
El antecedente de Entre Ríos
La Justicia misionera analiza el antecedente del juicio por la sublevación policial de 2013 en Entre Ríos. Dos años después, 17 uniformados fueron condenados por sedición siguiendo esta línea de razonamiento: toda protesta policial es armada.
El levantamiento de los policías misioneros comenzó el viernes 17 de mayo a la madrugada, después de un par de jornadas con acciones pacíficas que incluyeron el encadenamiento de retirados frente a la Jefatura.
Ese día, la sede del Comando Radioeléctrico en la avenida Uruguay de Posadas fue abordada por agentes fuera de servicio en dos oportunidades. La primera se registró a eso de las 3 de la madrugada, según detalló el jefe del Comando Orlando Neris. Un grupo quiso entrar, pero fueron disuadidos. Dos horas después, otro que usó métodos más violentos, según indica la presentación judicial, logró su objetivo.
Neris indicó que en ese momento fue agredido y sacado a los empujones. La radio del Comando dejó de modular: cesó en la recepción y emisión de órdenes operativas, como lo reconoció la oficial principal Marcia Domínguez durante la primera semana del conflicto. Continuó así hasta, al menos, el miércoles 29.
Durante la madrugada del viernes 17, un gran número de patrulleros fue sacado de servicio y llevado al Comando. Así comenzó un acampe que se extendió sobre la avenida Uruguay y calles laterales. Las denuncias sobre estos hechos incluyen la presencia de personas encapuchadas actuando al resguardo de la noche y emboscadas a móviles que no se habían plegado a la protesta.
En la Justicia llegaron a evaluar que, en el pico de la protesta, hubo 50 patrulleros fuera de servicio en la capital misionera.
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