La Justicia nacional y la provincial avanzan en las investigaciones por los ataques a la Legislatura de Misiones y al Congreso de la Nación

En ambos casos, existe un hilo conductor de conexiones políticas y de acciones y conductas organizada tendientes a iniciar violencia contra las instituciones democráticas. A nivel nacional la organización de los ataques apunta a grupos de izquierda y sectores piqueteros, mientras que a nivel provincial, montados en un reclamo salarial se sumaron actores violentos dirigidos por referentes de Lousteau y de Puerta, claramente identificados en los ataques a la legislatura misionera.

En la Justicia creen que en Misiones hubo un ensayo de incitación a la violencia con el intento de iniciar un cuadro general de desestabilización del gobierno de Milei, bajo la consigna mediática nacional “Arde Misiones” y “Misiones en llamas”, totalmente alejado de la realidad provincial.

La semana pasada la jueza federal María Servini indagó a los 33 detenidos durante los brutales incidentes en el Congreso de la Nación el pasado 12 de junio durante el debate y aprobación de la Ley Bases y dictó la prisión preventiva de 5 de ellos, tal como había reclamado el fiscal Carlos Stornelli.

Servini instó a la ciudadanía a que acerquen al juzgado fotos y filmaciones de la violenta manifestación donde se quemaron un móvil de la radio Cadena 3 y bicicletas, se secuestraron una granada y bombas molotov, lesionaron a 8 efectivos policiales y se provocaron daños materiales valuados en 160 millones de pesos.

Según revelaron fuentes judiciales con acceso a la causa, los detenidos pertenecen a organizaciones políticas de izquierda.

En un requerimiento de instrucción, el fiscal Stornelli solicitó investigar si hubo “un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada tendientes a iniciar violencia contra las instituciones” democráticas e impedir la sesión del Senado.

Hasta el momento, la jueza Servini procesó, ordenó la prisión preventiva y trabó un embargo por $500 mil a Cristian Fernando Valiente a quien le encontraron en su poder una granada FMK 5 del año 2012 producida por Fabricaciones Militares. La imputación fue realizada por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con el de atentado contra la autoridad.

La misma medida tomó contra Patricia Calarco Arredondo a quien le agregó el delito de incendio intencional de bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su mochila encontraron antiparras negras, un libro con la inscripción “satisfacción en la ESMA”, stickers con la consigna “la casa no anda en tren, no al DNU y a la Ley Ómnibus”, un pañuelo verde con la inscripción “aborto legal para no morir” y una botella de Bialcohol. En los considerandos de la resolución judicial, Servini manifestó que Calargo se erigió “en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática con el objeto de perturbar de manera temporal el libre ejercicio de las facultades constitucionales” del Congreso”.

En cuanto a Facundo Ezequiel Gómez, también lo proceso por los mismos delitos tras comprobarse que arrojó piedras contra los policías y luego eludió el vallado en forma violenta y llamó al resto a hacer lo mismo antes de ser detenido.

Mientras que a David Oscar Sica le aplicó el delito de atentado contra la autoridad e intimidación pública por haber pateado y escupido a una mujer policía, provocándole un traumatismo en la pierna izquierda. En el caso de Roberto María de la Cruz Gómez, también quedó procesado con prisión preventiva por intimidación pública por arrojar elementos contundentes a la policía y prender fuego tachos de basura.

Para la jueza Servini, los primeros datos muestran que hubo un “grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de guerra y de fabricación casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”.

Descubren el ardid de los desestabilizadores en Misiones

Mayo no fue un mes más en el calendario en la provincia, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por los reclamos salariales, docentes y policías llevaron adelante una intentona con todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías sediciosos bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la Av. Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas. Los sediciosos robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la Policía Científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.

Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta cometió graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elemenos”, y la acción llevada adelante reunía todos los elementos para la tipificación del delito de sedición.

Consultada sobre el conflicto en Misiones, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera” manifestó. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según la Corte, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.

Existen elementos que vincularían a los cabecillas Amarilla y Palavecino con el puertismo producto de una relación de amistad de vieja data con el ex gobernador de la provincia.

Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Aún resta establecer por la Justicia la cuantía de los daños materiales tras los destrozos.

Posteriormente, a los actos vandálicos que incluyeron repudiables intentos de escraches en los domicilios particulares de referentes del Gobierno Provincial, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al edificio de la Legislatura misionera:

Mónica Gurina, dirigente de la CTA y ex candidata a diputada por el kirchnerismo en Misiones

Estela Genesini

Rubén Ortíz

Carlos Lezcano

Mariana Lescafette

Estos dos últimos también con vínculos con el puertismo.

Llamó la atención la presencia de nombres dentro de la lista de personas sobre las cuales la Justicia dictó la prohibición de acercamiento: Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.

A casi un mes del conflicto desatado en Misiones, las investigaciones permiten dilucidar que se trató de “acciones premeditadas llevadas a cabo con intenciones desestabilizadoras e impulsadas con fines políticos”. Los principales apuntados serían el kirchnerismo local, radicales que responden a Lousteau y el puertismo.

Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y segunda y terceras líneas ligadas a la estructura del Partido Activar de la familia Puerta durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos. Asimismo, se incorporó material a la causa en donde se observa una participación activa del dirigente docente y actual diputado provincial kirchnerista Cristian Castro.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024