Tras el fallo judicial, el Gobierno nacional presentó el plan de reparto de alimentos: se distribuirán en 14 provincias y en escuelas con alumnos de “alto riesgo de vulnerabilidad”

El ministerio de Capital Humano comunicó al juez Casanello cómo repartirá las 5.000 toneladas de alimentos. Gran parte se repartirá en catorce provincias, y el remanente en escuelas con alumnos de "alto riesgo de vulnerabilidad".

Finalmente, el ministerio de Capital Humano presentó al juez federal Sebastián Casanello el plan de distribución de alimentos de los depósitos cuestionados. El 24 de junio concluye el trabajo de entrega de más de 1.500 millones de kilos de leche con fecha cercana de vencimiento, a catorce provincias.

«Pongo en su conocimiento el plan de distribución elaborado para la entrega de los alimentos existentes en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, partido de Vicente López y Tafí Viejo provincia de Tucumán», inicia el oficio que remitió el ministerio que dirige Sandra Pettovello al juzgado federal.

El cronograma se entregó después de que la Cámara de Apelaciones avaló la medida cautelar que exigía la elaboración de un programas de pronta distribución de 5.000 toneladas de alimentos. En esta instancia se detalla la distribución de los alimentos con fecha próxima a vencer y «que se ha dado inicio a la misma a partir del 3 de junio».

El detalle del cronograma informa la entrega de 1.500.445.303 kilos de leche que tienen fecha cercana de vencimiento e incluye catorce provincias: Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, San Juan, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos.

Por otra parte, los alimentos restantes «existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Resulta importante destacar que se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico».

En cuanto a lo requerido por el magistrado respecto a la ejecución de modo inmediato de la entrega de los alimentos, la Subsecretaría Legal del ministerio señaló en el oficio que «se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos».

El plan de entrega de los más de 1.500 millones de kilos de leche concluirá el 24 de junio, según la información proporcionada al juzgado federal. El cumplimiento en la entrega del cronograma se materializó después de la disputa judicial que el ministerio de Capital Humano perdió en Comodoro Py.

El juez Casanello había firmado una resolución en la que requería al Ministerio que, en el plazo de 72 horas (que vencieron el viernes pasado) presentase ante el juzgado un programa de distribución inmediata de los alimentos que se encontraban resguardados en los dos depósitos dependientes de Capital Humano.

Ese criterio fue cuestionado por la Subsecretaría Legal del Ministerio, Leila Gianni, quien había aducido que Casanello se había extralimitado en sus funciones, violando la división de poderes al entender que la política de distribución de comida es una potestad del Gobierno.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, rechazaron este miércoles todos esos argumentos y convalidaron el accionar del juez de primera instancia, dando vigencia a la medida cautelar, resaltando que nunca se ordenó la distribución de los alimentos, sino el diseño de un plan de trabajo que garantice que las personas en extrema vulnerabilidad, tengan acceso a la comida.

En ese contexto, Capital Humano se presentó este jueves ante el juzgado de Casanello informando que buscaría cumplir con la indicación del juzgado en las siguientes 24 horas. Así ocurrió.

Esta causa inició con la denuncia de Juan Grabois sobre la supuesta suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país.

Desde Capital Humano habían consignado que el 60% de la mercadería correspondía a yerba «de mala calidad y comprada bajo un procedimiento sospechoso, denunciado y objeto de una causa penal».

Fuente: Clarín

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