Escándalo por los alimentos retenidos: la fiscalía respaldó al juez Sebastián Casanello y pidió que se rechace la apelación de Sandra Pettovello

El fiscal José Luis Agüero Iturbe sostuvo que el juez Sebastián Casanello no está inmiscuyéndose en las políticas públicas al solicitar un plan de distribución de los alimentos no repartidos. Pidió a Casación que rechace la apelación de Sandra Pettovello.

La Fiscalía respaldó al Juez Sebastián Casanello y solicitó a la Cámara Federal rechazar la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. El magistrado había solicitado que se elaboré un plan de distribución de los alimentos almacenados en depósitos, pedido considerado por esta cartera como una intromisión indebida del Poder Judicial.

«El magistrado no se está atribuyendo facultades propias de la apelante. No se alza el juez en contra del sistema normativo. Es inexistente la invocación de competencias y en consecuencia de este agravio», afirma el dictamen del fiscal José Luis Agüero Iturbe.

La apelación presentada por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, sostiene que el pedido de elaboración de un plan de distribución de alimentos es una intromisión intolerable del Poder Judicial en el Ejecutivo. «Vamos a ir a defender la democracia porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública», afirmó una de las funcionarias de mayor confianza de la ministra Pettovello.

El fiscal Agüero Iturbe no piensa la mismo. Para él «la decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener».

Incluso, para el fiscal el pedido del juez Casanello no se trata de pedir la elaboración de una política pública, sino simplemente hacer cumplir la ya trazada y garantizar, de esta manera, la seguridad alimentaria en nuestro país. «En definitiva, no se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantir el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria, derivado (reitero) de la acreditada actividad en este proceso penal», sostiene Agüero Iturbe.

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