El jefe de Estado juró para el periodo 2024-2029. El rey de España, Felipe VI, y los mandatarios Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), y Santiago Peña (Paraguay), algunos de los líderes presentes.
Nayib Bukele juró para su segundo mandato como presidente de El Salvador. Asumió su segundo período al frente del país. Acto seguido, tomó juramento su vicepresidente, Félix Ulloa.
Uno a uno, los invitados extranjeros fueron llegando al Palacio Nacional para asistir a la ceremonia oficial. Entre otros se fueron sentando en el amplio patio del edificio el rey de España, Felipe VI; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Paraguay, Santiago Peña.
Bukele, un milenial de 42 años que supo trabajar en publicidad, presta juramento luego de conseguir la reelección con un poder casi absoluto y sin oposición política, con el desafío de mantener la seguridad en el país y lograr la prosperidad económica que prometió durante su campaña.
Este expublicista de ascendencia palestina emprende otro mandato de cinco años tras pulverizar a la oposición y obtener un histórico 85% de votos en las elecciones de febrero, donde también ganó una amplia mayoría en el Congreso obteniendo 54 de los 60 escaños.
Muy seguro de sí, Bukele se autodefine como un «dictador cool» para burlarse de quienes lo acusan de autoritarismo y de mantener el poder gracias a magistrados afines que interpretaron la ley para permitir su reelección, pese a estar prohibida en la Constitución.
La guerra contra el crimen
Considerado el presidente más popular de América Latina según la ONG Latinobarómetro, Bukele llegó al poder en 2019 prometiendo doblegar a las pandillas, a las que atribuye 120.000 muertes en tres décadas, más que las 75.000 de la guerra civil (1980-1992).
Según él mismo sostiene, bajo su Gobierno El Salvador pasó de ser el país sin conflicto bélico «más peligroso del mundo» al «más seguro del hemisferio occidental».
Pero para ello, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que instauró en marzo de 2022 y acumula 80.300 presuntos pandilleros detenidos sin que medie orden judicial.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian muertes y torturas, y miles de inocentes entre las 8.000 personas que debieron haber sido liberadas.
Tras arrebatar a las pandillas barrios y calles de casi todo el país, analistas señalan que su reto será la economía, pues la pobreza castiga a casi un tercio de la población.
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— misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2024
FUENTES: Infobae y Clarín.
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