Tras la viralización de efluentes en el río Paraná, señalan la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a la información ambiental

José Luis Fuentes, abogado y docente especializado en Derecho Ambiental, se refirió a la probable contaminación en el río Paraná, tras la viralización de un video que muestra una zona del cauce cubierta de una espuma blanca provocada por líquidos vertidos desde una planta industrial ubicada en el municipio misionero de Puerto Leoni.

José Luis Fuentes- Santa María de las Misiones

“Me enteré por el video, corroboré si era actual, y ante ese escenario, muchas personas hemos tomado contacto por diferentes vías con funcionarios, con personas cercanas a funcionarios”, afirmó Fuentes, destacando la movilización ciudadana frente a la evidencia de efluentes volcados en el río, que a primera vista, serían de manera inadecuada.

El letrado, conocido por su defensa del medio ambiente, reportó el hecho enviando el video y una descripción a Ecología, una iniciatuva que según mencionó también otras personas tomaron. Luego se conoció que Ecología estaba tomando muestras en el lugar.

Sin embargo, la alerta surge porque más tarde trascendió, según las declaraciones de Fuentes, que otras personas ya habrían denunciado y no tuvieron una respuesta.

En este sentido, explicó que el origen del problema se identificó en la planta industrial de Papel Misionero, perteneciente al grupo Arcor, resaltando la importancia de estas industrias, pero también su potencial para causar “daños instantáneos al ambiente, al río Paraná, sobre todo”.

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Respecto a quién debe controlar estos vertidos, el abogado fue claro: “En realidad, la empresa, los desperfectos los tiene que informar sin que nadie se lo pregunte”, apuntó, aunque reconoció que esperarán los informes de Ecología. Otros entes que deberían encargarse de controlar son el Ministerio de Ecología de la provincia y también organismos nacionales vinculados a ambiente e industria, indicó.

A raíz de este caso, el abogado criticó la falta de transparencia y acceso a información sobre la contaminación, a pesar de las leyes y tratados internacionales, como el Tratado de Escazú, diseñados para garantizar estos derechos.

“Falta el acceso a la información pública ambiental, la producción de material para que los ciudadanos estemos informados. Nosotros tenemos audiencias públicas, por ejemplo, para la aprobación de los planes de manejo forestal, pero no nos enteramos”, alegó.

“Me parece que, con sentido crítico, con buena voluntad, con buena fe y con mucha responsabilidad, esas cuestiones pueden ir avanzando”, completó Fuentes.

Sobre la efectividad de las sanciones a grandes empresas por daños ambientales, admitió no tener conocimiento de antecedentes significativos en la provincia. “Tenemos algunos antecedentes fallidos a nivel nacional. La sentencia más importante, en términos ambientales, una de ellas es el fallo Mendoza, que trata la cuestión del riachuelo y ha quedado trunco”, precisó.

Aún así, enfatizó la importancia de la acción y compromiso ciudadano para lograr cambios, concluyendo que depende de la población enfrentar e insistir para resolver estos desafíos ambientales.

“A mí me parece bien desconfiar, a mí me parece bien ir hasta las últimas consecuencias y exigir a las autoridades, a los responsables, a los funcionarios que cobran su sueldo para eso, que nos provean todo, pero también creo que no hay que desesperanzarse, que, como todo en la vida, y sobre todo en el mundo del derecho y los derechos humanos, hay que luchar para que se cumplan”, concluyó.

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— misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023