Javier Milei se vio obligado a realizar concesiones significativas en su proyecto de Ley Ómnibus, retirando incluso el capítulo fiscal, tras enfrentarse a la resistencia de gobernadores y legisladores. Los problemas en el gobierno nacional se amplían, con los desafíos judiciales a otras reformas de Milei y la forzada renuncia del ministro de Infraestructura, en una semana que estuvo además matizada por el paro de la CGT. En tanto, el equilibrio y la disciplina fiscal de Misiones dan autoridad a sus legisladores de Innovación Federal para liderar la defensa de los intereses de los misioneros y las demás provincias ante la pretendida embestida del gobierno nacional.
No estaba en sus planes ni las estrategias que desplegó hasta último momento fueron suficientes para evitar lo que finalmente tuvo que hacer: Milei metió el bisturí a fondo en su proyecto de Ley Ómnibus y profundizó las modificaciones a su proyecto original, yendo mucho más allá del centenar y medio de artículos que ya había cambiado o eliminado, para finalmente terminar de extirpar nada más y nada menos que el capítulo fiscal de su mega iniciativa “reformista”.
Los nuevos (¿y últimos?) cambios introducidos por el oficialismo fueron anunciados por el ministro Luis Caputo en la noche del viernes, cuando el gobierno ya no veía más salida que hacerlos, ante el fuerte planteo de una oposición en la cual los legisladores de Innovación Federal estuvieron a la vanguardia. Fue el manotazo casi de desesperado de Milei y Caputo para evitar lo que se anunciaba como un muy posible sonoro fracaso cuando la Ley Ómnibus fuera tratada en el recinto de sesiones del Congreso. La suma de votos no daba y las amenazas y advertencias para intentar alinear a los legisladores y gobernadores que no estaban por la labor de aprobar todos los artículos no surtieron efecto, y hasta se podría decir que se les volvieron en contra.
Primero fue Caputo, afirmando en un tuit, al día siguiente del dictamen favorable pero con muchas disidencias parciales y reparos a la ley, que su ministerio ya estaba analizando todas las partidas que les recortaría a las provincias si no eran aprobadas las medidas económicas. “El ajuste será mayor”, advertía. Esas afirmaciones recibieron fuertes críticas, e incluso “fuego amigo”, ya que desde Juntos por el Cambio también le salieron al cruce. Pero al día siguiente, se supo que el propio presidente Milei redoblabla la apuesta: “Los voy a dejar sin un peso”, amenazó, refiriéndose a los gobernadores en caso de que no se apruebe la ley. Esta frase también recibió fuertes críticas y réplicas desde las provincias.
A su vez, en una entrevista a un medio de Colombia conocida el viernes pasado pero grabada a inicios de semana, Milei aseguró que no estaba dispuesto a ceder ni negociar absolutamente nada más de la Ley Ómnibus. Otra vez, palabras lanzadas al vacío: el mismo día que se hicieron públicas esas declaraciones, llegó el anuncio de Caputo sobre la eliminación del capitulo fiscal. Así, quedan fuera del proyecto las modificaciones que pretendía Milei en materia de retenciones a las exportaciones, jubilaciones, Impuesto a las Ganancias y blanqueo de capitales, entre otras. El presidente libertario parece haberse enterado de golpe de su debilidad legislativa por su insuficiente representación propia en el Congreso de la Nación, de que la oposición también existe y de que las provincias no están dispuestas a tragarse cualquier sapo en nombre de la gobernabilidad.
Un largo recorrido por delante
En todo este contexto, la Ley Ómnibus emerge como la madre de todas las batallas. Batalla que será larga, con muchos rounds todavía por delante luego de que el oficialismo consiguió el dictamen favorable del plenario de comisiones de la Cámara de Diputado, para su posterior tratamiento en el recinto. Eso que en su momento pudo parecer un triunfo parcial del oficialismo, se vio teñido por haber tenido que introducirle más modificaciones clave.
El capítulo de las retenciones a las exportaciones fue el que más controversia, rechazos y tensiones generó, pese a los cambios iniciales introducidos por el gobierno, excluyendo a 35 economías regionales de ese pago, pero dejando fuera a otras. En el proyecto inicial, el sector de la madera fue incluido entre las economías con retenciones cero, pero bajo la denominación “forestal”, y sin más precisiones, lo que generó incertidumbre sobre a qué productos de la cadena forestoindustrial alcanzaría. Algo similar ocurre con el algodón textil, que figuraba exento del 15%, pero no estaba mencionada la materia prima, lo que también creaba confusión entre los productores. Por su parte, el tabaco iba a ser incluido en la versión final de la ley, tras las gestiones realizadas por los legisladores misioneros de Innovación Federal, mientras que por el contrario las exportaciones avícolas, harina de trigo, pesca, maíz y carnes deberán pagar el 15% de retenciones. Todo esto tuvo un giro con el último bisturí, que quitó el capítulo fiscal.
Es que mientras que algunos gobernadores habían quedado satisfechos con las modificaciones iniciales en el capítulo de retenciones a la agroindustria, varios más seguían gestionando ante el gobierno nacional que avance en más modificaciones, para que el resto de los sectores agropecuarios tampoco paguen el impuesto a las exportaciones. En ese sentido, hasta legisladores más dialoguistas habían advertido que no votarían a favor cuando el proyecto fuese tratado en el recinto de sesiones si no se incluían esas otras modificaciones. Este debate se da tras un año en el que las exportaciones no tuvieron precisamente su mejor momento: las del sector agroindustrial cayeron en 2023 un 34,9%, al totalizar U$S 35.241 millones, lo que representa una baja de U$S 18.869 millones con relación al 2022.
En cuanto a las jubilaciones y pensiones, un tema muy sensible y de amplio alcance, en un principio Milei pretendía que los aumentos fueran por decreto, es decir, que él decidiera cuándo y cuánto aumentarían las jubilaciones. Esa idea quedó, para beneplácito de los jubilados, descartada, y el proyecto de Ley Ómnibus contempló luego que desde abril, los haberes jubilatorios se actualizaran cada mes, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Es decir, las jubilaciones aumentarían a la par de las últimas mediciones de inflación. Esto presentaba sus aspectos cuestionables. Uno de ellos era que hasta abril, los haberes seguirían deteriorándose. Otro cuestionamiento era que cada aumento desde abril tendría un delay respecto a la inflación, ya que ésta se da a conocer casi a mitad de cada mes y la jubilación se abona en los primeros días. Y por último, que si bien las deterioradas jubilaciones aumentarán a la par del IPC, no habrá recomposición alguna, es decir, que no recuperarán nada de todo el poder adquisitivo perdido en los últimos meses. Todo esto quedó también zanjado por ahora, con esa eliminación del capítulo fiscal que deja sin efecto esa modificación jubilatoria.
De esta manera, al menos por el momento, el gobierno de Milei termina debilitado tras esta pulseada con las provincias y la oposición -que el propio presidente planteó-, tras hacer concesiones que no pasaron nunca por su mente, gracias a las gestiones de la oposición, que con la eliminación del capítulo fiscal, logró que la gente no pague aún más un ajuste que ya siente con dureza en carne propia, de la mano de una inflación que reduce casi al mínimo el poder adquisitivo de millones de argentinos y que sigue sin freno.
Crisis en el gabinete nacional y fugas en UxP
Los tira y afloja del oficialismo con las provincias tuvieron a su vez sus consecuencias político-partidarias concretas: tres diputados nacionales que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, abandonaron el bloque de Unión por la Patria, anunciando que votarían a favor de la totalidad de la Ley Ómnibus, incluso antes de que el gobierno retirara del proyecto el capítulo fiscal. Una decisión que así, aparece como algo al menos apresurado por parte de ese grupo de disidentes. Mientras tanto, desde Unión por la Patria afirmaron que pese a los últimos cambios introducidos, la Ley Ómnibus sigue siendo invotable, sobre todo por los poderes excepcionales que otorga al presidente, ya que con eses poderes, Milei podría introducir luego algunas de las reformas que fueron muy cuestionadas y tuvo que excluir de la Ley Ómnibus.
Donde hubo una crisis interna más fuerte fue en el gabinete nacional, con la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a sólo un mes de asumir en ese cargo. Si bien oficialmente se argumentó que Ferraro renuncia por “motivos personales”, la dimisión fue pedida por Milei, tras hacerlo responsable de filtrar información de las reuniones de gabinete. Tras la salida del ministro, el gobierno hará una nueva reestructuración, ya que la cartera de Infraestructura será absorbida por Economía, con lo cual el esquema será de ocho ministerios, tal como había planteado Milei en su campaña electoral.
Más frenos para Milei
Si bien la Ley Ómnibus volvió a centrar el debate en esta última semana, hubo otros desafíos clave que se le presentaron al gobierno de Javier Milei: la judicialización de su mega DNU y el paro nacional concretado el miércoles pasado a instancias de la CGT. Mucho para sólo una semana en pleno enero, pero así están dadas las cosas en el actual vértigo en el que nos metió desde sus inicios esta nueva administración nacional.
Al freno y los cambios a la Ley Ómnibus, que ahora parece sería tratada en el recinto de la Cámara de Diputados este próximo jueves, se suman los que les está poniendo la Justicia a su mega DNU. Otra batalla abierta para las reformas y desregulaciones extremas de Milei.
En cuanto al paro de la CGT del miércoles pasado, hubo luces y sombras. El acatamiento fue de regular para abajo, la convocatoria de la marcha hasta el Congreso fue importante pero también por debajo de las expectativas de los convocantes, aunque no lo reconozcan públicamente, y el mensaje central de que el gobierno nacional “quiere destruir el sindicalismo” no genera una empatía unánime, ante la cuestionada representatividad de los “pesos pesados” del gremialismo. Todo esto tuvo como corolario la desafortunada frase de Pablo Moyano respecto a que “si Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”. Así, y pese a que el paro nacional fue también un primer toque de atención, en el gobierno celebraban ante un sindicalismo en el que crece su descrédito por mérito propio de varios sindicalistas, generando rechazos en gran parte de la sociedad por su discurso violento y que en ocasiones hasta parece jugar a favor de aquello que cuestiona.
Misiones, en posición de autoridad por su disciplina fiscal
Por su parte, Innovación Federal, que es el capítulo nacional de la Renovación Neo, está haciendo escuela de alta política a nivel nacional, liderando el consenso crítico que permitió este primer logro de hacerse entender en el Congreso, logrando que la Nación elimine de la Ley Ómnibus el capítulo fiscal y otros artículos que perjudicaban a la economía de Misiones.
Los legisladores nacionales fueron decisivos en la negociación desde una posición de autoridad, porque Misiones tiene disciplina, austeridad, orden administrativo y superávit fiscal; algo que la Nación nunca logró.
El bloque misionero acompañó el dictamen, pero en disidencia: quiere decir que se le dio el voto para que el proyecto llegue al recinto, pero se anticipó el desacuerdo con varios artículos que no se acompañarían en la votación artículo por artículo, por lo que se tendrían que revisar y modificar. El Gobierno nacional no sólo se comprometió a modificarlos, sino que terminó retirando el capítulo fiscal del dictamen.
La Renovación acompañó en general porque el espíritu del proyecto de Milei busca algo que Misiones consiguió hace 20 años, que es el equilibrio y el superávit fiscal, con la diferencia de que Misiones tiene la autoridad para pararse y mostrar a todo el país cómo se logra sin que sea la gente la que pague el ajuste. Superar el endeudamiento de los años 90 en dólares, brindar servicios de calidad y salud de vanguardia y mantener el superávit fiscal es algo que Misiones está enseñando a la Nación y al resto del país.
El modelo de gestión de la provincia hizo culto a nivel nacional del equilibrio fiscal, incluso con la fuerza de una ley que prohíbe el endeudamiento. En definitiva, Innovación Federal acompañó el espíritu de lograr el equilibrio fiscal, pero mediante una estrategia de alta política logró que se corrijan o quiten los artículos que no ayudaban a la provincia. Los antecedentes demuestran que la provincia siempre tuvo conductas concordantes con los presidentes, nunca puso palos en la rueda al que fuera el más votado por los argentinos, y ahora, con su coherencia, logró equilibrar la negociación para el quórum en el Congreso.
La coherencia que tuvo el misionerismo es lo que le faltó al radicalismo y al puertismo, que siempre criticaron los supuestos superpoderes pero ahora aplaudían y apoyaban que se los otorgue a la Nación, incluso en detrimento de la economía de los misioneros. El comportamiento político de los renovadores incluso fue elogiado desde el Grupo Clarín, haciendo notar la conducta responsable y republicana con el nuevo presidente, permitiéndole gobernar pero sin que toquen los intereses de la provincia.
