(Reuters) - Las industrias mineras en Chile pidió el martes al gobierno actuar para detener una "escalada de delincuencia" que ha afectado a operaciones en el vasto norte del país, mayor productor mundial de cobre.
El llamado de las mineras en Chile, viene tras registrarse la semana pasada el robo de unas 500 onzas de oro en instalaciones de una empresa con un valor equivalente al millón de dólares, lo que se suma a intentos de asaltar camiones con cobre y a un tren que transportaba cátodos, detalló la gremial Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que agrupa al sector.
«Esperamos que los niveles de delincuencia, que han aumentado en el país en los últimos tiempos, no nos afecten directamente a las mineras en Chile y puedan las distintas operaciones mantener su continuidad operacional sin poner en riesgo a sus trabajadores», dijo el presidente de Sonami, Diego Hernández, citado en un comunicado.
«Es clave que la autoridad adopte las medidas necesarias para cautelar la seguridad en las operaciones mineras y el trayecto de los cargamentos de cobre y otros minerales», agregó.
En los últimos meses ha crecido la preocupación por un aumento generalizado de la criminalidad en el norte del país, afectado además por una crisis debido a la migración irregular, lo que incluso ha llevado a autoridades locales a pedir al Ejecutivo que declare estado de emergencia.
El gobierno ha lanzado un plan para aumentar la presencia y vigilancia policial en la región norte, que posee inmensas zonas despobladas por estar enclavada en medio del Desierto de Atacama, el más árido del mundo.
En tanto, las industrias mineras en Chile local han denunciado por años robos de productos como cobre por parte de bandas especializadas y la Policía de Investigaciones (PDI) ha informado sobre diversas operaciones en que se han recuperado varias toneladas del mineral proveniente de ilícitos.
En redes sociales han circulado fotos y videos de desconocidos lanzando planchas de cobre desde trenes en marcha en medio de la desértica zona norte de la nación sudamericana.
Ni la PDI ni la Sonami contaban con estadísticas inmediatamente disponibles sobre los delitos, solicitadas por Reuters.
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