El secretario de Hacienda, Daniel Hassan, insistió en que la ley del blanqueo no cuenta con recursos para ser ejecutada este año. Cuestionó a los poderes judicial y legislativo por no consultar al Ejecutivo
Ley sin recursos. Hassan afirmó que este año no habrá blanqueo.
El Gobierno consideró «terminada» la disputa planteada con los empleados del Poder Judicial por el blanqueo de los adicionales que perciben al advertir que «se hizo el máximo esfuerzo para «para cancelar los aumentos y adicionales del Poder Judicial» con un aporte de recursos de 4.740.000 pesos hasta fin de año.
Así, cuando en el Poder Judicial especulaban con un cambio de postura del Gobierno por la orden que dio el Superior Tribunal de Justicia de liquidar los salarios de los empleados con «el blanqueo» que reclama el gremio, el secretario de Hacienda, Daniel Hassan, reforzó la postura de no ceder un peso más. El argumento, reiterado, es que la ley del blanqueo fue negociada entre el Poder Legislativo y el Judicial sin consultar con el Ejecutivo, «con posterioridad a la sanción de la Ley de Presupuesto General de la Provincia».
La norma dispone gastos no previstos y al no determinar «recursos específicos» para atenderlos como lo establece el articulo 68 de la Constitución Provincial, la transforma automáticamente en una Ley sin recursos. Este fue el argumento principal del veto efectuado oportunamente y las recomendaciones a modo de colaboración dadas por la Secretaria de Hacienda al Poder Judicial para que no se intente forzar su aplicación.
«Hoy vemos con asombro que ante el hecho consumado se intente pedir opiniones al Ejecutivo y que no corresponden hacerlas. Hemos ejercido una acción judicial ante el Superior Tribunal de Justicia planteando un conflicto de Poderes y hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo expresada en el recurso, definitivamente para el Ejecutivo la ley es incompleta, inaplicable e inocua, que solo expresa voluntarismo y no establece recursos de ningún tipo para atender el gasto», explica el secretario de Hacienda.
«Así como el Ejecutivo tiene el deber constitucional de hacer recaudar las rentas, también lo tiene en decretar su inversión y y vamos a garantizar que lleguen a las áreas mas sensibles como la Salud, Educación, Bienestar Social, Seguridad como también al financiamiento de las políticas públicas encaradas por este gobierno que generen agregados de valor y bienestar a todos los misioneros sin excepción, descartándose de plano la generación de privilegios», sostiene Hassan.
Recurrirían a pasantes como recurso para paliar la crisis judicial
