La hipótesis de criminalidad organizada gana fuerza en la investigación de la desaparición de Loan Peña, lo que llevó a los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano a aceptar la competencia del caso.
“Tras cobrar fuerza la hipótesis de criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña”, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, funcionarios a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), aceptaron la competencia para investigar la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el jueves 13 de este mes.
“Debemos señalar que, de las constancias oportunamente acompañadas, habían surgido indicadores que daban cuenta de la necesidad de agotar ciertas vías probatorias y adoptar aquellas medidas que permitan descartar la mayor cantidad de hipótesis criminales posibles. En esa línea, y más allá de la falta de determinación de una concreta hipótesis delictiva federal en el caso, de lo expresado por la jurisdicción declinante resulta innegable que, en el marco de la investigación llevada a cabo, han cobrado fuerza hipótesis relacionadas con la criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña”, sostuvieron los fiscales federales en el dictamen donde aceptan la competencia del caso.
“La declinatoria dispuesta [por la justicia provincial] posibilitará finalmente a esta jurisdicción el acceso a la totalidad de los elementos colectados durante la investigación [de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry], de los que se obtuvo copias parciales hasta la fecha 24 de junio, así como la dirección unificada de los recursos federales que se afectaran a la pesquisa provincial, que ahora se declina; evitando la duplicación y/o superposición y/o entorpecimiento de las respectivas investigaciones; todo lo que permite concluir que la postura que se propicia, en definitiva, es la que mejor se aviene con el criterio indiscutido que, en la solución de cuestiones de competencia, debe atenerse a las exigencias de economía”, sostuvieron De Guzmán, Mángano y Colombo en su dictamen.
En el último punto del documento, los representantes del Ministerio Público explicaron que la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo deberá requerirle a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, conducida por el fiscal Castillo, que remita “las actuaciones y soportes probatorios que se encuentren pendientes de envío y, por otra parte, se disponga la formación de un legajo para unificar y simplificar el procesamiento de la información aportada a través de las denuncias recibidas en las líneas habilitadas a tal fin”.
El expediente y la investigación entrarán ahora en una etapa de análisis exhaustivo y, sobre todo, de confidencialidad. Se hará un repaso de todo lo actuado hasta ahora, se continuará con los rastrillajes para intentar encontrar a Loan y los efectivos del Comando Unificado de Fuerzas Federales revisarán las pruebas existentes y producirán nuevas.
Fuente: La Nación
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