Visión Misionera 2024 | El incierto espacio que separa lo que ya terminó de lo que todavía no empieza

Milei asumió hace veinte días pero Argentina sigue en transición, aunque no está claro hacia qué lugar. El nuevo presidente presentó un DNU y luego un proyecto de ley ómnibus, ambos instrumentos expresan el país que sueña gobernar el libertario. Pero para poder cumplir ese sueño deberá sortear el escrutinio del Congreso y de la Justicia, ámbitos desde los cuales ya se plantearon serios reparos al proyecto de país que impulsa el mandatario.

Mientras tanto (siempre se vive en el mientras tanto) Argentina atraviesa un tiempo sui géneris que podría extenderse muchos meses. Un limbo jurídico, político y económico en el cual rige un decreto que en cualquier momento podría caer (o no), ya sea por objeción del Congreso o de la Justicia. Mientras, permanece bajo análisis de los legisladores la ley ómnibus que de aprobarse, cambiaría de cabo a rabo la forma en que se dan las relaciones entre el Estado, el capital privado y los individuos, pero que también podría no aprobarse, cuyo caso no cambiaría nada, o al menos no por esa vía y habría que barajar y dar de nuevo.

Por añadidura, de aprobarse el DNU, lo que queda de seguridad jurídica en este país se diluiría. Porque se estaría sentando un precedente que habilitaría a cualquier futuro presidente a derogar o modificar leyes a punta de decreto, con lo cual todo lo que escriba Milei durante su mandato podría ser borrado con el codo por su sucesor.

La Argentina que Milei propone a través del decretazo y la ley ómnibus es un país con un presidencialismo mucho más pronunciado que se concretaría a través de una masiva delegación de facultades, lo que llevó a constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay a concluir que si ambos instrumentos llegaran a aprobarse, la suma del poder público quedaría concentrada en una sola persona, lo que significaría lisa y llanamente la abolición de hecho del sistema republicano.

La refundación que pretende el nuevo mandatario responde a una conjetura que caló hondo en el sentido común de un sector mayoritario de la población y que se expresó en las urnas hace poco más de un mes. Esta conjetura supone que el principal problema que tiene Argentina es que su Estado es muy grande, se mete en lugares en los que no debería estar y eso impide el desarrollo de la economía y reduce la calidad de vida de la población.

Milei supo ponerle voz al descontento y a la bronca de mucha gente que se convenció de que el Estado y sus ejecutores (la tan denostada clase política) eran los principales responsables de todas sus carencias. Los desaciertos reiterados del imperdonable gobierno de Alberto y de Cristina lo ayudaron. Eso lo llevó a ganar una elección presidencial a pesar de no contar con una estructura partidaria.

Cientos de miles de trabajadores precarizados que hacen equilibrio entre la pobreza y la indigencia, los que nunca sintieron en carne propia el calor reconfortante de los derechos laborales que a capa y espada defienden los sindicatos, entendieron que con el cambio rotundo que proponía Milei tenían casi nada por perder y mucho por ganar.

Pero al presidente le queda ahora la tarea más difícil. La de llevar a la práctica los resultados que promete la teoría, la de demostrar que con liberalismo puro y duro sí se come, sí se cura y sí se educa. No ya bajo el paraguas de un Estado con espíritu solidario sino como resultado de la acumulación éxitos individuales que ahora sí, sin la pata asfixiante del Estado, serían posibles. La utopía de salir todos juntos porque solo no se salva nadie, fue reemplazada por la idea del esfuerzo personal en la lógica del sálvese quien pueda.

Los leones que Milei vino a despertar ahora están ansiosos por ocupar el lugar que les prometieron, al tope de la cadena alimentaria. La paciencia no abunda y las expectativas no satisfechas podrían convertir rápidamente a la esperanza en desazón y a la desazón en bronca.

Sin el respaldo de una estructura política con capacidad para contener a las bases, el libertario no puede darse el lujo de perder apoyo popular, de otro modo la gobernabilidad le resultará un desafío creciente.

 

San mercado

En el plano de la economía, Milei piensa en un sistema absolutamente desregulado, librado a las lógicas propias del mercado y con un Estado reducido a su mínima expresión. Para un país que viene de un modelo plagado de regulaciones, el cambio no solamente será rotundo, sino también altamente traumático.

Porque el modelo intervencionista de los últimos 20 años generó un desorden de precios que perjudicó a varios sectores de la economía y ahuyentó a potenciales inversores, pero operaba como un dique de contención para precios que resultan estratégicos porque inciden en muchas cadenas de valor (energía y transporte, por ejemplo) o que tienen alto impacto social (alimentos).

A punta de decretazo y ley empaquetada, Milei pretende demoler de un solo martillazo todas las regulaciones. Liberar todos los precios en un contexto de alta inflación, con salarios deprimidos, en una economía estancada y en medio de un severo apretón fiscal, va a redundar en un crecimiento de la pobreza y de la indigencia.

El nuevo Gobierno lo sabe, prevé un incremento de la presión social en las calles y confía en poder contenerla con represión. De allí el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el capítulo de la ley ómnibus dedicado a “seguridad interna” que lleva al paroxismo la idea de Estado policial al determinar que cualquier reunión de tres o más personas que se convoque para llevar adelante una protesta deberá ser informada previamente al ministerio de Seguridad.

La tríada que componen las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo, el DNU y la ley ómnibus, son consistentes con el plan económico de corte liberal ortodoxo con foco en el plano fiscal que pretende llevar adelante el libertario.

El apretón fiscal llega por doble vía: recorte del gasto y aumento de impuestos, en una combinación que exige sacrificios.

Pero el inconveniente que vienen advirtiendo distintos analistas es que el rigor del ajuste no se aplica en forma pareja y hay un claro sesgo en favor de las grandes compañías, que además serán las principales beneficiadas con la desregulación.

En el plano impositivo, volvieron las retenciones para la mayor parte de las economías regionales con una alícuota de 15%, aunque otras producciones quedaron exentas en un ejercicio de discrecionalidad difícil de explicar. En Misiones la yerba mate y el té quedaron exentos, pero a la forestoindustria y al tabaco les tocó volver a pagar para poder exportar.

Para las grandes fortunas se propone blanqueo, moratoria y facilidades para el pago de bienes personales. Para los sectores medios es muy probable que vuelva la cuarta categoría de Ganancias y para los demás se terminará el compre sin IVA.

Para los mega millonarios que radicaron a sus empresas en países con sistemas tributarios laxos y opacos, como Luxemburgo, Milei propone efectivizar los convenios de eliminación de doble tributación, lo que les permitirá pagar menos impuestos en Argentina. Desde el Gobierno entienden que así podrían atraer nuevas inversiones, pero el efecto más inmediato será un beneficio directo para empresas como Techint o Globant que se aplicarán al mismo tiempo en el que se exigen esfuerzos al resto de la población.

La ola desreguladora no llegó hasta Tierra del Fuego, donde un puñado de empresarios (los que Milei llamaba empresaurios) seguirán gozando del esquema de protección que le cuesta al fisco más de mil millones de dólares por año para proteger a una industria ensambladora que no tiene desarrollo de cadena de valor y emplea a unas 8.000 personas.

“Es un derecho adquirido”, ensayó el presidente a modo de excusa cuando le marcaron la inconsistencia en una entrevista. En esta nueva era se mantiene una constante de la política argentina: a los amigos se les respetan los derechos adquiridos.

En el capítulo de ajuste del gasto, la mayor parte del peso también recaerá en las espaldas de las clases medias y bajas. La eliminación de subsidios impactará de manera directa en las tarifas de la energía y el transporte, así como las políticas de desregulación que también provocarán un incremento en los costos de los alimentos. Todo vendrá a sumarse a la inflación de diciembre, recalentada por la devaluación que dispuso Caputo.

El Gobierno apuesta a que la liberación de precios y la derogación de leyes como la de abastecimiento establezcan un contexto más propicio para atraer inversiones orientadas a incrementar la capacidad productiva y que eso termine reacomodando a la baja los precios por arte de la mano invisible del mercado. Aún si esto se produjera, lo que de por sí es una suposición aventurada, los resultados positivos demorarían años en llegar.

A los jubilados también les tocará el frío filo de la tijera. Al igual que lo hizo Alberto, Milei pretende derogar la movilidad jubilatoria, pero a diferencia de lo que hizo el primero, su reforma no estipula aumentos periódicos establecidos por decreto.

 

Entre el cielo y la tierra

El impacto del programa del nuevo presidente en la microeconomía que marca el día a día de la gente fue analizado por la consultora Equilibra, que difundió en los últimos días un paper firmado por el economista Martín Rapetti titulado “Las fuerzas del cielo vs. las de la tierra: ¿un choque en puerta?” en el que ensaya algunas proyecciones preocupantes de cara a la primera parte del año que inicia.

“Para cuando arranquen las clases, la economía habrá vivido un trimestre con una inflación mensual promedio en torno a 25% (un total de casi 100% de inflación en tres meses) y experimentado una caída del poder de compra de los salarios superior al 10% en el segmento formal y todavía mayor en el de los informales. La actividad y el empleo habrán caído también. Es de esperar que para ese entonces —fines de febrero, principios de marzo— el ímpetu desregulador y liberal del gobierno de Milei empiece a tensionar contra las demandas terrenales de la sociedad”, advirtió Rapetti y se preguntó si eventualmente esas tensiones podrán ser toleradas por la sociedad.

“Si en el complejo tránsito que imaginamos hasta la estabilización, el Gobierno cometiera errores no forzados, si la sociedad perdiera la paciencia y retirara el apoyo, o si la oposición, envalentonada por un contexto más propicio a la crítica y al bloqueo, ejerciera su rol de modo más incisivo, los mercados podrían comenzar a dudar respecto a, no a la voluntad, sino a la capacidad del Gobierno de Milei de emprender su proyecto transformador (por no decir “revolucionario”)”, advirtió el economista.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba revela (aún con los recaudos que siempre conviene tener frente a las encuestas) que la imagen positiva de Milei viene cayendo de manera acelerada, tendencia que podría pronunciarse en los próximos meses por la caída esperable del poder adquisitivo de los salarios.

“Desde su asunción Javier Milei perdió más de un punto de imagen positiva por día y hoy tiene un 55% de imagen negativa. Es la pérdida de diferencial positivo más acelerada de la que tengamos registro. Nos atrevemos incluso a decir que probablemente sea la más acelerada en toda la historia de la región. Nunca se vio una caída tan pronunciada en tan corto tiempo”, señala el informe.

Y continúa: “Junto a su imagen personal hemos detectado también un colapso de prácticamente todo su sistema de ideas y sus medidas de gestión. Tanto el DNU desregulador como la Ley Ómnibus, presentada en el Congreso, cosechan niveles importantes de rechazo. Incluso parece empezar a configurarse una mayoría dispuesta a votar en contra de todas las medidas en un potencial plebiscito”.

Un 54% de los encuestados consideró que el país va en una dirección incorrecta y 43% que lo hace en la dirección correcta, mientras que más de 70% de los consultados consideró que el ajuste no lo está pagando “la casta” sino la gente, 56% opina que el DNU es inconstitucional y más de 60% entiende que la ley ómnibus no debería ser aprobada en el Congreso tal como fue enviada por el Ejecutivo.

Fuerza bruta

Las primeras acciones de gobierno de Milei revelan un cálculo de los tiempos de la política que suelen aplicar casi todos los gobiernos pero que esta gestión llevó a un extremo nunca visto.

La historia reciente y la no tan reciente sugiere que el momento de mayor respaldo popular de un gobierno se da al momento de asumir, tiempo que suele equipararse a una luna miel.

El nuevo presidente sabe que el contexto heredado combinado con los efectos de sus propias políticas va a repercutir de forma negativa en su imagen pública en cuestión de meses. Por eso quiere aprovechar este momento.

Pero sus métodos más bien patoteriles lo están alejando de una oposición que en un primer momento parecía dispuesta a garantizarle gobernabilidad pero que ahora ya no está tan convencida.

Milei va a todo o nada y pretende que el Congreso y la Justicia se corran y lo dejen hacer. Envía paquetes cerrados que mezclan lo urgente con lo que amerita debate y transformaciones respecto de las cuales hay una buena base de consenso con otras que son resistidas por grupos más o menos numerosos.

Una reforma política que elimine las PASO, la desregulación de trámites excesivamente burocráticos y costosos, la simplificación del divorcio para casos en los que hay acuerdo de partes, la apertura de los cielos a aerolíneas privadas de otros países, un mayor grado de control y sanción a la protesta callejera y una reforma laboral que reduzca los enormes costos de contratar en blanco, son algunos de los puntos respecto de los cuales hay una buena base de consenso que permitiría avanzar en los carriles del debate democrático.

Pero cuando se pretende imponer una reforma a paquete cerrado que busca romper lo que funciona mal, lo que funciona bien y lo que podría mejorarse; cuando so pretexto de evitar cortes de calle se busca negar el derecho a manifestarse; cuando se propone relajar todas las normas de impacto ambiental para mejorar la ecuación de rentabilidad del capital; cuando se impulsan cambios desde el preconcepto ideológico antes que desde la razón práctica y cuando se apela a la emergencia para reclamar facultades que están vedadas por la Constitución, el rechazo surge como una reacción natural.

En esas condiciones, el trámite legislativo tanto del DNU como de la ley ómnibus es una incógnita. El oficialismo cuenta con el rechazo de la bancada de UP y de la izquierda, pero confía en sumar adhesiones dentro del fragmentado Juntos por el Cambio. Cuando se acerque el tiempo de votar, el Ejecutivo seguramente impondrá a las provincias el rigor del juego de la zanahoria y el garrote para sumar los legisladores que necesite para su causa.

Todos los mandatarios provinciales seguramente encontrarán en la refundación nacional de Milei varios puntos muy difíciles de digerir, pero la necesidad siempre tiene cara de hereje y las cajas provinciales van a sentir el golpe recesivo.

En esas condiciones Argentina deberá resolver en las próximas semanas o meses cuáles serán las nuevas reglas. El Congreso, la Justicia y la calle serán los ámbitos en los que se dirimirán las cuestiones que están en discusión. Lo que está en juego no es solamente la economía, también la calidad institucional de un país que supo ser ejemplo por el funcionamiento de sus instituciones.

Al nuevo Gobierno le toca la responsabilidad de buscar su sueño libertario pero sin darle la espalda a la Constitución ni a los principios de la Democracia, de ello dependerá que Argentina pueda salir de este tiempo de incertidumbre y encarar una nueva etapa. Recién entonces algo nuevo habrá empezado para salir del limbo en el que nos encuentra este fin de año.

 

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