intrusión

El predio de 19 hectáreas en estado de recuperación natural y hábitat de especies protegidas como el mono carayá negro (Alouatta Carayá) y el Chachí bravo (Helechos arborscentes), fue intervenido con maquinaria pesada sin permisos. Desde Ohana Centro de Rescate de Fauna Silveste de la Fundación Dante Piesco, constataron los daños ambientales y advierten: "Es urgente que el sitio se afecte a conservación para evitar daños irreversibles a la biodiversidad".

El Movimiento Agrario Misiones (MAM) denunció este martes un “daño irreparable” en Colonia Alberdi, donde -afirman- fueron derribados más de doscientos árboles nativos de gran porte en lotes de pequeños productores. La organización cuestionó la respuesta del Ministerio de Ecología de la provincia, al que acusa de otorgar permisos en forma irregular y “encubrir” la situación.

Cuatro familias de agricultores y miembros de la comunidad Mbya «El Chapá» viven una «pesadilla» desde hace más de 3 años, ante situaciones de violencia, amenazas, atentados e intentos de presuntos desalojos irregulares promovida por personas que en forma organizada intentan avanzar en la apropiación ilegalmente de las tierras que ocupan los productores desde hace décadas en Colonia Alberdi.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han intensificado los operativos para frenar la ocupación ilegal de tierras y plantaciones de caña de azúcar en la frontera con Bolivia. La Gendarmería ya inspeccionó la zona, mientras las denuncias involucran a un ciudadano boliviano que lidera estas actividades ilícitas.

Francisco García, presidente de Colonizadora Misionera SA, denunció públicamente y ante la Justicia que el avance de la intrusión –personas que invaden ilegalmente en tierras privadas y las ocupan sin autorización-, provocó una grave deforestación en su propiedad en Pozo Azul, en el departamento de San Pedro.

La costa del Río Paraná funcionaría como un puerto clandestino donde diariamente cruzan personas y mercancías de contrabando. Testimonios de propietarios de una reserva privada en el área del Teyú Cuaré confirman esta situación y denuncian la gravedad de la problemática que viven ante los hechos de violencia, intrusión y daños ambientales.

“Es paradójico que alguien que ha sido elegido para legislar, incite a violar leyes y a desconocer sentencias judiciales”, reza parte del comunicado que emitió el Frente integrado por la UCR, el Pro y Activar. “Repudiamos a cualquier intento de alterar el orden público”, afirman.

No entró en detalles sobre la invitación que hizo el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro a cortar rutas, para evitar un desalojo en una propiedad privada en Picada Guaraní. “Nosotros abogamos por mesas interinstitucionales como la que se formó en la zona oriental de la provincia para ir resolviendo cada caso en particular”. Mencionó que la crisis hídrica que sufre la provincia, “es a raíz de una histórica bajante del río Paraná, producto de la falta de lluvia en las altas cuencas”. No obstante, adelantó que, en el caso de Iguazú, “trabajamos para se normalice el servicio en estos días”.

Con actividades que infringen las normativas ambientales vigentes, entre ellas la Ley de Deforestación Cero y la Ley N° 716 de Delitos contra el Medio Ambiente, denunciaron un “concierto de motosierras” ante la invasión de tierras que enfrenta la reserva que está ubicada en los Departamentos Itapuá y Caazapá en la Cordillera San Rafael. Piden la urgente intervención de las autoridades de aplicación de Paraguay. Advierten que “serían 200 familias que pretenden entrar”. 

Todas estas situaciones afectan la seguridad física y jurídica de las personas que trabajan en la empresa Puente Alto SA, provocan un daño ambiental irreversible sobre los bosques nativos en el área y  postergan la oportunidad de llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento privado para un desarrollo local con la comunidad de Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Pozo Azul, graficó por su parte el abogado patrocinante de la empresa que lleva adelante la demanda legal de reivindicación, el Dr. Carlos Kozick.

Habló el apoderado del hombre que fue desalojado de predio que intentó tomar el sábado sobre la vieja Ruta 101, a la altura del Km 33. Juan Carlos Boni fue denunciado por intrusión e “intento de usurpación” por los encargados del INTA San Antonio “Campo Anexo Manuel Belgrano”. El organismo nacional tiene registrada la propiedad desde 1990. Sin embargo, la historia del reclamo de tierras de una familia “pionera” de la localidad parece volver al presente por unas 23 hectáreas que pertenecerían a Boni. Asevera que eran tierras de su abuelo y su padre, antes que tome posesión el organismo nacional a través del ex IFONA. Un conflicto judicial y un histórico reclamo familiar que amenaza un área de investigación forestal y reserva natural.

La preocupación ante el aumento de casos de problemas de intrusión, usurpación de tierras privadas y robos (madera, yerba mate, maquinarias, vehículos, etcétera) se organizaron en una convocatoria abierta para llevar adelante una asamblea pública a realizarse este martes 8 de diciembre a las 19 horas, con el objetivo de “defender nuestras chacras y nuestras familias, en defensa de la propiedad privada y de nuestros derechos”, señalan referentes que participan y comparten la invitación a sumarse a la concentración.

Desde la empresa estiman que alrededor de 340 hectáreas de selva misionera serían las áreas dañadas por el incendio complejo que se enfrentó desde el domingo en los lotes de la familia Harriet en la Reserva de Biosfera Yabotí. En el área continuaron trabajando este viernes, en el séptimo día desde el inicio del fuego, con la situación controlada, pero realizando técnicas de guardia de cenizas ya que al ser árboles de troncos de grandes diámetros -por ser nativos y de madera dura- en su interior siguen encendidas las llamas y hay que asegurar de extinguirlas para que no se reaviven en el sector, a pesar de la lluvias que llegaron este jueves. Para la jornada del sábado se esperan nuevas lluvias en la zona. 

Para el empresario Raúl Bertotto, propietario del Lote 75 y 74 usurpado en Colonia Wanda, cerca de la Ruta Nac. 12 y a 300 metros de las Minas Preciosas de Wanda, se "trata de una toma organizada" y el problema social no cree que pueda solucionarse con el desalojo. "En el lugar hay mucha de la gente que es conocida y tienen casas en Wanda, aunque se sumaron gente de Andresito, Libertad y Esperanza. Usan de escudo a mujeres y niños que trasladan hasta el lugar para que la Justicia no actué sobre ellos, pero tienen ayuda para hacer lo que hacen", aseveró.

La presidenta de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), Carla Seracki, se mostró preocupada por la situación de muchos de sus asociados que están atravesando por la difícil situación de ver sus propiedades ocupadas por intrusos, invitando a una asamblea a realizarse este sábado (07/11) en la rotonda de Leandro N. Alem, invitando a quienes tiene sus propiedades ilegalmente ocupadas a participar.

Ante esta nueva toma de tierras de lotes privados en Colonia Wanda, en proximidad al área turística de las Minas de Piedras Preciosas y a menos de 50 km de Puerto Iguazú, el intendente Felipe Jeleñ, afirmó en diálogo con Radio Libertad que personalmente recorrió el lunes el lugar de la usurpación y constató que había personas realizando “un tremendo trabajo de limpieza, con machetes cortando los árboles, pacíficamente, pero hicieron un daño al lugar. Expliqué a la gente que lo que hacían era ilegal, el derecho a la propiedad privada debe existir, no es correcto ni es la manera de actuar para conseguir una vivienda", dijo.[audio mp3="https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2020/11/Felipe-Jelen-intendente-de-Wanda-RADIO-LIBERTAD.mp3"][/audio]Felipe Jeleñ - Radio Libertad

Es el quinto viernes que un empresario de Wanda debe “salir corriendo” hacia la Policía para denunciar que tomaron tierras en forma ilegal e ingresaron a su propiedad. En esta oportunidad, un Lote (N°74) ubicado a 200 metros sobre Ruta Nac. 12, km 1586, y a 300 metros de las Minas de Piedras Preciosas, al ingreso de la localidad. Es un área que fue un camping décadas atrás y que un empresario local invirtió en la compra del terreno ya que proyectaba un emprendimiento turístico y de conservación de un área de reserva natural.

Por Jaime Ledesma (*)

Con denuncias cruzadas  y momentos de angustia vividas, entre las mujeres y niños de las tres familias afectadas ante la medida judicial que respondió con un desalojo por orden de un juez, el intendente ratificó que “hay que encontrar una solución pacífica al conflicto de tierras. A la Justicia hay que dejarla actuar, pero a mí siempre me van a encontrar del lado de los colonos. El municipio de El Soberbio se comprometió a través de la dirección de tierras municipal, a elaborar una serie de presentaciones, a fin de demostrar en forma fehaciente que algunos de los sindicados como intrusos, ya habitan estas tierras hace varios años”, explicó el jefe comunal. La entrevista fue realizada horas antes de la reunión que se lleva adelante este martes, con la Mesa de Diálogo de la que participan las partes del conflicto.

El desalojo en Colonia Pepirí realizado por orden de la Justicia misionera este fin de semana conmocionó a la localidad de El Soberbio y generó repercusiones políticas. Mientras se intentó instalar que “habrían” sido afectadas los ocupantes históricos del Paraje “Mbiguá”, se trató de un caso judicial de usurpación a la propiedad privada durante la cuarentena. La medida judicial la ordenó el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, que determinó que el ingreso fue en forma ilegal al Lote 8, Sección 4, y resolvió el desalojo de las tres familias. Se habría incumplido con acuerdos que permitieron a la familia Harriet SA recuperar estos terrenos en conflictos en El Soberbio.