indagatorias

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 completó la etapa de indagatorias a imputados en la Causa Cuadernos con las declaraciones de José López, Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. Ahora, 43 testigos, entre ellos periodistas, exfuncionarios y empresarios, brindarán su testimonio en ocho audiencias durante mayo.

Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona comenzarán este lunes a tomar las primeras indagatorias a los dos enfermeros que cuidaron en sus últimas horas de vida al ex astro futbolístico y a su supervisor, tres de los siete imputados por “homicidio simple son dolo eventual”. Se trata de Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisella Madrid y Mariano Ariel Perroni.

José (18) y Augusto A. (26) fueron citados a indagatoria el viernes por el homicidio de Exequiel Aarón Neris (21), tras un ataque ocurrido el domingo de la semana pasada en la chacra 247 de Posadas, luego de la final de la Copa Libertadores que River y Boca disputaron en Madrid. Fuentes judiciales indicaron que ambos se abstuvieron de declarar ante el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor.

El juez de Instrucción Seis de Posadas, Ricardo Balor, indagará a los hermanos detenidos por el homicidio de Exequiel Aarón Neris (21), tras un ataque ocurrido el domingo por la noche en la chacra 247. El menor de los sospechosos, José A. (18), es sindicado como el autor del puntazo letal que acabó con la vida del muchacho. Augusto A. (26), en tanto, habría sido parte de la trifulca previa al ataque.

Edgardo O. y Facundo C. son los acusados. El último es el más comprometido. Se trata del sobrino del fallecido y quien luego del hecho le pidió a un amigo que "guardara" un revólver calibre 22. Sería el arma homicida, pero eso se sabrá cuando se concrete la pericia balística.

María V. (19), la chica sospechada de haber intentado vender su hija recién nacida a una pareja bonaerense, la semana pasada, en el hospital Samic de Oberá, fue dada de alta. Tanto la joven como su beba, nacida el viernes, quedaron bajo el cuidado de la madre de la muchacha. En las próximas horas, los bonaerenses serán indagados por el juez de Instrucción Horacio Alarcón, quien los imputará formalmente de delito de "supresión de identidad en grado de tentativa".

Asistidas por defensores oficiales, primero se les imputó formalmente de los delitos de “supresión de identidad, y de “falsificación de documento público”. Luego llegó el momento de la indagatoria, pero todas prefirieron el silencio. Por el momento, y hasta que se completen una serie de informes, seguirán presas.

Por otra parte, Mariano S. (33) y Herminia M. (32) fueron imputados formalmente por el delito de "homicidio en ocasión de robo", por el asalto en el que estrangularon al jubilado Antonio García (67), entre el lunes y el martes pasado, en la localidad de Puerto Esperanza. El sábado fueron llevados a indagatoria ante el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítes, pero se abstuvieron de declarar.

Por otra parte, Mariano S. (33) y Herminia M. (32) fueron imputados formalmente por el delito de "homicidio en ocasión de robo", por el asalto en el que estrangularon al jubilado Antonio García (67), entre el lunes y el martes pasado, en la localidad de Puerto Esperanza. El sábado fueron llevados a indagatoria ante el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítes, pero se abstuvieron de declarar.

Los acusados negaron conocer la existencia del video en cuestión, aunque reconocieron que las instalaciones que se observan en las imágenes son de la comisaría de Puerto Esperanza. El causa se disparó justamente cuando se viralizó la grabación por las redes sociales. La Jefatura pasó a disponibilidad a los cuatro y la Justicia abrió un expediente.

La prueba del Espectrofotómetro de Absorción Atómica determina cuantitativamente la existencia de los elementos como plomo, bario y antimonio, productos residuales de la deflagración del fulminante, en las manos de una persona que se presume realizó disparos con arma de fuego. Si da positivo, la sospechosa quedará más que complicada. Hasta el momento lo que se tiene en su contra es un test orientativo de parafina, que dio positivo. A las otras personas que estaban con ella les dio negativo.

"Por cuestiones de agenda". Con esta frase explicaron desde el juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú la postergación de la indagatoria de los cuatro policías que se desempeñaban en la comisaría de Puerto Esperanza y fueron desplazados después de que trascendiera el caso de un preso que fue castigado a cintarazos en esa dependencia policial. El trámite se concretará el jueves, de acuerdo con lo que confirmaron los informantes.

La hija del cuidador de la estancia Santa Rita asesinado de un escopetazo el 8 de mayo también se abstuvo de declarar ante el juez de Instrucción Dos de Posadas, César Yaya. De esta manera se completó la ronda de indagatorias y ninguno de los tres imputados habló. Del grupo, están presos la mujer del fallecido y su yerno. La hija fue beneficiada con el arresto domiciliario porque tiene una beba de dos meses y debe atenderla.

Tres de ellos son suboficiales y están apuntados directamente por la cintareada a Daniel Natanael Vera (29), un hombre con múltiples antecedentes delictivos. El cuarto uniformado era el jefe de la repartición. Primero, el grupo será imputado de los delitos de "vejaciones, apremios y abuso de autoridad". Después tendrá la chance de declarar. También los ampara el derecho constitucional de abstenerse.

No fue la única novedad. También declaró la víctima ante el juez de Instrucción de Iguazú, Martín Brítes. Ratificó todo lo que se pudo apreciar en el video que se viralizó por las redes sociales en los últimos días y que motivó el desplazamiento de la cúpula de la comisaría de Puerto Esperanza. Vera, quien tiene un amplio prontuario por delitos en contra de la propiedad, reconoció a los uniformados que lo cintarearon. Dijo que se trata de tres suboficiales, que lo detuvieron en el marco de un robo que lo tenía como sospechoso y la cintareada tenía que ver como una manera de presionar para que él revelara dónde estaba el botín.

Los dos médicos investigados por la muerte de un chico de 6 años en San José fueron citados a indagatoria por el juez de Instrucción Cuatro de Apóstoles, Miguel Ángel Faría. Ambos, un pediatra de Apóstoles, y la otra, una médica de guardia del hospital del pueblo del nene, se abstuvieron de declarar luego de ser imputados del delito de "homicidio culposo". Fuentes judiciales indicaron que un diagnóstico correcto vía ecografía y una intervención quirúrgica hubiera evitado el fatal desenlace.

Esta organización era liderada por un clan familiar con integrantes argentinos, paraguayos y también bolivianos. En ese contexto, se llevaron a cabo de manera simultánea once allanamientos en Misiones y Buenos Aires, donde fueron secuestrados 1.937 kilos de marihuana, dinero en efectivo, siete automóviles y tres camiones.

Uno es un pediatra de Apóstoles, sobre quien caen las sospechas de que hizo un mal diagnóstico. Y la otra es una médica de guardia del hospital de San José, quien ni siquiera habría examinado a fondo al chico. El pequeño tenía apendicitis. Nadie lo detectó a tiempo. Después derivó en una peritonitis y el deceso se produjo por una infección.

Hasta el momento, cuatro efectivos del SPP fueron indagados por el juez de Instrucción Tres de Posadas, Fernando Verón. Todos se abstuvieron. Se sospecha que instigaron a la víctima (Pedro Andrés Cáceres) a que se prendiera fuego y luego no hicieron todo lo necesario para rescatarlo a tiempo.

"Homicidio culposo", "Abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" son las figuras legales que podría utilizar el magistrado en la imputación. Las declaraciones se concretarán desde el lunes próximo. Los guardiacárceles tienen la opción de abstenerse de comparecer. El juez Fernando Verón también pidió un informe sobre el hecho al SPP.