Carlos Rosenkrantz

Desde el jueves 16 de febrero, la comisión de juicio político de la cámara de  Diputados iniciará una nueva etapa en el proceso por mal desempeño contra los miembros de la corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, anunció que presentó un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo fundamentó en los "compromisos políticos y económicos" del magistrado "con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas".

Un grupo de empresas cigarrilleras consiguió pagar menos impuestos gracias a amparos judiciales. La AFIP reclamó ante la justicia con el respaldo de las provincias tabacaleras, de las asociaciones de productores y de las demás fabricantes de cigarrillos. El casó escaló hasta la Corte Suprema que se disponía a fallar. Pero las empresas beneficiadas por los amparos jugaron una carta que podría demorar el trámite: recusaron al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Los amparos ya le costaron al Estado y a los productores misioneros más de 4.200 millones de pesos en los últimos cuatro años.

Las expectativas por un giro en el contenido y el estilo del mensaje respecto a su antecesor no se vieron defraudadas este martes cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, inauguró el año judicial en el Patio de Honor del palacio de la calle Talcahuano. En menos de media hora, el titular del máximo tribunal admitió una "crisis de legitimidad" del Poder Judicial, advirtió que para revertirla es necesario que la tarea de los magistrados pueda ser evaluada, y afirmó que la Corte ya comenzó a hacerlo.