Alberto Penayo

En el encuentro participaron los técnicos de la Secretaria de Equidad en Salud de la Nación y el Subsecretario de Articulación Federal de Salud Dr. José Guiccione, quienes después de dialogar sobre las diferentes problemáticas establecieron tres ejes estratégicos de trabajo a seguir.

Durante los últimos días los vecinos de los barrios Néstor Kirchner, 508 Viviendas y Cerro Pelón se presentaron ante el defensor del pueblo, Alberto Penayo, a fin de solicitar su intervención ante los organismos encargados de regularizar su situación dominial.

La demanda se debe a un incremento acelerado en el valor de las cuotas de las viviendas en las que residen, las cuales -en este contexto- son sumamente difíciles de pagar, según expresaron.

Los problemas más recurrentes en estos sectores tienen que ver con la prestación de los servicios de agua potable y energía eléctrica, según manifestó el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo; motivo por el cual avanzan las reuniones con representantes de diferentes organismos, con el objetivo de llevarles soluciones a los vecinos posadeños.

El acuerdo tiene como objetivo que los alumnos de la carrera de Lengua de Señas puedan realizar sus prácticas profesionales a través de las distintas actividades desplegadas por el organismo estatal.

En enero del 2019 los vecinos del barrio tomaron la avenida costanera a la altura de Chacabuco por un conflicto que se generó por el monto de recupero que requería el Iprodha por las inversiones que son parte de los fondos que el Instituto dispone para fines solidarios, en este marco solicitan la intervención del defensor del pueblo, DDHH y a algunos diputados.

Después de 18 meses de trabajo, desde la Defensoría del Pueblo -en conjunto con varios organismos del Estado provincial y municipal- se completó la instalación de la red de agua potable y los vecinos podrán acceder al servicio como usuarios de Samsa.

En el año 2016 se sancionó una ley de expropiación a favor de los poseedores de las tierras, dando al IPRODHA la facultad de alcanzar una negociación a favor de titulares y poseedores; pero en la misma –según manifestaron los vecinos- no hubo acuerdo y en consecuencia solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Con ese objetivo es que se reunieron los vecinos del lugar y representantes del Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de Posadas. Evento en el que también pudieron analizar las modalidades de interrupción de las conexiones clandestinas al servicio.

Hace aproximadamente un año se realizó la primera prueba piloto del sistema de conectividad y en las próximas jornadas los vecinos podrán observar el despliegue de la obra definitiva, cuyo objetivo radica en garantizar su derecho de acceso al servicio básico.

El grupo de habitantes manifestó ante de Defensoría del Pueblo su necesidad de respaldo por parte de distintos organismos gubernamentales, a los efectos de poder llevar al barrio mejoras en materia de agua, cloacas, saneamiento y luz, entre otras.

En este caso, desde el organismo intentan unir el trabajo de diferentes entidades del Estado para atender el caso de un abuelo que reside en el Barrio Hermoso de la ciudad capital, cuyo estado de vulnerabilidad es crítico.

A través de este Parlamento se pretende visibilizar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los adultos mayores que habitan las distintas residencias de larga estadía de la ciudad, según explicó el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo.

Días atrás se iniciaron los recorridos de estas residencias, a fin de conocer la situación en la que se encuentran y controlar los cuidados que se establecen para evitar la propagación del Covid-19.

Participan en el proyecto las autoridades de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de Misiones, del EPRAC y de la Defensoría del Pueblo de Posadas, con el objetivo de aplicar las experiencias positivas logradas por estos tres organismos mencionados y atender así a las demandas de acceso a redes de agua potable.

Participaron autoridades de la Defensoría del Pueblo de Oberá, Posadas y San Vicente. Los mismos pudieron analizar los procesos que cada entidad lleva adelante y también indagaron en cómo se debería enfrentar y sortear la coyuntura que modificó sustancialmente el funcionamiento de los organismos de estado, debido a la pandemia.

El grupo de representantes se manifestó ante la Defensoría del Pueblo con el objetivo de pedir su intervención para que se desarrolle la conexión de agua en cada domicilio, debido a que las condiciones estarían dadas para ello ya que la instalación de la red de abastecimiento habría culminado antes del inicio de la cuarentena.

En el acuerdo también están involucradas la Procuraduría de la provincia, la Secretaria de Resolución Alternativa de Conflictos y la Secretaria de Delitos Complejos, con el objetivo principal de trabajar posibles soluciones que aborden de una manera integral a las problemáticas manifestadas por los vecinos.

El organismo fue invitado a hacerlo por el área municipal a cargo del proyecto, desde donde pretenden tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de varias entidades vinculadas a los diferentes sectores de la sociedad, lo que les permitiría así repensar la estructura del CP vigente, el cual posee 40 años de antigüedad.