El Instituto Nacional de Semillas citó a la Mesa de Enlace y a las cámaras del sector a un encuentro virtual con la vicesecretaria de la Upov. Buscan saldar dudas técnicas antes de avanzar con el proyecto de ley.
El Gobierno nacional convocó a una reunión virtual con representantes de las entidades agropecuarias, la industria semillera y especialistas para avanzar en uno de los debates más relevantes para el sector: la eventual adhesión de Argentina al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91). El encuentro, previsto para este miércoles, buscará despejar dudas técnicas antes de avanzar con el proyecto que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso.
La convocatoria fue realizada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, y contará con la participación de Yolanda Huerta, vicesecretaria general de la Upov, quien brindará una exposición sobre los principales alcances del convenio internacional y responderá consultas de los distintos actores de la cadena agroindustrial.
Según trascendió, el objetivo del Gobierno es dar por concluida la etapa de consultas técnicas para que productores, entidades rurales, empresas semilleras, obtentores e instituciones vinculadas al sector cuenten con la misma información antes de que comiencen las definiciones políticas sobre el proyecto.
Uno de los principales puntos que continúa generando diferencias entre las partes es el denominado uso propio de las semillas autógamas, como la soja y el trigo. Mientras la normativa vigente bajo el Acta de 1978 permite de manera implícita que los productores conserven parte de su cosecha para volver a sembrarla, el Acta de 1991 deja esa excepción a criterio de cada país, lo que obliga a definir cómo quedará regulada en la legislación argentina.
En paralelo a la reunión técnica, representantes de las entidades rurales y de la industria semillera mantienen negociaciones para alcanzar una propuesta consensuada sobre este aspecto. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de establecer excepciones para determinados productores en función de la superficie sembrada u otros indicadores productivos.
La exposición de Huerta también abordará otros cambios que introduce la Upov-91, como la protección de las variedades esencialmente derivadas, la ampliación de los derechos de los obtentores y el alcance de la protección sobre el material cosechado, aspectos considerados centrales por la industria para fortalecer la inversión en investigación y mejoramiento genético.
Desde el Ejecutivo sostienen que la intención es que, una vez finalizada esta instancia, el debate deje de centrarse en cuestiones técnicas y avance hacia la búsqueda de acuerdos políticos. En ese sentido, fuentes vinculadas al proceso señalaron que el objetivo es que todos los sectores puedan expresar su posición con pleno conocimiento de los alcances del convenio.
Argentina integra actualmente la Upov bajo el Acta de 1978 y analiza desde hace más de un año la posibilidad de adherir a la versión de 1991, una decisión que también forma parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
Si bien el presidente del Inase, Martín Famulari, había adelantado semanas atrás que el proyecto será enviado al Congreso antes de fines de 2027, el Gobierno mantiene como prioridad alcanzar el mayor consenso posible entre productores y empresas semilleras antes de impulsar la reforma de la Ley de Semillas, una iniciativa que podría redefinir el régimen de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales en la Argentina.
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