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La derogación de la Ley de Alquileres a través del DNU 70/2023 modificó de manera significativa el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo afirmó el empresario Armando Pepe, quien señaló que la cantidad de viviendas disponibles para alquiler creció de forma exponencial: pasó de unas 355 propiedades a fines de diciembre de 2023 a más de 15.700 en la actualidad.
Durante una entrevista con radio Splendid AM 990, el expresidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) analizó el escenario actual del sector, se refirió a la evolución de la compraventa de inmuebles, la rentabilidad de los alquileres, el desempeño de los créditos hipotecarios y cuestionó las iniciativas oficiales vinculadas a la desregulación de la actividad.
Pepe consideró que el mercado de propiedades usadas representa hoy una oportunidad para quienes buscan invertir. Explicó que estos inmuebles se comercializan con valores de hasta un 30% inferiores respecto de las unidades nuevas o en construcción.
A su vez, remarcó que el incremento de los costos de edificación, que rondan los 1.750 dólares por metro cuadrado solo en obra, sumado al valor de los terrenos y al financiamiento, elevó el precio final de los desarrollos y frenó el lanzamiento de nuevos emprendimientos.
En cuanto a los alquileres, indicó que la rentabilidad anual para los propietarios se ubica alrededor del 5,8% en dólares, una vez descontados los impuestos. Según precisó, los departamentos de dos y tres ambientes concentran la mayor demanda.
Respecto de los contratos, explicó que el mercado se estabilizó con acuerdos de 24 meses y ajustes cada tres o cuatro meses, generalmente vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL).
Menor impulso para los créditos hipotecarios
El empresario también se refirió al financiamiento para la compra de viviendas y sostuvo que el repunte registrado desde mediados de 2024 comenzó a perder fuerza durante la segunda mitad de 2025.
Atribuyó esta desaceleración al endurecimiento de las condiciones impuestas por los bancos y al incremento de las tasas de interés. Recordó que las primeras líneas de créditos UVA ofrecían tasas adicionales de entre el 4,5% y el 7%, mientras que actualmente las entidades financieras trabajan con valores que oscilan entre el 6,5% y el 7,5%, además del ajuste por UVA.
En ese contexto, sostuvo que una reducción de las tasas y requisitos más flexibles serían claves para recuperar el acceso al crédito hipotecario.
En otro tramo de la entrevista, Pepe expresó su rechazo a la propuesta del Ministerio de Desregulación que busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional para ejercer el corretaje inmobiliario.
El dirigente advirtió que esa medida implicaría un retroceso en la profesionalización de la actividad y aseguró que la formación universitaria y la matriculación constituyen garantías para quienes realizan operaciones inmobiliarias.
Además, cuestionó el funcionamiento de algunas franquicias internacionales que operan en el país. Según explicó, estos esquemas utilizan la matrícula de un único corredor para respaldar el trabajo de numerosos agentes, situación que, afirmó, es objeto de distintas acciones judiciales impulsadas por colegios profesionales de todo el país.
