Fuerte rechazo global de productores y gobiernos a los nuevos aranceles que impuso Donald Trump

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La decisión de aplicar gravámenes de hasta el 12,5% bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso desató una ola de reclamos internacionales. Los exportadores advierten sobre la pérdida de competitividad y el avance del proteccionismo estadounidense.

El sector exportador y los gobiernos de más de 80 países, incluida la Argentina, manifestaron su rechazo tras la entrada en vigencia de los nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% aplicados por la administración de Donald Trump. La medida de la Casa Blanca, que se justificó bajo la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso en los países afectados, generó una inmediata reacción de los representantes productivos globales, quienes acusaron a Washington de utilizar argumentos humanitarios para encubrir políticas proteccionistas.

Los productores de la región sintieron el impacto de manera directa. Desde el sector agropecuario chileno, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que la medida afecta la competitividad y genera incertidumbre para productores y trabajadores. En Brasil, la situación es todavía más compleja debido a la acumulación de tasas. La Cámara Americana de Comercio para Brasil estimó que la carga total sobre las exportaciones de ese país llegará al 37,5% luego de sufrir dos aumentos arancelarios en menos de una semana.

Ante este escenario, la diplomacia de los países afectados salió al cruce de las acusaciones de la gestión estadounidense. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue categórico al señalar que Washington “optó por manipular un tema tan importante” ante la falta de fundamentos legales internos para justificar la suba de aranceles. Por su parte, la Cancillería de Chile defendió la “sólida institucionalidad laboral” de su país y consideró que la sanción no se condice con los antecedentes técnicos presentados.

Reclamos por el respeto a los acuerdos vigentes

En el continente asiático y en Oceanía, los representantes gubernamentales exigieron que se respeten los tratados comerciales bilaterales preexistentes. El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, calificó la decisión de “lamentable” y recordó que la industria nipona cumple con las normas internacionales. En esa línea, el funcionario remarcó el valor de las inversiones de su país en territorio norteamericano a cambio de reglas claras.

Por su parte, el ministro de Comercio australiano, Don Farrell, reclamó la eliminación de las tarifas y sostuvo que son “injustificados” y “incompatibles” con el acuerdo de libre comercio vigente entre ambas naciones. El funcionario defendió el trabajo de los productores locales y destacó que Australia cuenta con “algunas de las medidas más sólidas del mundo” para combatir la esclavitud moderna.

El malestar también se replicó en Nueva Zelanda, donde el primer ministro Christopher Luxon rechazó la medida y cuestionó la falta de pruebas sobre las supuestas infracciones laborales. Luxon utilizó sus canales oficiales para marcar una postura firme ante el proteccionismo de la Casa Blanca:

“Los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas”.

En tanto, los industriales del sudeste asiático expresaron su preocupación por las consecuencias en la cadena de valor. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas, George Barcelon, consideró que la medida hará menos competitivas a las industrias y calificó de “muy poco claros” los argumentos sobre trabajo infantil que esgrimió el gobierno estadounidense para justificar la barrera arancelaria.

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