El Gobierno nacional define los últimos detalles de la Ley de Propiedad Privada y confían en lograr la media sanción los primeros días de agosto: “Creemos que va a salir”

Tras más de 15 versiones del proyecto y tres postergaciones en su tratamiento, el Gobierno nacional decidió introducir únicamente modificaciones de redacción a la Ley de Propiedad Privada y ratificó el texto consensuado con los bloques aliados. La intención oficial es obtener la media sanción en la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvieron este jueves una reunión a puertas cerradas en la Cámara alta para ultimar los detalles del proyecto de Ley de Propiedad Privada.

El encuentro se desarrolló entre las 16 y las 17.40 y tuvo como objetivo principal garantizar que la iniciativa avance finalmente en la sesión convocada para el próximo 6 de agosto, luego de los numerosos traspiés que sufrió debido a las diferencias con los bloques aliados.

Uno de los puntos que mayores cuestionamientos había generado era el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales, mediante el cual el Gobierno propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Sin embargo, finalmente el Ejecutivo resolvió no introducir cambios sustanciales y avanzar con el dictamen que ya había sido consensuado en las comisiones junto a los bloques aliados.

“Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, señaló una fuente al tanto de la reunión. En la misma línea, otra figura del oficialismo aseguró: “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”.

Al retirarse del Senado, Bullrich expresó su confianza en que el oficialismo logrará avanzar con la iniciativa y destacó el trabajo conjunto realizado durante su elaboración.

“Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, afirmó.

La legisladora también remarcó que el proyecto mantiene como principio que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y sostuvo que “la soberanía está absolutamente resguardada”.

No obstante, descartó que el texto final incorpore restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, al considerar que la Constitución Nacional les reconoce los mismos derechos y obligaciones que a los argentinos.

“Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, subrayó.

Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a Bullrich a solicitar un cuarto intermedio durante la sesión en la que estaba previsto debatir el proyecto, con el objetivo de abrir una nueva instancia de negociación con los distintos bloques.

En ese marco, y teniendo en cuenta los planteos formulados por los legisladores, Bullrich y Sturzenegger buscaron cerrar un texto definitivo luego de al menos 15 versiones del proyecto y tres postergaciones en su tratamiento, con la intención de evitar nuevas modificaciones o demoras durante el debate en el recinto.

De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, quienes presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

La discusión sobre la Ley de Tierras

La Ley de Tierras Rurales actualmente vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea una persona física o una sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, determina que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente territorial.

El proyecto impulsado por el Gobierno elimina esas restricciones y únicamente mantiene un límite específico para los Estados extranjeros, así como para los organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras.

No obstante, el texto contempla excepciones cuando el Poder Ejecutivo determine que una operación no representa riesgos para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.

Otro de los ejes del debate gira en torno al rol de las provincias. El dictamen aprobado en el Senado otorga a los gobernadores la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de tierras a extranjeros dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Sin embargo, antes de su tratamiento definitivo aún persistían objeciones respecto de si debe establecerse algún límite específico y si esa competencia será delegada íntegramente a las provincias o si el Estado nacional conservará el control sobre aquellas áreas consideradas estratégicas.