El debate por la alimentación saludable volvió al centro de la escena política y económica. Los productores de alimentos y los profesionales de la nutrición siguen de cerca el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ingresó al Congreso para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como de Etiquetado Frontal. La iniciativa oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, comenzará su debate en el Senado bajo el argumento de que el sistema actual presenta severas limitaciones técnicas y económicas.
Los representantes del sector industrial nucleados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) respaldaron la medida y señalaron que el esquema de advertencias vigente no cumple con su propósito de educar al consumidor. La presidenta de la entidad, Carla Martín Bonito, explicó los motivos del rechazo al modelo actual: “La propuesta de derogación del Ejecutivo es una respuesta a una ley que no cumplió con los objetivos de modificar hábitos de consumo en la población”. Según la dirigente empresaria, el hecho de que casi la totalidad de los productos en góndola lleven sellos anula la utilidad de la herramienta porque “el sistema perdió toda capacidad de diferenciar productos y no da incentivos a modificar fórmulas”.
El impacto económico y la brecha con los socios del Mercosur
Los directivos de las principales empresas alimenticias advierten que la falta de un criterio unificado en la región genera sobrecostos logísticos insostenibles. Para las firmas exportadoras, el costo de operar con normativas descoordinadas dentro del bloque regional puede triplicarse en comparación con un sistema unificado, un factor clave si se tiene en cuenta que Brasil representa el segundo destino de las ventas externas del sector. Frente a este escenario, la postura de la industria apunta a unificar criterios con los países vecinos.
Martín Bonito detalló cuál es el camino que prefiere transitar el sector productivo: “Hay un amplio consenso en torno al fracaso del sistema actual. La mejor alternativa es ir hacia un sistema común para el Mercosur al igual que ocurre con toda la información nutricional”. Para la titular de Copal, la salida ideal consiste en replicar los lineamientos regulatorios del principal socio comercial de la Argentina: “Sería ideal que se tomen los aspectos del sistema brasileño, ya que es el que tiene la mayor capacidad informativa”.
Por su parte, los profesionales de la salud y tecnólogos alimentarios coinciden en que el sistema requiere cambios urgentes, aunque discrepan sobre la necesidad de una derogación total. La ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Mónica Katz, cuestionó la metodología utilizada para medir los nutrientes críticos y graficó el problema que genera la acumulación de advertencias en los envases: “Cuando todo es negro, nada es negro. Si todo es negro no se puede comunicar lo bueno y se demonizan a muchos alimentos”.
La especialista insistió en la necesidad de modificar el cálculo técnico para evitar distorsiones que confunden a la población en el mostrador. Katz fue categórica al proponer una reforma profunda de la normativa:
“Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura”.
En la misma línea se expresó Sergio Britos, profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA) y especialista en políticas alimentarias, quien defendió la utilidad del etiquetado pero cuestionó el sesgo de la norma actual. Para el docente, el diseño original buscó penalizar de manera excesiva a los productos procesados sin ofrecer alternativas claras de distinción para el consumidor: “Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva, pero no debería caerse por completo”.
La defensa de los profesionales del sector público
En la vereda opuesta, los nutricionistas que desempeñan sus tareas en el ámbito de la salud pública y la educación comunitaria rechazan cualquier intento de dar marcha atrás con la legislación. Desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) advierten que la eliminación de los octógonos representa un grave retroceso en materia de derechos adquiridos y protección sanitaria, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
La presidenta de Fagran, Yanina Rodríguez, defendió la continuidad de la norma sin modificaciones y remarcó la importancia de sostener los estándares vigentes: “Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos”. Según la licenciada, flexibilizar las exigencias implicaría desproteger a los consumidores frente a la oferta de productos ultraprocesados en un contexto de altos índices de sobrepeso infantil en el país.
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